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Urrea: "He de reconocer que hemos aprendido a cerrar el grifo [al regadío ilegal]. Ni yo ni mis antecesores lo habíamos hecho."

  •   19 minutos de lectura

  • "No somos los únicos [con un problema de contaminación por nitratos en los acuíferos]. España está mal. Europa está mal".
  • "Que un organismo de cuenca ordene la agricultura no se había hecho nunca. Hemos sido pioneros. (...) No sé si otros nos seguirán. (...) Vimos que teníamos la posibilidad de limitar el uso de fertilizantes y nos acogimos a ella. (...) No hemos hecho nada diferente de lo que tenía que haber hecho la Administración autonómica".
  • "He de reconocer que nosotros hemos aprendido a cerrar el grifo [al regadío ilegal]. Ni yo ni mis antecesores lo habíamos hecho. (...) Tenemos ya 6.000 hectáreas desconectadas. (...) El Gobierno autonómico, lo que tiene que hacer es que en el terreno desaparezca la infraestructura de riego y si era monte o matorral, que vuelva a ser monte o matorral y, si era un secano, que pase a ser secano. (...) Llevan del orden de 900 o 1.000 hectáreas restituidas".
  • "Vamos a hacer un plan intensivo de control de la ganadería, de determinadas granjas. (...) Yo creo que en seis meses habremos visto una parte importante del Campo de Cartagena".
  • "A nosotros nos rompen coches. Hay violencia contra el personal de campo de los organismos de cuenca. No es generalizado, pero sí es un dato relevante que alguien que es la policía se vea agredida, bien personalmente o bien en los medios con los que trabaja, por los ciudadanos a los que en teoría sirve".
  • "Hay en torno a 190 hectómetros cúbicos de sobreexplotación [de acuíferos]. Por lo tanto, ese es el volumen de agua que en principio, en el 2027, deberíamos ser capaces de no extraer. (...) En este momento no podemos decir qué parte [de superficie de regadío] va a ser sustituida por un cambio de cultivo; qué parte va a tener un recurso externo, aunque algunas sí las sabemos ya porque hay desaladoras [de agua de mar] que ya están sustituyendo agua subterránea, y qué superficie no se podrá seguir cultivando".
  • "Todo el país está en una situación de riesgo con mayor o menor gravedad, en función de su localización geográfica, por el tema del cambio climático. Eso es evidente. Parece que los expertos nos han convencido ya, si tenían que convencernos, de que va a haber menos aportaciones [de agua]. Y si va a haber menos aportaciones, hay que adaptarse".
  • "Nuestro plan [de tercer ciclo] refleja un conjunto de actuaciones, tanto respecto al trasvase Tajo-Segura como de las aguas subterráneas, para intentar mantener en lo posible la actividad socioeconómica y, si tiene que disminuir, que sea lo mínimo posible. Porque al final es el soporte del territorio. (...) El Ministerio está trabajando para poder minimizar esos impactos, con todo el plan de desalación, ampliación, interconexión y de plantas fotovoltaicas. (...) Habrá que esperar al final, a ver cómo se cierran los planes [del Tajo y del Segura], y entonces será cuándo realmente tendremos la certeza de ese impacto que se pueda producir".
  • "Si hace falta más agua, hoy por hoy, el escenario que nos planteamos es un incremento de desalación adicional a lo que ya hay y lo que está ampliándose. Yo lo que sé es que ahora mismo las desaladoras, si no están al 100%, están al 95%. Es decir, no podemos, o podemos pero no se correspondería con la realidad, decir que en la cuenca del Segura sobra agua".

Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), se sienta con DATADISTA de nuevo en octubre de 2022. Es un momento clave para el organismo de cuenca. Con los planes de tercer ciclo (2022-2027) en pleno proceso de aprobación, que en el caso del Segura incluyen la obligación de reducir en 190 hm3 el agua subterránea que se extrae de unos acuíferos sobreexplotados en paralelo a un recorte del trasvase Tajo-Segura aún por definir pero que ya está provocando tensiones a todos los niveles; un dictamen motivado de la Comisión Europea a España por no haber protegido las aguas subterráneas de los nitratos de la agricultura que apunta directamente a las consecuencias para el Mar Menor; recién entregados por los regantes los informes técnicos sobre las medidas cautelares impuestas por la CHS para reducir los fertilizantes en el Campo de Cartagena; y con 6.000 hectáreas de regadío ilegal con el grifo ya cerrado después de años en que ninguna administración parecía verlo, Urrea no puede decir que se esté aburriendo desde que cogió las riendas de la CHS a mediados de 2018.

EL EFECTO DEL AVISO DE EUROPA

CONTEXTO | El 2 de julio de 2020 se conocía el dictamen motivado de Bruselas a España, previo a un posible expediente sancionador, por no haber protegido las aguas subterráneas de la contaminación por nitratos procedentes de la agricultura. Entre los ejemplos destacados, la Comisión Europea apuntaba al estado del Mar Menor y la insuficiencia de las medidas tomadas tras la crisis de la 'sopa verde' de 2015 a 2016 y el primer episodio de anoxia y mortandad masiva de peces de octubre de 2019.
La comunicación de Bruselas lo cambió todo. En cuestión de días, la Confederación Hidrográfica del Segura declaró oficialmente contaminado el acuífero Cuaternario, la capa superior de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena, y tomó medidas cautelares que afectaban directamente a la agricultura. Las principales: controlar la cantidad de fertilizante en las tierras más cercanas al Mar Menor y limitar a dos los ciclos de producción de hortícolas. Resultó que sí se podía. Que si un Gobierno autonómico, en ejercicio de sus competencias, no obliga a los agricultores a cumplir los límites de fertilizantes que establece la ley, la administración hidráulica puede hacerlo.

PREGUNTA | Científicos y ecologistas llevaban décadas avisando del riesgo del regadío superintensivo y sus fertilizantes para el Mar Menor. La sopa verde fue en 2016. El primer episodio de mortandad de peces, en 2019... ¿Cómo es posible que se haya tardado tanto en actuar?

RESPUESTA | Si no se actuó antes, habría que preguntarles a los que estaban antes. Yo llegué el 1 de agosto de 2018. Al final de ese año tuvimos ya un episodio de lluvia importante y en 2019 pasó lo que pasó. La Confederación tiene las competencias que tiene, no tiene una varita mágica, permítanme la presión, para poder resolver los problemas. Tiene un ámbito competencial muy claro.

Si se mira el mapa de España de contaminación de acuíferos, no somos los únicos. España está mal, Europa está mal. El problema que ha activado todo esto ha sido la crisis ecológica del Mar Menor. Si tú tienes un acuífero que está contaminado, y es duro lo que voy a decir, pero no afecta ni a las personas, porque el abastecimiento urbano va por otra vía, y no tiene un ecosistema asociado que se vea perjudicado, tienes una bomba de relojería ahí abajo, pero no explota. El problema es cuando explota.

Y cuando esto explotó, primero con la crisis de 2015, se empezó a reaccionar. Después de lo de 2019 hicimos un análisis muy serio y concienzudo de hasta dónde la ley nos permitía actuar como organismo de cuenca y encontramos las claves. Esto de las medidas cautelares, que un organismo de cuenca ordene la agricultura no se había hecho nunca. Hemos sido pioneros. No sé si nos seguirán otros en otros sitios, pero nosotros vimos que había unos mecanismos legales.

El legislador suele hacerlo bien, suele dejar claves para que las cosas vayan bien. Lo que hay que hacer es aplicarlas. Nosotros, en el momento que vimos que teníamos esa posibilidad, a través de Junta de Gobierno, de limitar la utilización de fertilizantes, nos acogimos a ella.

Pero desde un punto de vista estrictamente técnico, no hemos hecho nada diferente de lo que tenía que haber hecho la Administración autonómica. Son las mismas cifras, las mismas restricciones que tienen ellos en sus buenas prácticas. Lo mismo que tienen ellos en sus leyes.

PREGUNTA | Una vez hecha esa declaración de contaminación o de riesgo químico del acuífero, que por cierto supera desde hace muchos años el límite legal de 50 mg por litro de nitratos y que afecta directamente al Mar Menor, ¿qué mecanismos se activan?

RESPUESTA | Una vez está diagnosticada una masa de agua como afectada por contaminación o con riesgo de no alcanzar el buen estado cualitativo, que es la denominación exacta, hay que actuar en dos frentes. El primero, que es lo que ha venido diciendo el Ministerio [de Transición Ecológica] desde el minuto cero, hay que actuar en origen. Lo que no podemos es seguir contaminando la masa de agua.
Esa es la razón de ser de las medidas cautelares.

Y esa es la razón de ser de esos controles exhaustivos que estamos realizando, tanto desde el punto de vista del control de la superficie de riego... Porque no nos engañemos, la superficie de riego que se está regando de manera ilegal hace dos efectos perversos o negativos: por un lado, consume un agua que no debería de consumir y que tendría que estar consumiendo otro y además está utilizando unos fertilizantes que está introduciendo en principio en el acuífero.

EL REGADÍO ILEGAL

CONTEXTO | La comunicación de Bruselas aceleró también el proceso de cierre del grifo a miles de hectáreas de regadío ilegal junto al Mar Menor que durante años ninguna administración pareció ver. A pesar de las denuncias y exhaustivos informes de organizaciones como ANSE y WWF, solo cuando tuvo lugar el primer episodio de mortandad masiva de peces en el otoño de 2019 la CHS reconoció la existencia de ese regadío ilegal. El reconocimiento derivó durante meses en un nuevo rifirrafe entre el organismo de cuenca y el Gobierno de la Región de Murcia por si debía actuar antes el encargado de cerrar el grifo o el competente en revertir el terreno a su estado legal, ya fuera monte o secano.

PREGUNTA | Ese regadío ilegal, que también se tardó muchos años en detectar, ¿en qué medida está ya erradicado?

RESPUESTA | Tenemos ya 6.000 hectáreas desconectadas de las 8.000, 8.500 que estábamos manejando. Estoy convencido de que, de aquí a final de año, si no las tenemos todas, nos quedará muy poco. Eso se ha conseguido con el esfuerzo del personal e incluso con el apoyo y hay que decirlo, del Seprona, hemos ido de la mano en multitud de actuaciones y como digo yo, sin horario. Empiezan por la mañana y hasta que no han cerrado todo lo que tenían que cerrar, no han parado.

PREGUNTA | Incluso una vez reconocidas esas miles de hectáreas de regadío ilegal, se repitió el ya habitual rifirrafe entre Confederación y Gobierno autonómico por quién debía hacer qué. Ellos les acusaban a ustedes de no cerrar el grifo. Ustedes a ellos de no restituir el terreno al estado legal. ¿Cuál es la situación ahora?

RESPUESTA | Yo he de decir que nosotros hemos aprendido a cerrar el grifo, porque hasta ahora he de reconocer que ni yo ni mis antecesores lo habíamos hecho, salvo con los pozos. Un pozo está localizado y si es ilegal, vamos, precintamos, sacamos la maquinaria y se corta el grifo. Pero aquí se ha producido una casuística más compleja porque son fincas que una parte tiene derecho de riego, otra parte no, las infraestructuras son comunes a las dos, están enterradas, no sabemos por dónde van... Al principio, nosotros, no sé si en un exceso de ingenuidad, creíamos que si ellos [el Gobierno autonómico] restituían, iba a ser mucho más rápido que ponernos nosotros a buscar tuberías en el campo, por decirlo de alguna manera.

Visto que el tiempo pasaba y aquello no era efectivo, arbitramos un procedimiento, con todas las garantías jurídicas para el usuario por el que, en el inicio del expediente sancionador, ya adoptábamos la medida cautelar de corte del suministro. El expediente podía seguir su camino largo y de recursos hasta el contencioso administrativo si fuera necesario pero la medida cautelar tenía un recorrido mucho más corto. Nos ha pasado en algunas ocasiones que el usuario lo recurre pero el tribunal ha dicho que la medida está bien fundamentada y por lo tanto se le puede cortar el grifo. Lo que no hago es, en fincas particulares, que es una propiedad, entrar a eliminar sistemas de riego e infraestructuras. Eso no es mi competencia.

El Gobierno autonómico, lo que tiene que hacer, en cumplimiento de su normativa, es realizar esa restitución, es decir, que en el terreno desaparezca la infraestructura de riego y si era monte o matorral, que vuelva a ser monte o matorral y, si era un secano, que pase a ser secano.

Ellos, para iniciar su procedimiento administrativo de restitución, vinculaban que el organismo de cuenca hubiera ultimado su expediente sancionador. Todos sabemos que un expediente sancionador, y si no lo sabemos lo digo yo, son muchos meses. Porque la Administración es garantista desde el punto de vista del usuario.

Para restituir un terreno a su situación, yo creo que lo único que necesitan de la Confederación es un certificado de que esa superficie no tiene derecho de riego. Ese ha sido, por así decirlo, el rifirrafe que ha llevado a que, si no me equivoco, nosotros hemos cortado el grifo en 6.000 hectáreas, le hemos comunicado [al Gobierno autonómico]  5.000 hectáreas y como ellos empiezan a actuar cuando yo les comunico, llevan del orden de 900 o 1.000 hectáreas restituidas. Si en el minuto cero, con un listado de parcelas que no tienen derecho de riego se hubiese iniciado el procedimiento, esa restitución estaría más avanzada.

PREGUNTA | Todas esas actuaciones son las que afectan al regadío ilegal pero además hay unas medidas cautelares que son las que se toman en julio de 2020 y que afectan al regadío legal. ¿Cuáles son las que consideran más efectivas y en qué punto de aplicación están?

RESPUESTA | Yo creo que hay fundamentalmente dos cuestiones. Una es el control de la fertilización, es decir, que la dosis de fertilizante que se esté utilizando sea la que, insisto, la comunidad autónoma tiene en sus libros, porque ella es la competente en agricultura. Y por otro lado hemos limitado el número de puestas de hortícolas. Es decir, [el regadío] en el Campo de Cartagena sabemos que tiene una intensidad importante y lo hemos limitado a dos puestas. Desde el punto de vista de la carga [de nitratos] al acuífero, esas dos cuestiones son las más significativas.

Eso es lo que nos han presentado [los regantes]. Creo recordar que han presentado unas 37.072 hectáreas y eso cubre el 98% de la Zona 1 y la Zona 2, que es donde había que realizar el control. Es decir, todo el mundo ha presentado documentación, excepto ese 2%. Ahora, lo que hay que ver es si lo que han presentado realmente responde a las medidas cautelares, si están completas, si no... Lo están analizando ahora los técnicos de la Comisaría de Aguas para ver si realmente esos informes reflejan el cumplimiento o no de la medida. Yo creo que en unos tres, cuatro meses, podemos tener la totalidad.

Sobre la batalla judicial [contra las medidas cautelares], entendida en los recursos contencioso administrativos que han ido poniendo, no solo los regantes sino también otras administraciones, los jueces nos han dado la razón. Han dicho que lo que hemos hecho, lo hemos hecho bien. Hay que actuar en origen, hay que controlar que la agricultura no produzca eso que se llama un exceso de fertilización que al final drena y contamina.

PLAN INTENSIVO DE INSPECCIÓN DE MACROGRANJAS

RESPUESTA | El otro frente que hemos abierto es el de la ganadería. Vamos a hacer inspecciones de determinadas granjas. Hemos firmado un convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para acceder al registro de explotaciones ganaderas, al que no accedíamos, y poder ir con nombres y apellidos a inspeccionar estas actividades. Ellos son los que tienen que controlarlas. Nosotros lo que tenemos que poner y ponemos en nuestros informes son las medidas para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

Si la balsa está impermeabilizada y tiene un gestor de residuos, ¿por qué vamos a informar desfavorablemente? Pero claro, luego tendremos que comprobar que nuestras medidas se están cumpliendo por parte de la Administración que debe de hacerlas cumplir.

Estamos estableciendo el planning para hacerlo y yo creo que en seis meses habremos visto una parte muy importante de lo que es el Campo de Cartagena. Ya hacemos controles, no es que digamos que la ganadería no la tocamos, no. Pero lo que vamos a hacer es un plan intensivo de control de la ganadería.

Lo más importante es la segunda parte, porque yo creo que esa primera [control de la agricultura y la ganadería] la vamos a conseguir. Tardaremos más o tardaremos menos pero, si me permiten la expresión, eso es más o menos fácil. Ahí es cuestión de dedicar un esfuerzo, controlar y al final constatar que no se está introduciendo [más carga de nitratos en el acuífero].

Pero ahí abajo hay un embalse de agua [subterránea] que ya está afectado. El problema no lo hemos resuelto por mucho que ya no le estemos metiendo carga contaminante, que es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tendrá que determinar el plan de ordenación: qué sistema de renovación se puede producir para que con el tiempo se pueda diluir ese agua que hay ahí abajo. Si ya no le metemos carga, sigue habiendo lluvias, sigue habiendo infiltraciones, eso se irá diluyendo, pero en tiempos incompatibles con conseguir el buen estado de la masa.

EL ACUÍFERO CONTAMINADO QUE REBOSA JUNTO AL MAR MENOR

CONTEXTO | La masa de agua subterránea bajo el Campo de Cartagena no solo tiene altamente contaminada su capa superior, el acuífero Cuaternario. Además, su nivel freático está tan alto que sus aguas contaminadas rebosan en superficie y van a parar al Mar Menor a través de las ramblas. También llegan a la laguna por el subsuelo. En 2019, el Plan de Vertido Cero incluyó la inversión en un sistema de extracción de algo más de 12 hectómetros cúbicos de agua del acuífero y la implantación de un colector para llevar el agua a una planta de desnitrificación. La medida servía para reducir el nivel freático y evitar que el Cuaternario siguiera aportando el río contaminado que hoy sigue llegando de forma constante al Mar Menor pero además preveía reenviar el agua desnitrificada y desalada a los regantes para su uso.

El Ministerio de Transición Ecológica aparcó este plan y lo ha sustituido por una solución basada en la desnitrificación natural del agua que brota del acuífero, lo que ha provocado el enfado de los regantes, que han visto truncadas sus expectativas de recibir más agua, y del Gobierno de la Región de Murcia.

PREGUNTA | El acuífero no solo sigue contaminado sino que aporta aguas contaminadas al Mar Menor porque está tan lleno que rebosan en superficie . ¿Cómo se va a solucionar? ¿Qué riesgo ven de que al final haya que recuperar el plan del colector pero con años de retraso?

RESPUESTA | El Ministerio se ha pronunciado en el marco de actuaciones prioritarias del Mar Menor y, en principio, lo que está contemplado es la creación de cinturones verdes que tendrán la misión de desnitrificar. ¿Cómo se alimentan esos cinturones verdes? En unos casos con agua superficial que pueda venir por la rambla y en otros casos extrayendo agua del acuífero. Estamos barajando en torno a 4,5 a 5 hm3/año. Por lo tanto, sí que va a haber ya una primera extracción de agua del acuífero mediante los sondeos correspondientes, para que terminen alimentando esos cinturones verdes que realizarán un proceso de desnitrificación, llamémosle natural.

En función de cómo funcione todo ese sistema y los plazos que vayamos viendo que afectan al acuífero y su recuperación, el Ministerio entiendo que ratificará, potenciará o modificará lo que está haciendo. Con una premisa, que en origen habremos cortado la entrada de fertilizantes.

El marco de actuaciones prioritarias es del año pasado, creo recordar que se presentó en noviembre de 2021. Se está trabajando en los proyectos. Esos proyectos tendrán que hacer una tramitación ambiental, hay unas expropiaciones que realizar, pero yo no estoy hablando del medio plazo. Entendemos que en el 2023 tendrá que haber alguna visualización de actuaciones de esta naturaleza. De hecho, ya estamos trabajando en determinadas ramblas, en este caso las mineras. Ahora lo que es prioritario es hacer estas actuaciones que insisto, son controles en origen y cinturones verdes para la desnitrificación natural. En función de cómo funcione eso supongo que habrá que tomar nuevas determinaciones.

EPISODIOS DE VIOLENCIA EN EL CAMPO

CONTEXTO | En los documentos de tercer ciclo de otras confederaciones hidrográficas se recogen episodios de violencia contra el personal que ha ido a precintar pozos o simplemente a inspeccionar. Personal de la Confederación del Guadalquivir que iba a comprobar la existencia de pozos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana, por ejemplo, se han visto en más de una ocasión rodeados por decenas de regantes, que se habían avisado unos a otros por whatsapp, y han terminado incluso en el hospital tras ser rescatados por la Guardia Civil. La misma Confederación del Guadalquivir tuvo que actuar con el factor sorpresa para cerrar pozos que tenían ya sentencia en contra y acudir de noche y con la Guardia Civil. Cuando se cerró el salmueroducto tras el episodio de sopa verde del Mar Menor también hubo escenas violentas en el Campo de Cartagena y fue preciso que acudiesen los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.

PREGUNTA | ¿Está siendo pacífica la implementación de las medidas actuales?

RESPUESTA | A nosotros nos rompen coches. Hay violencia contra el personal de campo de los organismos de cuenca. No es generalizado, pero sí es un dato relevante que alguien que es la policía se vea agredida, bien personalmente o bien en los medios con los que trabaja, por los ciudadanos a los que en teoría sirve. Afortunadamente no es... son destrozos y ponemos la denuncia correspondiente, que no sé si al final encuentran al culpable o no lo encuentran, pero no podemos hacer más.

Nosotros lo que intentamos es concienciar a la gente. Y yo creo que está concienciada. Es decir, eso son excepciones. Yo lo que tengo es que romper una lanza en favor de los funcionarios y funcionarias y personal laboral de esta casa. Porque estos años están siendo muy intensos y están, como digo yo, yendo más allá de lo que un trabajador normal en una empresa normal está obligado a hacer.

ACUÍFEROS SOBREEXPLOTADOS

PREGUNTA | La contaminación por nitratos no es el único problema de los acuíferos de la cuenca del Segura. Hay un alto número de masas sobreexplotadas, según declaran ustedes en los documentos del plan de tercer ciclo. ¿Qué se va a hacer para cumplir con Europa y alcanzar los objetivos medioambientales en 2027? ¿Qué cuantía de agua de mar desalada ya está o va a estar destinada a sustituir agua subterránea que se extraía de acuíferos sobreexplotados?

RESPUESTA | En riesgo cuantitativo, que era lo que tradicionalmente se conocía como sobreexplotación de acuíferos, tenemos del orden del sesenta y tantos por ciento de las masas de la cuenca. Tenemos ahora mismo otras tres masas en vías de hacer el mismo trámite que con la de Campo de Cartagena pero con la sobreexplotación. Están ya declaradas en riesgo cuantitativo y estamos con la constitución de las comunidades de usuarios y del plan de ordenación.

El balance con el que nos estamos moviendo es que hay en torno a 190 hectómetros cúbicos de sobreexplotación. Por lo tanto, ese es el volumen de agua que en principio, en el 2027, deberíamos ser capaces de no extraer de las masas de agua [subterráneas]. Ello implicaría o un recurso alternativo, si no en la misma cuantía en cuantía inferior, cambios de cultivo que exijan menos agua o la reducción de la superficie de riego. Porque si no hay agua suficiente, alguna superficie se verá afectada. Eso es lo que determinarán los planes de ordenación.

En este momento no podemos decir qué parte va a ser sustituida por un cambio de agricultura; qué parte va a tener un recurso externo, aunque algunas sí las sabemos ya porque hay desaladoras [de agua de mar] que ya están sustituyendo agua subterránea insostenible, y qué superficie no se podrá seguir cultivando.

La desaladora de Águilas pusimos como condición que una fracción de esa agua fuera a atender recursos de aguas subterráneas con un decalaje en el tiempo para hacerlo de manera gradual, dejar de extraer el agua. Yo creo que ahí estaríamos hablando del entorno de unos 15 a 20 hectómetros cúbicos. Valdelentisco, que es la otra desaladora, ahí también hay una fracción que va a estar yo creo entre 5 y 10hm3. Y luego en Torrevieja también se está reservando en el entorno de 20hm3. Esas son las cantidades con las que nos estamos moviendo para un cambio de un agua por otra.

Luego habrá que hacer la fracción, que yo creo que va a ser la más importante, de la reconversión o de la reordenación agrícola de tipología de cultivo para ir a cultivos que sean menos demandantes [de agua]. Por el cultivo, no por la modernización. Es conocido que el goteo está introducido en un porcentaje importantísimo de Murcia y Alicante. No es una utilización de menos agua para el mismo cultivo, es cambiar el tipo de cultivo.

PREGUNTA | Una parte del agua de mar desalada la están destinando a sustituir agua subterránea que regaba regadíos que no eran legales. Se decidió regularizarlos si eran anteriores a 1998, lo que se llamó regadío consolidado. ¿Cuántas hectáreas se han regularizado ya de ese regadío que fue ilegal?

RESPUESTA | A partir de 2018, con la desaladora de Águilas habremos consolidado unas 3.500 hectáreas de esa zona. Luego en Valdelentisco habrá otra regularización de ese consolidado pero que ahora mismo no está todavía otorgada y están pendientes de los informes de la Oficina de Planificación para determinar qué partes consolidar y qué parte no. El problema ha surgido porque en el periodo de sequía del 2015 al 2018 se otorgaron unas autorizaciones al amparo del decreto de sequía que permitían el riego, pero no ostentaban el respaldo de un derecho previo. Cuando llegamos nosotros y se acaba la sequía, pues evidentemente eso no puede seguir. Todo eso ha habido que desmontarlo.

TRASVASE TAJO-SEGURA

PREGUNTA | En los documentos del tercer ciclo, ustedes alertan de graves efectos si se reduce el agua para regadío, tanto si es por la menor cuantía procedente del Trasvase Tajo-Segura, como si se sustituye subterránea por agua de mar desalada, que es más cara y afectará a la competitividad. ¿Está en riesgo la economía hasta ese nivel? ¿Hay opción a la reducción de consumo de agua en la situación actual?

RESPUESTA | No solo nosotros, yo creo que todo el país está en una situación de un riesgo con mayor o menor gravedad, en función de su localización geográfica, por el tema del cambio climático. Eso es evidente. Parece que los expertos nos han ya convencido, si tenían que convencernos, de que va a haber menos aportaciones.Y si va a haber menos aportaciones hay que adaptarse.

Las vegas tradicionales del río Segura tienen un agua y una modernización realizada y no tienen déficit. A pesar de que haya una disminución de las aportaciones, se vería ligeramente disminuida su garantía, pero en principio no tendrían unos problemas, digámosle acuciantes.

La otra pata son las aguas subterráneas. Ahí ya hemos dicho que hay una fracción importante de sobreexplotación y en función de esos planes de ordenación, puede terminar habiendo una afección socioeconómica por pérdida de superficie.

Y la otra tercera pata es el Trasvase Tajo Segura. El Ministerio lo que está es con un programa de actuación consciente, no sé si llamarle riqueza o soporte socioeconómico de un territorio, de que hay que dar un agua para poder continuar con la actividad de una manera adecuada. Ahí nuestro plan refleja un conjunto de actuaciones importante, tanto en el Tajo-Segura como de las aguas subterráneas para intentar mantener en lo posible y si hay que disminuir que sea lo mínimo posible esa actividad socioeconómica. Porque al final es el soporte del territorio. Si uno mira los PIB de las distintas comunidades autónomas  y del sector primario de Murcia y Alicante tiene un peso importante.

PREGUNTA | Lo que dicen sus documentos de tercer ciclo es que, el recorte del trasvase, tal y como está planteado en el borrador del plan del Tajo, tendrá unos efectos negativos muy importantes en el regadío de la cuenca del Segura. ¿Va a acabar la falta de agua en una guerra de demarcaciones?

RESPUESTA | Nosotros hemos hecho un análisis técnico, lo hemos reflejado, hay quien dice que nos hemos quedado cortos y hay quien nos dice que nos hemos pasado. Yo lo que... vamos, yo no, el Consejo del agua de la demarcación, que es el que aprueba ese documento, lo que puso de manifiesto en su momento es que en función de las cantidades que se manejen habrá distintos impactos. El Ministerio está trabajando para poder minimizar esos impactos, con todo el plan que está en marcha de desalación, ampliación, de interconexión y de plantas fotovoltaicas. Habrá que esperar al final a ver cómo se cierran los planes y entonces será cuándo realmente tendremos la certeza de ese impacto que se pueda producir.

Hemos establecido como una posible reserva, en caso de que haga falta más agua. Evidentemente, si hace falta más agua, hoy por hoy, el escenario que nos planteamos es un incremento de desalación adicional a lo que ya hay y lo que está ampliándose.

Eso es lo que el plan quiere decir, en caso de que haya alguna necesidad de incrementar la disponibilidad de recurso. Nosotros no podemos contemplar en un Plan de cuenca, digamos, de un ámbito territorial determinado, transferencias de otros ámbitos territoriales. Nosotros hacemos nuestra foto y teóricamente, si no fuera suficiente, para eso está el Plan Hidrológico Nacional, que es el que debe compatibilizar los distintos planes.

Yo lo único que sé es que ahora mismo las desaladoras, si no están al 100%, están al 95%. Es decir, no podemos o podemos pero no se correspondería con la realidad decir que en la cuenca del Segura sobra agua. El abastecimiento a la población sí que está blindado Y desde ese punto de vista sí que hay unas desaladoras, que son las de la Mancomunidad de los canales del Taibilla, que no están agotadas, en previsión de que pueda producirse algún fallo en el suministro de agua superficial. El documento oficial de la Cuenca del Segura dice los recursos disponibles que son, dice las demandas consolidadas constatadas y dice la brecha que hay.

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