Transparencia da 10 días a Sanidad para dar los datos de residencias que se negó a hacer públicos durante meses

La resolución del Consejo de Transparencia en favor de DATADISTA implica facilitar por CCAA los datos desglosados de fallecidos, contagiados, centros intervenidos, fallecidos en centros intervenidos y causas de la intervención, entre otros.

El Imserso calcula que los fallecidos por COVID-19 en residencias o procedentes de residencias fue de 20.268 hasta el fin del estado de alarma

El 23 de marzo de este año 2020, la ministra de Defensa, Margarita Robles, apareció en Telecinco explicando que, al ir a realizar labores de desinfección a algunas residencias de ancianos, la UME había encontrado residentes fallecidos. El Gobierno declaró ese mismo día que tomaría el control de la situación. Al día siguiente, el BOE publicaba una orden del Ministerio de Sanidad, a propuesta del Ministerio de Asuntos Sociales y firmada el día anterior, en la que se ponían bajo mandato de las comunidades autónomas no solo las residencias públicas sino también las residencias privadas, se les daba poder a los gobiernos autonómicos para intervenir centros y se obligaba a las CCAA a facilitar al Ministerio de Sanidad un extenso listado de datos sobre la situación en los centros. Unos días después, se modificaba la orden para especificar que la información debía actualizarse dos veces por semana, fijándose el plazo máximo para la primera entrega el 8 de abril.

Número de centros, número de residentes, total de fallecimientos, fallecimientos por COVID-19 confirmados con prueba, fallecimientos con sintomatología compatible, así como información detallada sobre los centros a los que se hubiera abierto expediente de intervención deberían haberse convertido en parte de la información que facilitaban los responsables de Sanidad en sus ruedas de prensa constantes, al principio incluso diarias. No era un dato menor, teniendo en cuenta que hasta mayo, según el INE, los fallecidos en residencias por COVID-19 fueron 13.746 personas, sin contar los que fallecieron en un hospital tras ser trasladados desde una residencia.

Sin embargo, no fue así. A las persistentes preguntas de la prensa desde marzo a julio se insistió en responder con un guion similar (como puede comprobarse en el vídeo). Un guión que incluía que el Gobierno había tomado medidas desde el 5 de marzo, la falta de algunos de los datos y la necesidad de analizarlos antes de hacerlos públicos en un informe que se daría a conocer en cuanto se finalizase. Con la insistencia en que estaban a punto de tenerlos todos y los estaban analizando, se dio la sensación de que hablaban de una sola entrega que daría la foto fija de lo ocurrido en las residencias. Sin embargo, los fallecimientos obviamente se acumulaban a medida que lo hacían las actualizaciones que debían entregar las autonomías.

Los 22 informes y las CCAA sin nombre

Nunca se dijo qué CCAA no estaban cumpliendo. Fueron unas cuantas, según reveló Sanidad en una reunión con los responsables autonómicos en la que tampoco dio nombres concretos. Así lo recogió Elena Sevillano en un artículo en El País el 7 de julio y lo ha podido confirmar con detalle DATADISTA porque aparece en un informe sobre residencias y COVID-19 hecho público por la Junta de Castilla y León. Hasta el 23 de junio, cuando el Ministerio de Sanidad confirmó a las CCAA que ya no era necesario que aportasen nuevas actualizaciones de los datos a la aplicación informática habilitada para ello, debían haberse presentado 22 informes por cada autonomía con los datos sobre las residencias. Solo 7 CCAA cumplieron, una incluso presentando 23 porque ya había actualizado los datos cuando llegó el aviso. Otras cuatro entregaron prácticamente todos. Dos actualizaron los datos 17 veces. Una se quedó en 14 y otra en 9. Otra más solo presentó 3, dos presentaron uno cada una y hubo una que no presentó información nunca.

En aquella reunión se dijeron más cosas, como que los datos no se hacían públicos, incluso los facilitados, por su baja calidad. Especialmente inconexos e incorrectos eran los datos referidos a los centros intervenidos.

La orden de 23 de marzo que estableció la obligación de dar esta información especificaba que su incumplimiento sería sancionado conforme a la Ley de 1981 del estado de alarma, excepción y sitio.

El análisis, para septiembre

Según consta en un informe del Ministerio de Asuntos Sociales y pese a lo que se dijo una y otra vez, fue el 25 de junio, con España respirando en la llamada nueva normalidad tras el duro confinamiento y la desescalada por fases, cuando la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales celebró sesión extraordinaria. Tenían por delante realizar el análisis del impacto del coronavirus en las residencias de mayores del que tanto habían hablado ya durante meses en ruedas de prensa los representantes de Sanidad. Para ello se decidió, en aquel momento, la creación de un grupo de trabajo para realizar dicho análisis, haciendo la necesidad extensiva al Comité Consultivo del Consejo en una sesión extraordinaria celebrada ese mismo día. Los trabajos, se convino, debían estar completados al iniciarse el mes de septiembre y ser validados antes de su presentación al Consejo Territorial.

Las principales cifras del informe fueron adelantadas por María Sosa Troya en El País el 6 de noviembre en base a un borrador del informe, cuya versión definitiva, según ha comprobado DATADISTA, está fechada el 24 de noviembre y en cuya portada figura que fue presentado al Consejo Territorial de Servicios Sociales el 2 de diciembre.

Según el informe, “el último reporte de datos por parte de las CCAA al Ministerio de Sanidad (de 23 de junio) presentaba 18.883 defunciones. Este dato ha sido contrastado, depurado y corregido posteriormente por el Imserso hasta los 20.268, de los cuales el 51% estaba confirmado mediante prueba”.

La depuración de los datos facilitados dos veces por semana por las CCAA realizada por el Imserso ha consistido en contrastar la información enviada a Sanidad con los datos oficiales publicados por las propias CCAA en sus web y corregir inconsistencias como añadir los fallecidos en hospitales procedentes de residencias y no solo los fallecidos en residencias para hacer los datos homogéneos, a pesar de que la orden de Sanidad se refería únicamente a estos últimos.

Obligados a dar información

En vista de la imposibilidad de salvar el muro establecido por Sanidad en las ruedas de prensa, en las que se repetía que se estaba siendo absolutamente transparente, DATADISTA pidió el 30 de abril a través de una petición de información pública por el Portal de Transparencia todos los datos desglosados sobre residencias que figuraban en el anexo de la orden del 23 de marzo y que debían entregar las CCAA a Sanidad dos veces por semana y sus actualizaciones. En ese momento, el Gobierno tenía suspendidos los plazos administrativos, en los que incluyó las peticiones de información pública pese a declarar a los periodistas como servicio esencial. Cuando el 1 de junio se levantó finalmente la suspensión de los plazos, empezó a contar el tiempo de respuesta como si fuera de cero. El Ministerio tenía un mes para contestar. Nunca lo hizo.

El 10 de septiembre, DATADISTA reclamó ante el Consejo de Transparencia al considerar que ya no cabía la saturación de peticiones como explicación y que la petición había sido denegada por silencio administrativo. El Consejo informó al Ministerio de Sanidad y le pidió alegaciones a la reclamación de este medio. Sanidad, como tantas otras veces, cosa que ya le ha afeado en muchas ocasiones el Consejo, ni siquiera se molestó en presentar alegaciones a pesar de constar la recepción de la solicitud del Consejo.

Resolución reclamación tran... by datadista

En esta ocasión, el Consejo de nuevo le recuerda a Sanidad que “la solicitud de alegaciones (…), además de garantizar el principio de contradicción en la tramitación del procedimiento, permite al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno obtener todos los elementos de juicio necesarios, de tal forma que la resolución de la reclamación atienda a todas las circunstancias que sean de aplicación al caso concreto”.

Transparencia considera en su resolución que dispone de “elementos para confirmar – salvo indicación en contrario que, como hemos señalado, no se ha producido- que el Ministerio de Sanidad dispone de los datos solicitados”. De no ser así, se habría incumplido la orden. Como apunta Transparencia, “recordemos que los titulares de los centros deben garantizar la puesta a disposición de la información, que se debe facilitar -y actualizar- con la periodicidad y a través del medio que indique la autoridad competente de la respectiva comunidad autónoma”. Transparencia de hecho recuerda que según la orden del 23 de marzo “el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en aras al cumplimiento de lo previsto en esta orden, será sancionado con arreglo a las leyes”.

Sanidad disponía de 10 días hábiles para facilitar la información, a contar desde el 3 de diciembre. Puede recurrir ante los tribunales de lo contencioso-administrativo e incluso, le abre la puerta Transparencia, “en el supuesto de que la información requerida no pudiera desglosarse con el nivel de detalle que se solicita, se debe hacer constar expresamente dicha circunstancia”. Ahora bien, esta vez Sanidad debe explicar por qué, puesto que la resolución insta a, en ese caso, “justificarlo debidamente”.

El pasado 2 de diciembre, DATADISTA le preguntó al ministro de Sanidad y a la ministra de AAPP por el habitual incumplimiento de la Ley de Transparencia del Ministerio más relevante durante la pandemia. El ministro, que no ha dudado en defender durante la pandemia la absoluta transparencia con que actúa su ministerio, volvió a afirmar que “el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España han tenido una actitud de completa transparencia, compareciendo semanalmente ante el Congreso de los Diputados respondiendo a las preguntas que han llegado por escrito y a todas las peticiones de información que han llegado”.

Por su parte, preguntada sobre si, en vista del incumplimiento sistemático de la normativa, contempla imponer un régimen sancionador como en otros países en el reglamento de la Ley de Transparencia, actualmente en elaboración, la ministra Darias declaró que “el Gobierno considera que la transparencia es un elemento fundamental de la acción de Gobierno” pero que “lo importante no es establecer un régimen sancionador” sino “seguir trabajando”. Así mismo, señaló “el volumen tan importante” de solicitudes de información pública, con meses en que se superan las mil, lo que supone “una importante carga de trabajo para los ministerios concernidos”.