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MEDIOAMBIENTE

La gran chapuza

La gran chapuza

Desde los noventa se fomentó el uso de desaladoras privadas que vertían salmuera contaminada con nitratos al Mar Menor. Se diseñó una canalización pública para el vertido pero se dejó a medias. Un listado con cientos de pozos y desaladoras estuvo durante años en un cajón. La Guardia Civil sigue descubriendo instalaciones cada vez más ocultas.

Desde los noventa se fomentó el uso de desaladoras privadas que vertían salmuera contaminada con nitratos al Mar Menor. La Guardia Civil sigue descubriendo instalaciones.

Por Antonio Delgado y Ana Tudela

OCTUBRE 2019

Imagen de la operación Chandos realizada por la Guardia Civil el 11 de abril de 2019 / GUARDIA CIVIL

Años noventa. Años de sequía. La escasez de agua se extiende de forma casi ininterrumpida desde 1991 hasta finales de 1995. El campo sufre. La Cuenca del Segura sufre. El agua llegada del trasvase está en mínimos. El acuífero Cuaternario está a rebosar pero autorizar la extracción de sus aguas significa desalobrarlas y eso genera el vertido de salmuera con concentrado de nitratos. El 4 de octubre de 1994, la Junta de Gobierno de la CHS se lía la manta a la cabeza y autoriza la utilización de acuíferos salobres para extraer agua, desalarla y usarla en los regadíos.

Expediente de desalación
Documentación caso Topillo

En julio de 1995, el Gobierno central, del que en teoría depende la CHS, pone orden en el caos que se avecina y aprueba un Real Decreto para regular las instalaciones de desalación de agua marina o salobre (RD 1327/1995, de 28 de julio). Los organismos de cuenca pueden autorizar estas instalaciones pero tienen que conceder también autorización a los vertidos que produzcan y hacerlo de forma simultánea.

Hay un problema. Para autorizar el uso de una desaladora es necesario tener antes una concesión para extraer agua y el Campo de Cartagena es un caos de pozos sin regularizar. En la CHS, encuentran un atajo. El 9 de noviembre de ese año, aprueba los trámites para solicitar la apertura de pozos de sequía.

Para quien no tenga en regla una concesión, las autorizaciones de las desaladoras se vincularán a esos pozos temporales, que deberían dejar de utilizarse cuando se decrete el final del periodo de escasez de agua. Cosa que no ocurrirá.

La estrategia que se sigue es la que recomienda el Jefe de Servicio, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en un documento titulado Tramitación Plantas Desalinizadoras.

Tramitación plantas desalinizadoras

“(...) para las aguas salobres, el trámite a efectuar hasta que se apruebe el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, será el que se establezca para autorizaciones provisionales y deberá tenerse en cuenta que se trata de autorizaciones en precario(...)"

Tramitación plantas desalinizadoras

3) Criterios básicos a considerar:
(...) en general vamos a tramitar autorizaciones provisionales de desalación a particulares, corporaciones locales o comunidades de regantes (...)

(...) las autorizaciones tienen el carácter de temporal y en precario, salvo en aquellos casos también comentados en que ya se dispone del recurso (pozo legalizado o agua marina)

Tramitación plantas desalinizadoras

2) Autorizaciones no ligadas a un recurso preestablecido:
(...) aquellas aguas cuyo recurso provenga de un pozo de sequía existente, o incluso de un pozo con título concesional pero que se quieran extraer mayores volúmenes (...)

(...) la tramitación en estos casos está condicionada a la petición del pozo de sequía en primer lugar, con la documentación y trámites previstos para estos en el acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHS de 9 de noviembre de 1995.

Simultáneamente, se estudiará una vez sea viable la autorización del pozo de sequía, la autorización de la planta, la cual sí podrá otorgarse a un particular según el trámite previsto en el apartado anterior.

Tramitación plantas desalinizadoras

3) Vertidos
(...) el trámite será el especificado en la Ley y el Reglamento de Aguas, lo que deberá procurarse es efectuar con un único trámite de autorización, que este comprende desde la obtención del recurso en su caso si no se dispone, la autorización de la planta de desalación y el propio vertido.

(...) quedaría preparar en función del tipo de trámite a efectuar y el tipo de autorización, el contenido de la documentación a presentar por los peticionarios.
Así, la autorización contemplará, en el caso más extenso, la autorización provisional del recurso (pozo sequía), la autorización de la desalación y la autorización del vertido.

(...) podría asistir algún responsable de la Dirección Técnica, a los efectos de que se exponga la viabilidad de verter salmueras en las obras que actualmente se están ejecutando de drenaje, próximas al litoral (...) (...) es necesario adaptar las plantas en construcción o casi construidas (...)

En la CHS empiezan a recibir solicitudes de “autorización para planta de osmosis inversa (proceso que opera la desalación) y vertido de salmueras a la red de colectores”. Como ha recomendado el Jefe de Servicio, optan por conceder las autorizaciones “en precario (...), hasta que se resuelva con carácter definitivo”, dejando claro que el título provisional “nunca excederá de un plazo de cinco años a contar desde la notificación”. Así reza en las condiciones de una de las resoluciones a las que ha tenido acceso DATADISTA. La solicitud recoge expresamente que al principio la salmuera “se vierte al Mar Menor”.

Solicitud de desaladora
Solicitud de autorización para desalación de agua y vertido al Mar Menor / Documentación de las diligencias previas del caso Topillo.

La CHS se cura en salud y aclara que la “autorización no implica la asunción de responsabilidades por el Ministerio de Medio Ambiente (...) en particular las de vertido de las salmueras resultantes”. Pero la fórmula no es sostenible y la falta de responsabilidad, tampoco, porque se están haciendo las autorizaciones sin el estudio de impacto ambiental preceptivo.

En la CHS creen entonces encontrar la solución para los vertidos, que también se apuntaba en el informe del Jefe de Servicio, que señalaba que debería estudiarse la posibilidad de “verter las salmueras en las obras que actualmente se están ejecutando de drenaje, próximas al litoral”..

Se trata de una red de salmueroductos, propiedad de la CHS, que se ha financiado con dinero público, en torno a 40 millones de euros, y cuyo objetivo inicial era captar los retornos de riego del Campo de Cartagena, para evitar que llegasen cargados de nitratos al Mar Menor.

También para hacer descender el nivel freático del acuífero Cuaternario, tan alto que estaba dañando las raíces de los cultivos debido a su alto contenido en sal.

Pero lo más importante es que la red dirige el agua que capta a la desalobradora del Mojón, una instalación construida en 1996 por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo con la doble finalidad, explica el BOE, "por un lado de preservar el Mar Menor de los retornos de riego originados en la zona regable del Campo de Cartagena y que presentan un elevado contenido en nutrientes, lo que propicia la eutrofización del Mar Menor; y por otro lado, obtener nuevos recursos hídricos para los regadíos de la zona al reutilizar el agua procedente de los retornos de riego una vez tratada".

Con todo aparentemente atado y bien atado, la Confederación procede entonces a conceder las autorizaciones provisionales, de cinco años, a 52 desaladoras de agua subterránea privadas. De estas, 35 se concedieron entre 1995 y 1996, los dos años siguientes a la aprobación del Real Decreto que las regulaba. La última se concedió en 2007, según la Fiscalía. En ese periodo, otras muchas proliferaron por el Campo de Cartagena. No son instalaciones baratas. Algunas superan los 400.000 euros de inversión sin contar con el mantenimiento. No es algo pensado para ser usado de forma temporal.

Captaciones vigentes en el Campo de Cartagena
Red de tuberías de la C.R Campo de Cartagena y canal postrasvase / CRCC y CHS.

El salmueroducto se hizo insuficiente rápidamente para asimilar todo el rechazo de las desalobradoras privadas que se iban poniendo en marcha. La CHS había cedido su gestión a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena pero las canalizaciones estaban deterioradas en muchos puntos por falta de mantenimiento.

Cinco años después de autorizar las desaladoras, la CHS empieza a enviar comunicaciones a los regantes para informarles de que la autorización ha caducado.

“Deberá pues, a partir de este momento, abstenerse de hacer uso alguno de dicha instalación, si aún está en servicio”. Si quieren una nueva autorización, deben solicitarla con Declaración de Impacto Ambiental, como dice la Ley regional de Medio Ambiente y el texto refundido de la Ley de Aguas estatal de 2001.

Caducidad de desaladora
Autorización provisional de desaladora por parte de la CHS / Documentación de las diligencias previas del caso Topillo.

Ante el problema de los vertidos, la CHS ni renovó las autorizaciones temporales de las desalobradoras ni concedió nuevas. La ilegalidad se apoderó de un aspecto más del regadío en la zona. La norma durante años fue, de nuevo, dejar hacer a los regantes. Hasta 900 desaladoras llegó a declarar un comisario de aguas que podía haber en el Campo de Cartagena.

Timelapse del Mar Menor entre enero y septiembre de 2019
Timelapse del Mar Menor entre enero y septiembre de 2019 donde se observan las avenidas continuas de agua en la desembocadura de la rambla del Albujón. / Copernicus - Sentinel Hub

Hay tres documentos relevantes citados por el fiscal en su denuncia en el marco del caso Topillo. Uno es del Gobierno de Murcia a la CHS a principios de septiembre de 2004, precisamente cuando están llegando las notificaciones de caducidad de las autorizaciones provisionales de las desaladoras a los agricultores, en el que le pide información de las autorizaciones existentes, los salmueroductos, los vertidos al mar y las ramblas y le “ruega estudien la posibilidad de que los vertidos de salmuera al Mar Menor se eliminen reconduciéndolos al Mediterráneo o donde sea”.

A finales de ese mismo mes, el director general de Calidad Ambiental del Gobierno de la Región de Murcia Antonio Alvarado escribe al presidente de la CHS Salvador Fuentes Zorita alertando de que los vertidos de la desalobradora del Mojón al mar carecen de autorización. Otro de octubre, también de Alvarado a Zorita, pidiendo un informe de los vertidos porque “afectan directamente al Mar Menor”. Al parecer, no hubo respuesta.

Residuos plásticos provenientes de la agricultura en la desembocadura de la rambla del Albujón en enero de 2017. / DATADISTA

Según el escrito del fiscal, “ante toda esta caótica situación, nadie hace nada, ni nadie toma medidas sobre los ya alarmantes vertidos incontrolados de salmuera que están llegando al Mar Menor con conocimiento y consentimiento de la CHS y la Consejería”. Cuando hay lluvias torrenciales, como ocurrió a principios de 2017, la Rambla del Albujón se convierte en un río que arrastra los nitratos de los abonos y aflora el agua contaminada por nitratos del acuífero Cuaternario. Cuando no hay lluvias torrenciales, se mantiene siempre un caudal aunque sea mínimo de agua constante en la Rambla que llega hasta el Mar Menor. La prueba de su origen está en las mangas de riego que van quedando a su paso.

Los diferentes gobiernos centrales han ido dejando señales de hasta qué punto conocían el problema que se estaba creando. El Plan Hidrológico Nacional de 2005, en su empeño por buscar fórmulas de compensar a los regantes por anular el frustrado Trasvase del Ebro (que se recogía en el Plan Nacional de 2001, aprobado con el PP), incluyó la ampliación de las infraestructuras de la desalobradora del Mojón, de forma que se pudieran destinar a riego un mayor volumen de agua de la captada en el Campo de Cartagena por los rechazos del regadío y por el afloramiento del acuífero.

"Había una red de salumeroductos en el Campo de Cartagena que era titularidad de la CHS, cuya finalidad es bajar ese nivel freático, para que los propios cultivos no se vean afectados y conducirlos en su momento a su evacuación fuera del Mar Menor, y cuando pasó lo que pasó, aquí al final lo que hubo fue una alarma importante social y se dio por parte de la Comunidad Autónoma cegar todo ese salmueroducto. Al cerrar ese salmueroducto, esos pozos ya no tenían donde evacuar los rechazos.".

Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura.

La infraestructura nunca se terminó. A pesar de que las resoluciones de la CHS de finales de 2005, diez años antes de que el agua del Mar Menor se volviese verde, ya advirtiesen de la necesidad de "eliminar en su práctica totalidad la llegada de los retornos de regadío al Mar Menor"; a pesar de que se hizo incluso la declaración de impacto medioambiental y se sacó a información pública el proyecto informativo de las obras, estas nunca se llevaron a cabo.

Volvieron a aparecer fugazmente en los Presupuestos Generales del Estado de 2010, donde se recogió la "Declaración de Interés General para las obras de eliminación de las salmueras procedentes de la red de desalobradoras del Campo de Cartagena y sus vertidos al Mar Mediterráneo" y ya.

La misma administración que había impulsado esta fórmula de riego abandonó el plan a medias. El rechazo se dejó libre en las ramblas o se vertió al salmueroconducto, incapaz de asumir el volumen. De uno u otro modo, el nitrato concentrado acabó filtrándose de nuevo al acuífero Cuaternario, que ya estaba altamente contaminado y está comunicado con la laguna, o fue a parar directamente al Mar Menor.

Número de expedientes sancionadores por desalación de aguas sin autorización, desobediencia e incumplimentos. Hasta 2014 la CHS no comenzó a sancionar por este motivo. | Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura

¿Qué se hizo con las desaladoras sabiendo que eran ilegales? DATADISTA ha realizado un análisis de todos los expedientes sancionadores iniciados por la CHS entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2019.

Hasta el año 2014, la Confederación Hidrográfica del Segura no tramitó ningún expediente sancionador por realizar desalación de aguas subterráneas sin autorización.

Esta infracción administrativa de la Ley de Aguas impone sanciones a los responsables de vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua sin contar con autorización.

Desde 2014 y hasta el 30 de junio de 2019, la CHS abrió 51 expedientes sancionadores por desalación de aguas sin autorización, desobediencia o incumplimento. Solo 21 fueron sancionados con una multa entre 1.000 y 10.000 euros, siendo 1.000 euros la cuantía más frecuente. En la mayoría de los casos es una falta leve.

Como cada vez que el caos se adueñaba del Campo de Cartagena, en esta ocasión también hubo un intento de regularizar las infraestructuras ilegales que se habían dejado funcionar durante años sin autorización alguna o con ella caducada. Fue en 2009. El 22 de abril de ese año, la CHS contrató a la empresa SETECO para elaborar un inventario de desaladoras y pozos en Torre Pacheco, la zona del Campo de Cartagena donde se habían multiplicado.

Ante la posibilidad de ver regularizada la extracción y desalación del agua, los agricultores, a través de la asociación COAG, colaboraron en la elaboración del inventario.

Personal de la COAG fue sobre el terreno con un GPS, recogiendo las coordenadas donde estaban ubicados pozos y máquinas y elaboraron un detallado listado, un mapa del tesoro del agua que se había extendido durante años bajo el suelo. Las cifras que entregaron eran abrumadoras: 472 pozos y 157 desalobradoras. En los correos internos de la CHS, aportados en las diligencias del caso Topillo, se reconoce que “todo el apoyo recibido de los pequeños regantes para hacer este inventario (...) ha sido porque confiaban en que estábamos colaborando con ellos a solucionar el problema”. Por ello creen que “no sería bueno que se diera difusión a este inventario, que tanto trabajo ha costado obtener y que tan confiadamente nos han proporcionado”.

No hubo expedientes, el inventario se había realizado con el objetivo de legalizar, ha declarado Francisco Turrión, hidrogeólogo de la CHS. Tampoco se legalizó. Era complicado, teniendo en cuenta que las desaladoras estaban ligadas en muchos casos a pozos de sequía que se estaban usando fuera del periodo autorizado o a pozos ilegales. “Las desaladoras no se autorizaron pero seguían funcionando”, según Turrión. Generando su vertido de salmuera con nitratos y desembocando en el Mar Menor por la rambla del Albujón o en los acuíferos.

En el año 2012, al ser nombrado comisario de aguas José Carlos González, según ha declarado en el marco del caso Topillo, oyó a dos agentes de vigilancia de los cauces hablar de pozos ilegales y de la existencia de un listado que llevaba años en poder de la Confederación Hidrográfica. En él, junto a unos 400 pozos y sus coordenadas, figuraba si tenían desaladora o no. Era el Excel elaborado por SETECO con la colaboración de los agricultores para la CHS. González pidió el listado.

En la primera mitad de 2013, se organiza una batida de inspecciones, según coinciden las declaraciones de varios testigos. Se traen al área de Torre Pacheco incluso guardas medioambientales de otras áreas.

Quieren hacerlo rápido. Reparten entre los agentes medioambientales y los guardas un número de instalaciones que deben comprobar, con las coordenadas que aparecen en el inventario. Agentes medioambientales llamados como testigos ante el juzgado de instrucción número 2 reconocen que sin ese listado no habrían podido localizarlas. “Las desaladoras del Campo de Cartagena estaban ocultas. Eran muy difíciles de localizar”.

Los agentes preguntan dónde acaban los vertidos. Convencidos aún de que es para regularizar su situación, los agricultores reconocen que van a la red de alcantarillado, a la Rambla del Albujón, al Mar Menor. No se precintan pozos. Se anota en una hoja si tienen desaladora, si está en funcionamiento. Los precintos de los pozos no se inician hasta después del verano de 2015. Y los vertidos llegando al Mar Menor.

Cuando la laguna se volvió verde en la primavera de 2016, las autoridades entraron en pánico. En un mes, la Dirección General de Agua dio orden a la CHS de cegar la red pública de salmueroductos.

No fue fácil. Fue necesario enviar efectivos de los antidisturbios para proceder al sellado ante la actitud beligerante de los regantes. ¿De dónde iban a sacar el agua?

En el primer trimestre de 2017, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil empezó a visitar fincas agrícolas por orden del fiscal de Medio Ambiente José Luis Díaz Manzanera. Estaba en marcha la investigación que acabaría en denuncia de la Fiscalía y se transformaría en el caso Topillo.

Las fincas del grupo G'S, la multinacional británica del regadío, eran visitadas en febrero. Se comprobó cómo el agua procedente de dos desalobradoras expulsaba salmuera con nitratos al salmueroducto y de ahí a la Rambla del Albujón. Se calcula que, entre 2012 y 2016, el vertido al Mar Menor equivalió a 316 piscinas olímpicas. Inagrup, otras 64 piscinas. Ciky Oro, 555 piscinas. Vanda Agropecuaria, 246 piscinas. Las empresas acaban imputadas en el caso Topillo. ¿De dónde va a sacar el resto el agua para no acabar igual?

A las 5.45 de la madrugada del 1 de julio de 2017, la Guardia Civil observó cómo descargaban en una finca una desalobradora móvil desde un vehículo propiedad de Insal Electricidad y Automatismos, S.L. En otra finca, una desalobradora dentro de un contenedor instalado por la misma empresa. En otra inspección, otra máquina, misma empresa instaladora. Ante la obviedad de que alguien se estaba lucrando ideando fórmulas para esquivar a la Guardia Civil, entraron en las oficinas de la empresa y se llevaron numerosa documentación. Allí estaban. Los nombres, los clientes, las direcciones, los equipos instalados. La documentación derivaría en la operación Chandos pero además mostraba una parte más del negocio detrás del regadío intensivo del Campo de Cartagena.

"Nos ha llamado mucho la sofisticación de las instalaciones. (...) Algunos de ellos tenían incluso un tractor metido dentro para que no se vieran cables por fuera y el tractor lo que hacía era producir la corriente eléctrica necesaria para que la maquinaria funcione".

José Antonio Fernández, jefe de sección del Seprona en la Región de Murcia.

En abril de 2019, el Seprona volvió a lanzar una macroperación denominada operación Chandos, con un centenar de efectivos y el apoyo de un helicóptero en busca de plantas desalobradoras y pozos ilegales en las fincas que habían aparecido en la documentación incautada en los registros.

Aún sabiendo dónde iban, les resultó difícil localizar las plantas. El grado de sofisticación de las instalaciones llamó la atención de la Guardia Civil, acostumbrada a asociar las prácticas complejas de ocultación más con delitos de tráfico de drogas que con los relacionados con el medio ambiente. Desde desalobradoras instaladas en vehículos, a amplias instalaciones bajo tierra ocultas por rampas móviles, pasando por una planta que se alimentaba de la batería de un tractor enterrado para evitar que cables eléctricos exteriores sirviesen de pista.

La trampa de los pozos de sequía
Captaciones vigentes en el Campo de Cartagena
Situación de los pozos de sequía paralizados por la CHS en 2015 sobre los acuíferos Plioceno, Andaluciense y Cuaternario del Campo de Cartagena / C.R. CAMPO DE CARTAGENA Y CHS

Las prácticas en el Campo de Cartagena y la relación con el agua llegada (o no) del Trasvase puede resumirse en una frase que procede de un documento de los propios regantes: es en el que se pide a la CHS que se permita volver a utilizar 219 pozos (215 situados en el Campo de Cartagena y capaces de extraer 24hm³ al año) “construidos inicialmente como pozos de sequía pero que”, se reconoce, “continuaron funcionando una vez finalizada esta, especialmente en los periodos en los que los caudales del Trasvase Tajo-Segura eran inferiores a los volúmenes normales, incluso en periodos en que no existía formalmente una situación de sequía. Estos pozos (abiertos a finales de los noventa) fueron parados por la CHS en 2015 (es decir, quince años después y precisamente con José Carlos González como comisario de Aguas) hasta que no se realizase la oportuna evaluación ambiental”.

Se solicitó la reapertura de estos 219 pozos junto con 13 pozos que estaban perforados pero no en uso y 20 pozos de futura creación. En total 252 pozos con una extración máxima solicitada de 28,6hm³/año. 94 pozos que captan el agua del Cuaternario (8hm³), es decir, del acuífero contaminado por nitratos y con alta salinidad; 117 pozos del Plioceno (13hm³), acuífero sobreexplotado desde hace décadas; 37 pozos del Andaluciense (6,5hm³); 3 pozos del sobrexplotado acuífero del Triásico de las Victorias (0,3hm³); y uno en Cabo Roig (Alicante) (0,5hm³). Se reconoce incluso que algunos de esos pozos están fuera de la zona regable, aunque el agua se aplique dentro.

El argumento para solicitar la reapertura de los pozos y la construcción de otros nuevos es que, “dada la irregularidad en las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura”, el uso de los pozos “permitiría mantener las demandas legalmente reconocidas por el Plan Hidrológico”. De no permitirse ese uso, “se producirán pérdidas económicas progresivas y previsiblemente importantes con la implicación en la disminución de empleo y el consecuente malestar social ante la falta de respuestas para minimizar el impacto de la sequía”.

En noviembre de 2018, se autorizó la reapertura de 164 pozos de los cuales se pusieron en explotación 131 pozos para extraer un volumen máximo de 8,73 hm³/año para una superficie de riego de 2.773 hectáreas. Según la CHS, los otros 33 pozos que fueron autorizados no se encuentran en explotación debido a diversas causas, como que no han comunicado el inicio o están desinstalados (19 pozos), autorizados en otros expedientes (9 pozos), o con orden de sellado (5 pozos).

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