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MEDIOAMBIENTE

La verdad del trasvase

El agua del Tajo no llegó en la cantidad prometida pero el regadío se extendió como si lo hubiera hecho. El secreto estaba bajo el suelo, en los acuíferos ya sobreexplotados. La CHS optó por mirar durante décadas hacia otro lado.

El agua del Tajo no llegó en la cantidad prometida pero el regadío se extendió como si lo hubiera hecho. El secreto estaba bajo el suelo.

Por Antonio Delgado y Ana Tudela

OCTUBRE 2019

Embalse de Entrepeñas (Guadalajara) el 5 de julio de 2017 / Ignacio López/JCCM

Las tierras del sureste español son tremendamente fértiles. Cada gota de agua les aprovecha como en ningún otro punto del país. Pero agua, hay poca. Muy poca. Los habitantes del Campo de Cartagena llevan más de un siglo buscándola literalmente debajo de las piedras, primero con sus famosos molinos de vela latina y luego, aprovechando que tenían al lado la maquinaria de extracción de la sierra minera, cada vez más y más profundo. Tan bueno era el resultado que, cuando esas tierras fueron visitadas en 1933 por el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo, a quien Indalecio Prieto le había encargado elaborar el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de la Segunda República, este dijo en el viaje de vuelta a Madrid que habría que llevar allí el Nilo si hacía falta.

En un ataque de pragmatismo, optaron por el Tajo. La Guerra Civil y los años negros de la autarquía truncaron los planes y el Trasvase Tajo-Segura (TTS) no se retomó hasta 1965, inaugurándose en 1979, hace ahora cuarenta años.

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Desde el punto de vista de la ingeniería civil, las cifras eran deslumbrantes. Un canal de 292 kilómetros con capacidad de enviar hasta 33 metros cúbicos por segundo, que en su punto de partida, en el embalse de Bolarque, bombeaba el agua haciéndola salvar un desnivel de 245 metros en 1.070 metros de longitud.

Sin embargo, las cifras más relevantes, las del agua que estaba previsto enviar de una cuenca a otra, no solo no se cumplieron.

La primera fase suponía “un máximo anual de 600 millones de metros cúbicos” de agua que se desviarían desde el río Tajo hasta llegar al Segura. De estos, 400 eran para el regadío, 110 para consumo urbano y el resto, la evaporación estimada.

A su vez, de los destinados al regadío, que se reparten entre las provincias de Murcia, Alicante y Almería, es Murcia la que tiene asignada una cantidad anual mayor: 260 hm³. Y dentro de Murcia, la Comunidad de Regantes a la que se le destinó el mayor volumen fue la del Campo de Cartagena, con 122hm³ al año. A la segunda fase nunca se pasó.

Consumos netos totales para riego del trasvases del Tajo-Segura por cada año hidrológico. (*) Datos hasta julio de 2019 en hm³. | Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura

La media de agua trasvasada del Tajo al Segura desde 1980 se ha quedado en menos de la mitad del máximo previsto. Según las cifras de la CHS, los recursos medios para riego procedentes del trasvase en la serie hidrológica 1980/81 - 2017/18 se cuantifica en 175hm³/año en destino. Es la media de la serie larga. En los últimos años, en los que ha vuelto a producirse un periodo de sequía, el volumen trasvasado ha estado muy por debajo.

El regadío se extendió por la cuenca del Segura y con ello por el Campo de Cartagena como si el agua hubiera llegado año tras año en la cantidad esperada.

Como si no se hubieran sucedido de forma intermitente largos periodos de sequía que disminuían drásticamente el volumen trasvasado.

No era muy difícil saber de dónde estaba alimentándose el regadío. Hay un upsidedown del trasvase. Otra cara de la historia.

Hay una gigantesca raíz bajo el suelo de la que en realidad bebe mayoritariamente el campo (hasta un 80% del agua en las épocas secas), formada por pozos, tuberías y desalobradoras que ha terminado por provocar un desastre natural.

Esta situación ha dañado la laguna y tiene los acuíferos sobreexplotados y contaminados por los nitratos de los abonos del regadío intensivo. Un mundo bajo los surcos de las lechugas iceberg, los melones y los limoneros que además tiene conexión directa con el Mar Menor.

"Cuando ha venido agua del trasvase, el agua subterránea ha cubierto un 30, 35 por ciento de la demanda. Pero cuando no ha venido agua del trasvase, ha sido el agua subterránea la que ha cubierto hasta un 80 por ciento. (...) Las aguas subterráneas son la clave de que se haya podido mantener el sistema".

José Luis García Aróstegui, científico titular del IGME Murcia.

Las aguas subterráneas están protegidas teóricamente en España desde la Ley de Aguas de 1985 (29/1985 de 2 de agosto), que las incluyó por primera vez en el dominio público. La protección normativa se ha reforzado además desde Europa por ser estas aguas las futuras reservas para el abastecimiento de la población, cuando los periodos de sequía se hagan más frecuentes y prolongados debido al cambio climático.

-13.000 hm³
RESERVAS CONSUMIDAS

Que se está extrayendo agua subterránea en mayor volumen del que la naturaleza es capaz de reponer en los acuíferos de la Cuenca del Segura se conoce por lo menos desde 1986, cuando ya habían transcurrido siete años desde la llegada de las primeras aguas del Trasvase.

El 30 de diciembre de ese año, el rey Juan Carlos I interrumpía sus vacaciones navideñas para firmar, desde la estación de esquí de Baqueira-Beret, un Real-Decreto Ley que el Gobierno socialista de Felipe González consideró de “extrema urgencia”.

“Los estudios realizados para la elaboración” del Plan de la Cuenca del Segura permitían “afirmar la existencia de una grave sobreexplotación en numerosos acuíferos”. A medida que el nivel del agua descendiese, lo esperable era que “los interesados”, los regantes de la Cuenca del Segura, buscasen “nuevas fuentes de suministro, cuya consecuencia inmediata será la desordenada explotación de los pocos recursos subterráneos que aún puedan existir”, recogió el BOE.

Tras refrendar el Parlamento la norma, el siguiente paso, recogido tanto en la Ley como en el reglamento que la desarrolló (849/1986, de 11 de abril) estaba claro.

En los acuíferos sobreexplotados, la Ley obliga a elaborar un plan de ordenación de las extracciones que reduzca la cantidad de agua que se saca del subsuelo. Su elaboración debió comenzar en 1987. Han pasado 32 años.

"Lo que dice la ley no era fácil si se quería mantener la actividad agraria. (...) Si a un acuífero le estás extrayendo más agua del recurso renovable, el plan de Ordenación tiene que procurar bajar la tasa de extracción. (...) Eso, desde 1987, no se ha hecho".

Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura.

"La gran mayoría de los acuíferos están sobreexplotados. (...) Los que están declarados como sobreexplotados lo están de forma provisional de forma que eluden la obligación de la Ley de Aguas de elaborar un Plan de Ordenación de las extracciones".

Julia Martínez, ecóloga y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

"A nivel ambiental los dos grandes problemas son la sobreexplotación de los acuíferos: hablamos de un vaciado de reservas de aguas subterráneas a nivel de la Cuenca del Segura probablemente superior a los 13.000 hm³. Y el problema del Mar Menor".

José Luis García Aróstegui, científico titular del IGME Murcia.

Captaciones vigentes en el Campo de Cartagena
Un análisis realizado por DATADISTA de todas las captaciones vigentes digitalizadas de los acuíferos de Campo de Cartagena y Triásico de las Victorias, estima que los más de 1600 pozos y sondeos autorizados cuentan con un volumen máximo previsto de unos 110 hm³/año. Sobre los acuíferos se muestran los perímetros de la C.R Campo de Cartagena y la C.R. Arco Sur / CHS, CRCC, CRAS, MITECO, IGN y elaboración propia

¿Cuánta agua se extrae por bombeo en esta zona? Es la pregunta del millón que ni la propia CHS conoce en su totalidad. No existe una cuantificación de las lecturas directas de los contadores, tampoco se cuenta con la digitalización de todos los derechos vigentes, que lleva un retraso de décadas.

"Yo recuerdo una conversación con un dirigente de la CHS que me decía, qué hay que hacer para que los pozos no extraigan agua. Póngame usted 6m³ por segundo del canal y mañana están todos parados".

Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

"Hay un enorme desconocimiento acerca de cuál es la proporción de pozos ilegales o de captaciones que por no tener caudalímetro no sabemos cuánta agua están captando y sobre todo por ese carácter irregular no comunicado, no autorizado y por tanto no concedido".

Julia Martínez, ecóloga y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

""Hace falta un estudio hidrogeológico a nivel general de todo el campo de Cartagena. Entre las primeras actividades, o tareas que requiere es el inventario de puntos de agua y la cuantificación de la explotación por bombeo. Eso es fundamental porque hay incertidumbre sobre cuánto realmente se está bombeando y de qué acuífero se está extrayendo".

José Luis García Aróstegui, científico titular del IGME Murcia.

Hay un documento que prueba el punto de descontrol que se alcanzó tras décadas dejando hacer a los regantes. Tras el cambio en la presidencia de la CHS en 2012 y especialmente tras el nombramiento como Comisario de Aguas de José Carlos González, la CHS licitó un estudio técnico (número de expediente 03.0005.13.006) para ayudar a los regantes a regularizar los aprovechamientos existentes que aún no habían sido incluidos en los registros.

En el pliego de condiciones, firmado por el comisario de aguas (2012-2018), la CHS se reconoce incapaz de gestionar lo que no conoce. La gran mayoría de derechos a superficies regables tramitados antes de 2002 carecen de información. En muchos casos se tramitaron con un simple croquis. En otros muchos sin definir siquiera las superficies regables. Incluso reconocen que de una docena de derechos "se ignora prácticamente todo".

expediente 2012

"Es una evidencia manifiesta que el principal requisito previo a una correcta gestión de las aguas en una cuenca tan compleja como la del Segura es tener registrados y perfectamente definidos todos los derechos: no se puede gestionar lo que no se conoce."

(...) "La gran mayoría de ellos (prácticamente, todos los anteriores al 2002) fueron tramitados por una Administración carente de medios técnicos modernos, con lo que especialmente el elemento cartográfico de las concesiones y derechos (en claro: las superficies regables) estaba definida mediante poco más que simples croquis, cuando no era totalmente inexistente".

(...) "Este inexacto o inexistente conocimiento ha dado lugar a confusiones, inscripciones duplicadas y, en general, a todo tipo de problemas."

El reglamento que desarrolló la Ley de Aguas no solo obligaba a ordenar su extracción en caso de sobreexplotación o riesgo de sobreexplotación de un acuífero. Además, implicaba "paralizar todos los expedientes de autorización de concesión de aguas" con cargo a acuíferos sobreexplotados.

Las administraciones españolas optaron por ralentizar al máximo la máquina burocrática hasta casi detenerla y, entre tanto, dejar hacer.

No disponer de concesión inscrita en el registro no supuso obligar a que se dejase de extraer agua. El caos se extendió por el Campo de Cartagena.

El actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, en una entrevista en exclusiva para DATADISTA, no solo reconoce que desde 1987 no se hicieron los planes de reducción de extracciones como dicta la ley sino que, ahora que hay recurso alternativo, se están regularizando concesiones a fincas a las que durante décadas se permitió hacer uso de aguas subterráneas de acuíferos sobreexplotados. Reconoce que es ilegal pero lo llama “ilegal con asterisco”, porque en la ley fueron buscando atajos para regularizar el regadío que seguía extendiéndose sin control aunque no debió permitirse desde 1986.

"No podemos regularizar ese regadío con el agua de la propia Cuenca. (..) Ahora estamos manejando un volumen muy importante de aguas desaladas. Pues es con cargo a estas aguas desaladas conforme vamos regularizando esos regadíos que vienen desde antes del año 98. (...) Estamos regularizando bastante superficie de esas que se detecta pero que no está inscrita."

Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura.

La Administración optó por ir abriendo puertas en los planes de cuenca para regularizar todo el regadío que se ha había ido extendiendo ante sus ojos sin control y a pesar de que lo prohibía la Ley de Aguas.

Como prueba, tres días después de la aprobación del Plan Hidrológico 2009-2015, la CHS firmó el pliego de bases para la licitación de un servicio técnico que les ayudara a regularizar aprovechamientos hidráulicos pendientes. En él se refleja la intencion de "abrir una puerta para la regularización de los regadíos existentes desde antes de 1998", que ya "existen razones fundadas para suponer que van a ser muchos".

expediente 2014

(..) existen razones fundadas para suponer que van a ser muchos los que se acojan a este precepto, ya que también son muchos los que se encuentran en esta situación, y que han visto como sus peticiones de regularización e inscripción en base a las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas han sido rechazadas al no haberse considerado acreditada la existencia del aprovechamiento el 1 de enero de 1986, acreditación por la que la jurisprudencia ha ido endureciendo paulatinamente los requisitos de prueba documental."

expediente 2014

"La nueva normativa, al establecer una fecha tan cercana (1998) como fecha de acreditación de la existencia del aprovechamiento, facilita tal acreditación y constituye el último cartucho que estos aprovechamientos pueden usar para pretender a esa tan deseada regularización.

"Es evidente que no puede repetirse la experiencia habida con las inscripciones de derechos en base a las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas, donde después de 25 años de tramitaciones quedan aún abiertos numerosos expedientes pendientes de resolución, retraso que no ha hecho sino aumentar las dificultades de acreditación, de existencia, características y aforo."

Llamaron regadío consolidado, una figura que solo existe en la Cuenca del Segura, al que se había establecido antes de 1998. Y justificaron su invención condicionando su regularización a que no afectase a las aguas subterráneas “en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico, o en su caso de sobreexplotación”.

Es decir, no cabía la regularización salvo que fuera “con nuevos recursos externos”, esto es “todo aquel recurso procedente de cuencas hidrográficas distintas a la del Segura” o bien a “recursos desalinizados procedentes de agua de mar”. Lo mismo ocurrió con las UDA (Unidades de Demanda Agraria), perímetros sin entidad jurídica pero dentro de los cuales la CHS ha considerado que las concesiones son regularizables.

En 2018, WWF y ANSE publicaron un análisis sobre la evolución del regadío en el entorno de Mar Menor. Este trabajo realizado mediante el análisis de imágenes de satélite, Sigpac y trabajo de campo, determinó que el regadío se ha multiplicado por 10 entre 1977 y 2017.

Casi un 25% de la superfice de regadío se encuentra fuera de los límites que cuentan con autorización de la CHS. Es decir, el estudio de WWF y ANSE considera ilegales 12.165,18 hectáreas.

Ante la imposibilidad de hacerlo con cargo a acuíferos sobreexplotados, la CHS utilizó los planes de cuenca para ejercer una especie de lobby, pidiendo reiteradamente no solo nuevos recursos externos para sostener la agricultura sino que estos fuesen baratos, algo que en su opinión no cumplían las aguas de mar desalinizadas, para mantener su rentabilidad. Hay que tener en cuenta que más del 80% de las demandas de aguas atendidas por la CHS son para actividades agrarias.

Cerca estuvo de lograrse esa nueva transferencia de otras cuencas. El Plan Hidrológico Nacional de 2001, aprobado con el Partido Popular en el Gobierno central, incluía el trasvase desde el río Ebro a la cuenca del Segura. Cuatro años después, ya con el PSOE en el Gobierno de la nación, el Plan Hidrológico Nacional de 2005 anulaba los planes de trasvase del Ebro para centrarse en el aporte de nuevos caudales mediante desalación de agua marina.

La estrategia tenía fecha de caducidad. La laxitud de las autoridades españolas chocó con una realidad: Europa. La Directiva Marco de Agua no permite que las aguas subterráneas mantengan un estado de sobreexplotación más allá de 2027, por lo que en los primeros documentos del plan de cuenca actualmente en elaboración ya no se habla de recursos de otras cuencas y se admite que será la desalinización de agua de mar la que sustituya al agua subterránea. Los regantes ponen en duda que esto sea factible.

Este uso descontrolado del agua que se extrae desde los acuíferos se agrava con el uso de pozos ilegales, cuyo número también se desconoce. En 2016, la CHS cifró el número entre 1.000 y 2.000.

La extracción ilegal de agua está tipificada en el Código Penal en el artículo 247 y también es una falta administrativa según la Ley de Aguas pero la falta de información y de inspecciones sobre el terreno no han permitido grandes actuaciones hasta hace muy pocos años por parte de la Fiscalía.

A esta situación se ha unido que, en los periodos de sequía se autorizó la apertura de nuevos sondeos, los conocidos como pozos de sequía, que según la ley debían dejar de usarse cuando finalizase el periodo de escasez. No fue así.

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