En marzo la afiliación cayó en 833.797 trabajadoras y trabajadores a causa de la COVID-19, cebándose otra vez con los temporales
España es (o era) un país acostumbrado a las altas y bajas diarias en la Seguridad Social. A los contratos breves, cada vez más breves y con más peso sobre el total, a marcar cada año récord en número de contratos firmados y en el aumento sostenido año tras año de los que duran menos de siete días. El neto diario de altas menos bajas en la Seguridad Social supondría, de no conocerse cómo funciona el mercado en España, disgustos la mayoría de los viernes, alegrías los lunes y una debacle a cierre de mes.
Se ha repetido en esta crisis sanitaria que todos los días son lunes pero, en el mercado laboral, el día 16 de marzo fue lunes y no lo pareció. En el primer día hábil de confinamiento por la declaración del estado de alarma, el dato neto de altas y bajas de la Seguridad Social arrojó una caída en la afiliación de 182.630 trabajadoras y trabajadores. No se ha salido del negativo desde entonces. En total, el número de afiliados cayó en 833.797 en el mes de marzo si se comparan los datos del último día del mes y el último de febrero. El segundo mayor pico negativo tuvo lugar el martes 31 de marzo, fin de mes y el día en que se hicieron efectivas las nuevas medidas de paralización de actividad para reducir al mínimo la movilidad, cuando la afiliación cayó en 127.501 personas.
El 2 de marzo, el número de altas en la Seguridad Social fue de 328.807 personas y el de bajas de 292.115. Resultado: 36.692 afiliados más. Era lunes, era comienzo de mes. Sanidad mantenía el nivel de alerta en la fase de contención, el primero de los tres considerados, pero ese día, con 110 contagiados conocidos, se reunía con las CCAA para estudiar medidas adicionales en los focos en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, País Vasco y Málaga.
Se empezaba a hablar de prohibir actos multitudinarios, cerrar centros educativos y teletrabajar pero solo para esos focos. Fue una semana complicada, que incluyó un rifirrafe en el seno del Gobierno a raíz de la difusión de una guía por parte del Ministerio de Trabajo con recomendaciones sobre la COVID-19, incluida la paralización de actividad si fuese necesario para proteger a los trabajadores. Empezaban a conocerse las primeras muertes por coronavirus, que no habían sido previamente detectadas. La Bolsa no daba tregua.
Lunes siguiente, 9 de enero: 30.791 afiliados más a la Seguridad Social en el neto diario de altas menos bajas. La epidemia daba un salto en España mientras Italia iniciaba las medidas más drásticas con la orden de confinamiento de una región en la que habitan 16 millones de personas y después de la población de todo el país. En España empezaban los cierres regionales de centros educativos. Las Bolsas caían en picado. El 10 de marzo comparecía en Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar que se avecinaban “semanas difíciles” y anticipar un programa de ayudas a empresas y familias, que desde el día siguiente se enfrentaban ya en la Comunidad de Madrid al cierre generalizado de los centros educativos.
El fin de semana siguiente se decretó el estado de alarma. El lunes 16, la afiliación se derrumbó. No ha salido de los números rojos. Ya había arrojado cifras negativas desde el día 12, cuando empezaron a anunciarse medidas drásticas y se intuyeron, mirando a Italia, otras que implicaban palabras mayores. Y cayó aún más el día 13, cuando se sumó el efecto viernes. Pedro Sánchez anunció por la tarde que decretaría el estado de alarma al día siguiente, sábado. El lunes dejó de ser lunes.
El paro en marzo aumentó en 302.356, hasta situarse en 3.548.312 personas registradas. El pico de la serie tuvo lugar en febrero de 2013, cuando llegó a 5.040.222 personas registradas. La cifra no incluye a las trabajadoras y trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERTE). La suspensión temporal significa que no se causa baja en la afiliación a la Seguridad Social. Esta es una de las fórmulas a las que ha recurrido el Gobierno, modificando sus condiciones para expedientes derivados de la crisis sanitaria, para tratar de lograr que el frenazo en la economía no derive en un nuevo problema de desempleo estructural. Para fomentar el uso de esta fórmula, se ha exonerado a las empresas del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y se ha prohibido el despido por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o de producción) o causa mayor. Según ha declarado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya se ha reconocido la prestación por ERTE en marzo a 620.000 personas.
El gran golpe, a los temporales
El grupo más afectado por la caída del empleo ha sido de nuevo el de los temporales, ese creciente porcentaje de trabajadoras y trabajadores cuya vida laboral es esa rotación constante de altas y bajas que reflejan los datos diarios de afiliación.
Desde el 12 de marzo y hasta final de mes, la pérdida de puestos de trabajo temporales fue de 550.651, frente a los 162.582 indefinidos.
El aumento de la precariedad en el mercado laboral español se refleja en el creciente peso de los contratos de menos duración, los de menos de una semana, que en 2019 tuvieron un peso sobre el total de contratos del 27,3%, frente al 15,1% de 2007, antes de la crisis y de las dos reformas laborales. Casi la mitad de los 22,5 millones de contratos firmados duró menos de tres meses.
NUEVO VÍDEO | La máquina de los contratos 2019
— Datadista (@datadista) February 9, 2020
La precariedad se dispara.
Nuevo récord: 22,5 millones de contratos tramitados. Más de 60 contratos por cada puesto asalariado creado.
El 27,3% duró menos de 7 días (15,1% en 2007).
Casi la mitad, menos de 3 meses.#datosCONtexto pic.twitter.com/3ZVpeKY4m6
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