ERC vs Ayuso, batalla en datos por el impuesto de Patrimonio

La Comunidad de Madrid es la única que lo ha mantenido bonificado al 100% desde que se recuperó por la crisis, renunciando a ingresar 5.921 millones entre 2011 y 2018.

Hay un impuesto que parece capaz de volver centralistas a los independentistas, federalistas a los centralistas, derechas a las izquierdas y viceversa. Hay un impuesto en España que genera pasiones en campaña electoral ya sea si se promete cobrarlo como borrarlo y, después de la fiesta de la democracia, provoca infinitos digodiegos. Señoras y señores, con ustedes, el impuesto de Patrimonio.

Esquerra Republicana de Catalunya, partido que defiende la independencia de Cataluña del Estado español, ha presentado, entre sus enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, una que pide que se cree “una cuota estatal en el Impuesto sobre el Patrimonio” para impedir la competencia fiscal entre autonomías. La idea no es nueva pero con el dedo de la enmienda señala directamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por el Partido Popular, que aunque defiende que el independentismo es un ataque a la solidaridad entre regiones, ha hecho público un comunicado exigiendo “al Gobierno central que respete la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y no imponga nuevos tributos a los madrileños”, los únicos que no pagan un euro de Patrimonio.

La traducción en datos de esta polémica son los 5.921 millones de euros que la Comunidad de Madrid ha bonificado (o visto de otro modo, renunciado a ingresar) entre 2011 y 2018 por impuesto de Patrimonio.

En el mismo periodo, CCAA como Catalunya, Comunidad Valenciana y Andalucía ingresaron en sus arcas por Patrimonio 3.610 millones, 886 millones y 651 millones respectivamente. En total, la recaudación por el gravamen al Patrimonio de las CCAA que sí lo cobraron fue, entre 2011 y 2018, de 7.554 millones de euros.

La Comunidad de Madrid fue la única que mantuvo el impuesto de Patrimonio bonificado al 100% durante toda la crisis y continúa bonificándolo. Sin embargo, esa fórmula de la bonificación al 100% del impuesto de Patrimonio no la inició la Comunidad de Madrid ni el Partido Popular, sino el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero quien, a finales de 2007, ya metido en plena campaña electoral de las elecciones de 2008 y con la burbuja inmobiliaria y financiera al límite del estallido -en una conferencia organizada por The Economist para más señas- anunció la supresión de facto del impuesto por considerar que recaía en “las clases medias” y “no sobre las altas” que “encuentran fáciles mecanismos de elusión”.

Zapatero respondía anticipándose al anuncio un mes antes de Esperanza Aguirre, presidenta entonces de la Comunidad de Madrid, de iniciar una rebaja de los tipos aplicados al impuesto de Patrimonio hasta llegar a la supresión total en 2010. Cuando ahora se acusa a Madrid de competencia fiscal con otras regiones se hace referencia a una intención reconocida por Aguirre, quien anunció que la rebaja tenía la intención de dar una imagen de Madrid “business friendly” para “que vengan aquí los creadores de riqueza, prosperidad, bienestar y empleo”. El candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, dijo que él también lo suprimiría de llegar al Gobierno pero no llegó, tendría que esperar unos años, con el impuesto ya recuperado.

Fue Zapatero, BOE en mano, quien no solo bonificó al 100% el impuesto sino que eliminó la obligación de presentar la declaración, lo que provocó el apagón de datos que hay en la estadística de patrimonios en España entre 2008 y 2010. Y fue Zapatero quien lo recuperó a petición del fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, de nuevo en plena campaña electoral, con Rubalcaba como candidato.

Era finales de 2011, cuando todo ingreso en las arcas públicas se hacía poco. Con la crisis de deuda apretando a España, el desempleo disparado y el Gobierno de Zapatero habiendo anunciado ya recortes nivel “me cueste lo que me cueste”. Se aprobó un 16 de septiembre de 2011 por Real Decreto-ley y se recuperó con carácter temporal pero inmediato, para poder aplicarlo a los patrimonios a 31 de diciembre de ese mismo año. Iban a estar en vigor dos ejercicios. El Gobierno de Mariano Rajoy, que se hizo con el poder por mayoría absoluta tras los comicios de noviembre de 2011, antes incluso de devengarse el impuesto, lejos de eliminarlo en el plazo previsto, lo renovó una y otra vez para no obligar a las autonomías que lo cobraban a renunciar a esos ingresos. Y renovado sigue.

La recuperación del impuesto de Patrimonio vino con importantes cambios. Fundamentalmente se elevaron los mínimos exentos pasando de los 601.012 euros como mínimo para estar obligado a declarar a los 2 millones de euros. Además se elevó el mínimo exento de 108.182 euros a 700.000 euros y la parte exenta de la vivienda habitual de 150.253 a 300.000 euros.

Como buena parte de la competencia normativa y la de recaudación recae en las CCAA, estas pudieron mantenerlo bonificado en todo o en parte. Madrid siempre lo ha bonificado al 100%. La Comunidad Valenciana y las Illes Balears lo bonificaron al 100% en el primer año de la recuperación, 2011, pero desde entonces lo cobran. Cataluña lo bonifica parcialmente desde 2015, al igual que La Rioja.