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MEDIOAMBIENTE

Quién paga
el daño causado

Quién paga el daño causado

El BOE ha publicado ya la Declaración de Impacto Ambiental de las Soluciones para el vertido cero al Mar Menor. Las medidas tienen un coste de 647 millones. Buena parte los pagará el bolsillo de los ciudadanos.

Las medidas para el vertido cero tienen un coste de 647 millones. Buena parte los pagará el bolsillo de los ciudadanos.

Por Antonio Delgado y Ana Tudela

OCTUBRE 2019

Vista de satélite de la zona sur del Mar Menor / IGN

Al Mar Menor le han llegado nitratos del regadío por diversas vías. Vía superficial, tanto por las escorrentías desde las plantaciones como por el agua que ha aflorado del acuífero contaminado por los abonos, dado su alto nivel freático y ha discurrido por las ramblas hasta llegar a la laguna. Y a través del subsuelo, debido a la conexión que existe entre dicho acuífero y el mar. Actualmente se está revisando qué cantidad entra por esta última vía. También se ha visto afectado por el urbanismo salvaje, el alto número de puertos deportivos y el dragado del Canal del Estacio para dejar entrar barcos de mayor calado.

Las causas son múltiples aunque con un claro protagonismo del sector agrícola. Quién va a pagar las medidas para acabar con el daño producido al Mar Menor es otra historia. Lo que ya se sabe es que no será ni inmediato ni barato.

En el marco del 'Caso Topillo' la Fiscalía hizo hincapié en que hace años que se detalló el presupuesto de las medidas necesarias para evitar la eutrofización del Mar Menor. En el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura 2009-2015 se preveía una inversión de 425,5 millones de euros que incluía 33,4 millones para reducir la entrada de nutrientes a la laguna; 51,4 millones para reducir los retornos de riego; 9,1 millones para sellar pozos y evitar la contaminación cruzada de acuíferos;y 20,3 millones para recoger vertidos de desalinizadoras que acababan en la Rambla del Albujón. Lo que se hizo de las medidas previstas fue muy poco pero de estas cuatro concretas, señala la Fiscalía, el ejecutado fue cero, según figura en el Plan de Cuenca 2015-2021.

En marzo de 2019, el Ministerio de Transición Ecológica publicó el documento de "Análisis de soluciones para el vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena" después de someterlo a consulta pública. Lo primero que hace el documento es admitir lo ocurrido: que “el Mar Menor ha sufrido un proceso de enriquecimiento de nutrientes producido como consecuencia de la actividad humana, provocando una alteración en sus condiciones naturales”, lo que desencadenó “una crisis trófica de tipo explosivo” y ha provocado “que la estabilidad ecológica y la capacidad de resiliencia del Mar Menor sean limitadas, estando muy condicionadas por sucesos que puedan producir perturbaciones y aumentar el grado de estrés”, como de hecho ha ocurrido tras el último episodio de gota fría.

La capacidad de resistencia del Mar Menor acabó volviéndose en su contra. Las mediciones de nitratos en la costa occidental, sobre todo en torno a la Rambla del Albujón, demostraron que el nivel de nitratos ya era preocupante en los años 2010 y 2012 pero las aguas seguían transparentes.

En la segunda mitad de 2015, “cambio drástico”, “colapso medioambiental”, dice el documento del Ministerio. A partir de 2016, las mediciones de nitratos en la laguna se disparan. Se pierde un 85% de la extensión inicial de las praderas marinas resistiendo solo las que están en las partes menos profundas y por tanto más iluminadas. Se dispara la mortandad de invertebrados en la laguna. Se dispara el fitoplancton, que va ganando tamaño así como sus excreciones, que producen espuma, color verde intenso y descomponen la materia orgánica del agua.

El documento reconoce que “se hace necesario revertir esta situación eliminando o minimizando los impactos que se producen sobre la laguna". Por increíble que parezca la clave de la solución está en buena medida en volver a hacer lo que se dejó a medias y finalmente se deshizo cuando el color verde del Mar Menor hizo saltar las alarmas.

Lo primero será desalobrar y desnitrificar las aguas del acuífero Cuaternario, extrayendo 12hm3 al año (cantidad que se quiere revisar cuando se conozca el volumen de agua del Cuaternario que descarga en el Mar Menor de forma subterránea). El proceso se hará en la planta original pensada para ello, la desalobradora del Mojón; y en la de Arco Sur. El agua desalobrada apta para riego se entregará a los regantes mientras que la salmuera, ya desnitrificada, se verterá en el Mediterráneo mediante dos emisarios.

Los pozos no registrados y causantes de la contaminación cruzada entre acuíferos se clausurarán conforme a un programa de ordenación y la extracción de las aguas subterráneas se hará de forma centralizada.

En cuanto a la superficie de regadío, el documento indica que, “más allá de los procedimiento judiciales abiertos", se debería revisar "la legalidad de las concesiones y superficies de cultivo" y la gestión de sus vertidos”.

El documento da por buenas las cifras de regadío al margen del oficial que llevan tantos años denunciando las asociaciones ecologistas. Afirma que , entre 1988 y 2009, el regadío de la cuenca pasó de unas 25.150 ha a unas 60.700 y se estima actualmente un incremento de "entre 15.000 y 20.000 ha adicionales al margen de las cifras oficiales”.

647 millones
COSTE DE LAS MEDIDAS

La Declaración de Impacto Ambiental ha sido aprobada en septiembre de 2019 lo que da via libre a su ejecución.

El proyecto se desarrollará durante una década y costará 647 millones, sufragados entre el Gobierno de la Región de Murcia, el Ministerio de Transición Ecológica a través de la CHS, las asociaciones de Regantes y los titulares de los pozos.

En diciembre de 2016, se presentaron ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo dos denuncias sobre el estado del Mar Menor. Las denuncias, que fueron admitidas a trámite, han sido respondidas por la Comisión en tres ocasiones: 2017, 2018 y en junio de 2019. En todas las respuestas, la Comisión comunica a los denunciantes que por el momento descarta abrir un procedimiento de infracción y se mantiene a la espera de las actuaciones que las diferentes administraciones competentes realicen en el entorno de la laguna en los próximos años y en particular en la aplicación de las Iniciativas Territoriales Integradas (ITI) del Mar Menor. Un plan provisto de diferentes fondos europeos en el que la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente lleva invertido más de 28 millones de euros en infraestructuras como los tanques de tormenta.

Por otro lado, respecto al expediente a España que mantiene abierto la Comisión Europea por el incumplimiento de la normativa de nitratos, este se encuentra en lo que la propia Comisión denomina procedimiento administrativo previo.

Según explican fuentes de la Comisión a DATADISTA, en esta fase se pretende "inducir al Estado miembro a que trate de cumplir voluntariamente los requisitos de la UE, permitirle ejercitar su derecho a defensa y delimitar el objeto de la controversia con vistas a un posible recurso frente al Tribunal de Justicia". Si esta fase no tiene éxito, se pasa a la fase contenciosa.

Las autoridades españolas tendrán que demostrar que han hecho todo lo posible para reducir los riesgos de la contaminación por nitratos y, en cualquier caso, lograr un acuerdo con la Comisión para evitar el paso a esa segunda fase y minimizar las posibles sanciones.

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