Una de cada dos mujeres con pensión contributiva de Badajoz, Cuenca y Cáceres cobra la pensión mínima. En Ciudad Real, Zamora, Jaén, Albacete y Ávila, las mujeres con pensión con complemento a mínimos superan el 45 por ciento del total de mujeres con derecho a pensión contributiva. España es un cúmulo de brechas en las que las mujeres acostumbran a salir peor paradas, especialmente si entran en la ecuación la maternidad y los cuidados y, como consecuencia, historias de cotización laboral más breves, con interrupciones y con salarios más bajos. En las pensiones hay una brecha norte-sur, una entre este y oeste, otra entre interior y litoral y una profunda de género que atraviesa todas las demás. En España, viven con una pensión con complemento a mínimos 2.265.659 personas, la inmensa mayoría (86,2%) por jubilación o viudedad. Casi el 66 por ciento son mujeres.
De las mujeres que cobran en España una pensión contributiva, el 29,1 por ciento cobra el mínimo, frente al 16,5 por ciento de los hombres. El porcentaje de mujeres que cobra la pensión mínima es diez puntos porcentuales superior al de los hombres en todas las provincias menos dos, que tampoco andan muy lejos de ese nivel.
La brecha existe en Madrid, 20,9 de las mujeres frente a 8,5 de los hombres; en Barcelona (19 frente a 8 por ciento) o en Vizcaya (16,7 frente a 5,9). Pero allí donde los hombres ya reciben pensiones mínimas en un porcentaje más alto, el porcentaje en las mujeres se dispara. Las menores diferencias se encuentran en Lugo (8 puntos porcentuales); Guipuzcoa (9,7); Álava (10,4); Gerona (10,6); Vizcaya (10,8) y Barcelona (10,9). Las mayores, en Toledo (19,8 puntos de diferencia); Ciudad Real (18); Segovia (17,6) y Pontevedra (17,4).
Un estricto control que pone coto a cualquier mejora
Cobrar la pensión mínima significa que la pensión contributiva, la que la Seguridad Social considera que se ha generado con el trabajo por el que se cotizó, no llega a un mínimo determinado y el Estado decide complementar hasta ese mínimo. A cambio, impone un estricto control a quienes cobran ese plus, limitando la posibilidad de obtener otros ingresos. Superada una determinada cantidad, hoy fijada en 7.707 euros anuales por encima de la pensión, el complemento a mínimos se va reduciendo en la misma proporción en que haya sido sobrepasada hasta desaparecer.
El complemento no se consolida, no es un derecho adquirido y es "absorbible con cualquier incremento futuro que puedan experimentar las percepciones de la persona interesada, ya sea en concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico que den lugar a la concurrencia de pensiones", dice el BOE. Los complementos por mínimos son incompatibles con la percepción de rendimientos de trabajo, capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales.
Si se tiene cónyuge a cargo, y se cobra por ello un mayor complemento a mínimos, el cónyuge no puede ser titular de una pensión y los rendimientos entre ambos no pueden superar al año los 8.990 euros.
El complemento tampoco puede superar la pensión de jubilación en la modalidad no contributiva, que en 2021 está fijada en 5.639 euros anuales. Es decir, si la pensión reconocida por el Estado es tan baja que exigiría un complemento para alcanzar el mínimo superior a esa cantidad, se limita a la misma.
A los y las que empezaron a cobrar después del 1 de enero de 2013 se les obliga además a ser residentes en España, lo que significa que no pueden pasar más de 90 días al año fuera del país.
Subidas por encima del IPC
Las cuantías de las pensiones mínimas han variado notablemente en los últimos 15 años, especialmente en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Mejorar la pensión mínima por encima del IPC fue uno de sus principales empeños y logros. Si se incluye la paga de ajuste por desviación del IPC, la pensión mínima para mayores de 65 años con cónyuge a cargo pasó de 492,02 euros mensuales en 14 pagas en 2004 a 763,30 en 2012. Incluso en su famosa congelación de las pensiones de 2011, mantuvo las mínimas al margen. El Gobierno popular de Mariano Rajoy dejó la revalorización de las mínimas desde 2014 en el 0,25 por ciento, independientemente de si el IPC se situaba por encima o no.
En 2018, últimos presupuestos prorrogados una y otra vez antes de los actuales en vigor, el Gobierno de Rajoy pactó con el PNV, para sacar las cuentas adelante, una revalorización de las pensiones mínimas del 3 por ciento que se ha venido repitiendo con cada prórroga de las cuentas anuales, incluido 2019, cuando el IPC se situó en el 0,4 por ciento. Se recuperó además la paga de principios de año que compensaba las desviaciones del IPC previsto.
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