Sanidad pagó a Inter Pharma siete millones de euros por los test fallidos

El Ministerio de Sanidad ha publicado hoy en la plataforma de Contratación del Estado todos los expedientes de suministros de emergencia por enfermedad COVID-19. Uno de los contratos es el del proveedor cuyos test kits diagnósticos han sido devueltos debido a que su fiabilidad era inferior a la marcada.

El expediente tramitado mediante procedimiento de emergencia con la empresa INTER PHARMA S.A consistía en la adquisición de 659.000 kits diagnósticos para el COVID-19 de la empresa china BIOEASY por un precio 17.143.885 euros. Sanidad adelantó en tres facturas un total de 6.998.035 euros que han sido devueltos el pasado 17 de abril de 2020.

En el expediente de contratación se especificaba que los test tendrían que tener más del 80% de sensibilidad y el 99% de especificidad. Sin embargo, el Instituto de Salud Carlos III, tras realizar los correspondientes estudios de fiabilidad de los tests suministrados el 24 y 30 de marzo de 2020, encontró que la sensibilidad era del 24,3% para la prueba rápida 2019-nCoV Ag TEST KIT frente al 83% presentada por el fabricante y del 57,8% de la prueba rápida 2019-nCoV Ag Test Fluorescence 1C Assay TEST KIT frente al 92% de la validación clínica presentada por el fabricante.

Inter Pharma ha enviado comunicado a los medios donde indican que, "cuando nos fue comunicada esta situación, se procedió al abono íntegro del importe satisfecho en virtud del acuerdo, asumiendo esta compañía todos los costes generados por el suministro y aún antes de haber recibido los lotes de test suministrados". Respecto a la empresa china, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, a través de la que adquieron los test rápidos, Inter Pharma puntualiza que "disponía en el momento del acuerdo de licencia para exportar sus productos y los test cuentan con el Marcado CE y el certificado TÜV que permiten su comercialización y venta en la Unión Europea". "El fabricante aportó la documentación requerida sobre las certificaciones, estudios clínicos y protocolos de uso, que fue trasladada a las autoridades españolas, que la analizaron y validaron".

Sanidad lleva gastados 350,3 millones de euros en material sanitario

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, informó hoy al Consejo de Ministros de los contratos de emergencia para adquisición de material sanitario realizados en el marco de la pandemia. El importe total de dichos acuerdos asciende a 350,3 millones de euros destinados a la compra de kits de diagnóstico, mascarillas de protección respiratoria y otros materiales sanitarios.

La crisis sanitaria y la competición internacional simultánea por la adquisición del material de protección y diagnóstico han convertido el mercado mundial de material sanitario en un zoco. El Gobierno español, aludiendo a la necesaria agilidad para moverse en ese contexto, se acogió a los supuestos de la Ley de Contratos para eliminar los controles habituales que rigen la contratación pública, aplicando la tramitación de urgencia a todos los contratos destinados a hacer frente al coronavirus. A esa posibilidad le añadió la de realizar pagos a cuenta sin las garantías de la Ley de Contratos del Sector Público(Ley 9/2017, de 8 de noviembre) e incluso la de realizar “la totalidad o parte de los pagos” por adelantado, es decir, “con anterioridad a la realización de la prestación por el contratista”. Ante el riesgo que abría esta posibilidad, el Gobierno dejó grabado en el BOE que el posible quebranto sería asumido por los Presupuestos Generales del Estado.

Esa falta de controles no tardaron en pasarle factura al Gobierno, que ha recibido duras críticas por el material defectuoso recibido y ha sido preguntado en numerosas ocasiones por el nombre del intermediario sin que se facilitase el mismo. Hasta hoy, cuando el dinero adelantado ya ha sido recuperado.

Acudir al procedimiento de urgencia generalizado está permitido en la Ley y se ajusta a la situación de crisis sanitaria actual. El Gobierno hizo uso del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que establece “la tramitación de emergencia como mecanismo para actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”.

A esa posibilidad, el Gobierno añadió en su Real Decreto 7/2020 de 12 de marzo la posibilidad de “realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el contratista” eludiendo “lo dispuesto respecto a las garantías” de la Ley de Contratos.

Así mismo, “cuando fuera imprescindible de acuerdo con la situación del mercado y el tráfico comercial del Estado en el que la contratación se lleve a cabo, podrán realizarse la totalidad o parte de los pagos con anterioridad a la realización de la prestación por el contratista”.

La financiación de estos contratos de suministro ha corrido a cargo del crédito extraordinario de 1.000 millones de euros concedido al Ministerio de Sanidad con cargo al Fondo de Contingencia.