El juez Ángel Garrote, del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, ha mantenido un empeño en las diligencias del proceso de instrucción que investiga el daño al Mar Menor: seguir el rastro del agua. Los múltiples datos obtenidos en el llamado 'caso Topillo' y el cruce de unos con otros indican que, tras el primer episodio de sopa verde en la laguna, que empieza a desencadenarse en 2015 y se muestra plenamente en 2016, las empresas agrícolas y agricultores investigadas, lejos de reducir sus prácticas y vertidos, las aceleraron.
Como refleja el auto de solicitud de acusaciones al que ha tenido acceso DATADISTA y que es el paso previo a la apertura de juicio oral de la primera pieza de la causa, el juez pidió de todo para seguir el rastro del agua: un informe pericial sobre la cantidad de agua que necesitaban las empresas y agricultores para la producción de frutas y hortalizas que obtenían cada año; información sobre las cantidades adquiridas por cada una a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que procede fundamentalmente del Trasvase Tajo-Segura, deduciendo cuánta tenía por tanto que venir de otros orígenes; los informes con los datos de quiénes tenían desaladoras y pozos, su situación de legalidad y uso y el nivel de nitratos de sus aguas; así como las facturas que recogen cuándo y cuánto producto químico compraron susceptible de ser utilizado en procesos de desalación, facturas que obtuvo en registros a las empresas suministradoras.
En el camino se ha topado con datos que se repiten en numerosas empresas y agricultores de los 38 investigados en esta pieza: una caída drástica de las adquisiciones de agua a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena que se inicia en la inmensa mayoría de los casos en 2015 y se hace mucho más intensa en 2016 y 2017, una vez declarado el primer episodio de sopa verde en el Mar Menor, y cantidades de agua muy inferiores a la que necesita cada explotación, con un "desfase especialmente relevante en los años 2016 y 2017".
Los datos coinciden, aunque el juez no recoja este hecho, con la sequía iniciada en 2015 y la reducción continuada en ese ejercicio y los siguientes de la aportación del Trasvase. La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena gestionó mucha menos agua y suministró por tanto mucha menos agua. A pesar de ello, la producción de las empresas y agricultores investigados siguió, cuando el agua que supuestamente recibían, según el perito, no daba "ni de lejos" para cubrir las necesidades de riego para esa producción.
¿De dónde salía el agua? Aquí es donde entran en juego el resto de datos analizados por el juez. En los años en que reducían más la cantidad de agua adquirida a la Comunidad de Regantes, las empresas y agricultores investigados adquirieron importantes cantidades de Ecoflow 32, Hidroperm y/o RPI 3.000 y 4.000, todos ellos desincrustantes que se utilizan en el proceso de ósmosis inversa que opera la desalación del agua. Según un estudio de costes manejado en la instrucción, se necesitan 3,85 mg de Ecoflow por litro de agua desalada. Algunas de ellas incluso adquirieron las desaladoras, con la inversión que ello implica, después de producirse el episodio de sopa verde.
Esa necesidad de desalar es indicativa de que el agua procedía del acuífero cuaternario, que se extiende bajo el Campo de Cartagena, que está contaminado por los nitratos de los abonos pero que además tiene el agua salobre porque está conectado con el Mar Menor.
Datadista
El agua salobre no es apta para el riego y al desalobrarla se genera un 75% de agua útil para regar y un 25% de rechazo que concentra la salmuera y con ella los nitratos, vertido altamente peligroso para las masas de agua porque al ser abono concentrado multiplica la reproducción de organismos como el fitoplancton, pudiendo llevar a la eutrofización del agua. Es decir, lo que le ha ocurrido al Mar Menor.
Un buen número de empresas y agricultores han declarado que el producto químico se adquiría para limpiar los goteros del riego y en muchos casos han asegurado que no usaban las desaladoras que fueron localizadas en sus plantaciones, pese a que estas instalaciones tienen un alto coste que puede llegar a los 400.000 euros. A estos el juez no los ha creído. La limpieza de los goteros puede realizarse con productos mucho más baratos y no se necesitarían las cantidades adquiridas, por no hablar del déficit hídrico que resulta del cálculo de las necesidades de agua de cada explotación realizado por el perito.
Con todo ello, unido al número de pozos y desaladoras de cada explotación, el auto realiza un cálculo del agua extraída de los pozos y el vertido que habrían generado, comprobando que en la mayoría de casos este iba a la Rambla del Albujón y de ahí al Mar Menor.
Las pruebas en los pozos, la mayoría explotados sin autorización, arrojan niveles de nitratos en el agua, es decir, antes de la concentración de los mismos que provoca la desalación, que ya están muy por encima del máximo establecido por la Unión Europea, fijado en 50 miligramos por litro.
Según una analítica realizada entre mayo y junio de 2020, los hay con 92,6 miligramos de nitratos por litro (Agrícola Almazara); 113 mg/l (GS España); 150 mg/l (Finca Lo Cerezuela); 221 mg/l (S.L.J.); 203 mg/l (J.G.L. y J.G.S.); 150 mg/l (Agrotomy S.L.); 187 mg/l (Hermanos Hernanpe); 162 mg/l (J.R.V.); 83,6 mg/l (J.M.L.I.); 126 mg/l (S.C.L.); 142 mg/l (Agromaines S.L.); 114 mg/l (A.M.L.G.); 156 mg/l (A.M.); 207 mg/l (J.A.L.A.); 200 mg/l (Agrícola Los Rizaos S.L.); 122 mg/l (F.C.M.); 169 mg/l (Explotaciones Agrícolas El Mirador); 241 mg/l (Agroalframa S.L.); 342 mg/l (Agropecuaria Erica S.L.); 377 mg/l (Ciky Oro) y hasta de 404 mg/l (Veryfruit Eco).
Un último informe pericial ecotoxicológico solicitado por el juez define, empresa a empresa, que, "a la vista de los criterios de ubicación de la explotación, volumen de agua desalada en el tiempo, destino del vertido, conductividad y concentración de nitratos del agua presuntamente desalada, la extracción y el vertido que se imputa a esta empresa es susceptible de generar un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales expuestos en función de la magnitud, influencia, extensión y contaminación asociada. Y este vertido, conjuntamente con el resto de vertidos analizados en la pericial, se identifica como una de las causas principales del deterioro irreversible y catastrófico en la calidad del medio natural acreditada en el caso del Mar Menor".
El acuífero Cuaternario no fue declarado en riesgo de no alcanzar el buen estado químico por la Confederación Hidrográfica del Segura hasta el año 2020 y fue a raíz del aviso de la Comisión Europea de que podía llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE por no tomar las medidas necesarias para reducir la contaminación de las aguas por nitratos derivados de la agricultura y ganadería. Esta semana, Bruselas ha hecho público que finalmente lleva a España ante el TJUE.
Las aguas verdes del Mar Menor, los episodios de anoxia, el negacionismo de algunas administraciones y sus avances regulatorios solo cuando las orillas del Mar Menor se llenaban de peces y crustáceos agonizando no han contribuido a mejorar la imagen de España ante la UE. Ahora el auto del juez comprueba que, precisamente cuando el daño a la laguna, que se llevaba advirtiendo durante décadas, se hizo patente a ojos de todo el mundo, agravaron sus actuaciones. Las fechas indicarían que, en lugar de adquirir conciencia tras el primer gran episodio de sopa verde, las empresas y agricultores investigadas en la primera pieza del 'caso Topillo' aceleraron a partir de la sequía de 2015 y durante los años siguientes los procesos que durante décadas han contribuido a dañar la laguna: la extracción de agua, su desalación, el vertido del rechazo con concentrado de nitratos al subsuelo o al Mar Menor.
La investigada número 39
La empresa investigada número 39, que no es una empresa agrícola sino la que se encargó de la instalación de las máquinas desaladoras y el suministro de los químicos a la mayoría de las explotaciones investigadas en esta pieza, añade otro dato relevante respecto a la reacción en el Campo de Cartagena tras la sopa verde. Insal siguió instalando máquinas desaladoras incluso en 2017, "siendo un hecho notorio que en el año 2016 se desmantelaron todas las conducciones del salmueroducto, evidenciándose la ilicitud de la actividad de desalación".
El administrador de Insal reconoció que conocía que tras la sopa verde se había desmantelado esa canalización que durante años recibió los vertidos de las desaladoras. La intención de ocultarlas era además evidente por las horas de madrugada a las que se transportó una de ellas y el hecho de que otra se instalase "en un contenedor situado bajo tierra, aparentemente para evitar que la máquina fuera detectada por las autoridades".
Insal ha sido clave en el proceso de instrucción. La aparición de su nombre en una instalación tras otra hizo que el juez ordenase el registro de la sede de la compañía, donde se obtuvo información de la localización exacta de numerosas desaladoras y las facturas con los datos de los productos químicos. En algunas de ellas figura expresamente la palabra "planta" u "ósmosis". La documentación incautada en las oficinas de Insal dio lugar a operaciones especiales de la Guardia Civil para localizar plantas de desalación.
De sequía a sequía, más de 20 años desalando agua contaminada junto al Mar Menor
El 8 de mayo de 2015 se aprobó el Real Decreto por el que se declaraba la situación de sequía en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura. Habían pasado 20 años desde aquella otra profunda sequía, la que fue de 1991 a 1995 y que marcó un antes y un después en el proceso de degradación de las aguas del Mar Menor fundamentalmente por los efectos del regadío intensivo.
Entonces la declaración de sequía admitió la desalación de aguas subterráneas y la Confederación Hidrográfica del Segura buscó el modo de autorizar que las empresas agrícolas y los agricultores del Campo de Cartagena pudieran instalar desaladoras de forma provisional, como contó DATADISTA en La gran chapuza. Como la mayoría de los pozos no estaban legalizados y cada desaladora debía llevar un pozo asociado, optaron por hacer concesiones de pozos de sequía simultáneas a las autorizaciones de las plantas de desalación, a las que se permitió realizar los vertidos al Mar Menor, según la documentación a la que accedió DATADISTA.
DatadistaLos pozos debieron cerrarse tan pronto como se dio por terminada la sequía pero no fue así. Siguieron utilizándose. Las autorizaciones de las máquinas desaladoras se revirtieron pero se miró para otro lado no solo ante la continuación de su uso sino ante la proliferación de plantas bajo el Campo de Cartagena, que se llegaron a contar por centenares. Los pozos de sequía no se precintaron hasta la segunda década de los 2000 pero muchos de ellos se volvieron a autorizar pocos años después, con la sequía de 2015.
Los datos, empresa a empresa
Por mostrar con algunos ejemplos cómo ha desarrollado el juez la investigación, GS España, la empresa a la que el juez atribuye un mayor perjuicio económico por el daño al Mar Menor (2,55 millones de euros), necesitaba para su nivel de producción y el tipo de cultivo que practica 1,54 millones de metros cúbicos de agua al año. La suma de lo adquirido a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, es decir, el agua procedente del Trasvase, se queda lejos de esa cifra. En concreto, entre 2013 y 2017 necesitó 2,36 millones de metros cúbicos de agua más de la que obtuvo de la Comunidad de Regantes, con desfases crecientes entre 2015 y 2017.
La empresa tenía un pozo en el paraje de Barranquillo, en Torre Pacheco, y dos máquinas desaladoras que no contaban con autorización. En el registro de la empresa HIDROTEC se localizaron facturas a nombre de GS España de 18.000 kilos de Hidroperm, fechadas entre el 31 de enero de 2012 y el 19 de octubre de 2016.
El juez considera acreditado de manera indiciaria que, entre 2012 y 2016, GS España extrajo 3,27 millones de metros cúbicos de agua. El pozo del que se extrajo, según una analítica practicada en junio de 2020, tenía una concentración de nitratos de 113 mg/litro. GS España habría generado un rechazo de 818.181 metros cúbicos, "desconociéndose su destino".
En este caso, el administrador de la sociedad admitió ante el juez haber utilizado las desaladoras, aunque dijo que "pensaba que estaba autorizado, al haberse conectado al enganche de un salmueroducto especialmente diseñado para ese vertido".
Los responsables de Ciky Oro, otra de las empresas a la que se atribuye uno de los mayores presuntos daños (valorado por el juez en 1,35 millones de euros), declararon ante el juez que los 5.922 kilos de Hidroperm y los 4.488 kilos de Ropur RPI 4.000 que figuraban en facturas a su nombre de la empresa Hidrotec, emitidas entre el 8 de enero de 2013 y el 2 de febrero de 2016, "se utilizaron única y exclusivamente para la limpieza de los goteros", negando "haber utilizado las desaladoras (se localizaron tres sin autorización además de varios pozos) porque carecían de autorización".
El juez no les cree. "Es poco probable que el Hidroperm y el RPI 4.000 se destinasen a los goteros, considerando que su adquisición coincide con el periodo en que se habría utilizado la desaladora, su sobreprecio con respecto a otros productos utilizados habitualmente con esa finalidad y que no se haya aportado ni un solo medio de prueba" de ese uso. Se suma que la adquisición de los productos desincrustantes se incrementó notablemente en 2015, cuando se instala la tercera desaladora. A esto el juez añade "el importante déficit hídrico detectado". Es decir, que el agua que les llegaba del Trasvase no daba para producir lo que producían al año.
El nivel de nitratos del agua de los pozos localizados que "presuntamente alimentaban las desaladoras" está muy por encima del límite de 50 mg/l. En concreto, "arrojaron una concentración de nitratos de 377, 341 y 252 mg/l" respectivamente, según la analítica practicada en junio de 2020.
El juez considera acreditado de manera indiciaria que, entre 2013 y 2016, Ciky extrajo 1,77 millones de metros cúbicos de agua de los pozos de tres fincas para después desalarla y que este proceso habría generado un rechazo de 441.769 metros cúbicos que se vertía a un salmueroducto que desembocaba en la Rambla del Miedo.
También figuran entre las empresas investigadas aquellas que participaron en el proceso impulsado por la CHS que intentó regularizar los centenares de desaladoras del Campo de Cartagena, proceso en el que colaboraron los agricultores y que se paralizó al comprobarse la magnitud del problema, guardándose el Excel con la localización y datos de las instalaciones y optando por mirar a otro lado.
Es el caso de Pozo Camachos S.L., que según el juez habría causado un daño valorado en 1,7 millones de euros generando un rechazo de salmuera con nitratos de 592.201 metros cúbicos que fue a para a la Rambla del Albujón a través del salmueroconducto y de ahí al Mar Menor. En su caso una de las pruebas es haber adquirido a Insal 9.450 kilos del desincrustante Ecoflow 32.
Explotaciones El Montes S.L. tenía desaladora y tres pozos, de los que solo uno contaba con autorización. Compró 6.600 kilos de desincrustante Ecoflow 32 a Insal entre marzo de 2015 y septiembre de 2017 y redujo el agua consumida con cargo a la Comunidad de Regantes especialmente desde 2015, coincidiendo con los años de uso de la desaladora. La administradora de la sociedad aseguró "reiterada y contundentemente que la máquina nunca se utilizó y que el Ecoflow se destinó a desatascar los goteros". La afirmación, según el juez, "resulta poco verosímil, vista la multiplicidad de indicios expuestos". El daño económico de esta empresa se valora en 1,3 millones de euros.
Explotaciones Agrícolas Los Triviños S.L. extrajo entre 2013 y 2017, según los indicios, casi 1,5 millones de metros cúbicos de agua de un pozo para después desalarla, generando un rechazo de 372.402 metros cúbicos. Las facturas incautadas en el registro a Insal muestran que habrían comprado 5.735 kilos de Ecoflow 32 entre el 31 de enero de 2013 y el 20 de diciembre de 2017. El encargado de la explotación reconoció el uso de la instalación aunque dijo que solo se utilizaba puntualmente y que "sabían que no tenían autorización pero que la Administración consentía y pensaba que no estaban haciendo nada malo". El juez calcula el daño económico en 1,13 millones de euros.
Las 39 empresas investigadas podrían presuntamente haber cometido un delito contra el medio ambiente recogido en el artículo 325 del Código Penal, castigado con penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses y su agravante del artículo 327, castigada con penas de prisión de dos a cinco años y multa de ocho a 24 meses.
El juez también atribuye a tres ex altos cargos del Gobierno de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura un presunto delito contra el medio ambiente recogido en el artículo 329 del Código Penal.
Ana Tudela
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