Hugo Morán: "Habrá que retornar una parte de la agricultura de regadío a los modelos tradicionales de secano"

Se ha cumplido un año desde que la orilla de la Playa de Villananitos, en el Mar Menor, empezó a llenarse de peces y crustáceos moribundos. El secretario de Estado explica a DATADISTA qué ha pasado en este año, la decisión de abandonar el Plan de Vertido Cero, los futuros planes de reducir el agua del Trasvase y la intención de desalojar en esta legislatura las edificaciones ilegales situadas en la orilla del Mar Menor.

Hugo Morán (Lena, Asturias, 1963), secretario de Estado de Medio Ambiente en el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez, se sienta con DATADISTA en la semana en que se cumple un año desde que dieron las vuelta al mundo las imágenes de miles de peces agonizando en las orillas del Mar Menor. El episodio de anoxia tenía lugar semanas después de que el cielo se viniera abajo en el peor episodio de lluvias torrenciales en un siglo, pero la causa, como ha dicho el Instituto de Oceanografía, no podía buscarse en la DANA. El Mar Menor estaba ya en profundo desequilibrio y cualquier evento habría provocado el desastre. Se ha movido mucho papel desde entonces. Planes abandonados, nuevas hojas de ruta, estudios del litoral del Mar Menor... Morán cuenta qué se ha hecho y cuáles son las intenciones con el regadío, el Trasvase Tajo-Segura, el agua desalada y los edificios que invaden el Dominio Público Marítimo Terrestre.

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Mar Menor: Historia profunda de un desastre

Así se contaminó la laguna tras tres décadas incumpliendo la ley, una verdad a medias sobre el origen del agua que alimentaba el regadío y un caos subterráneo de canales, desaladoras y vertidos que primero se fomentó y después se dejó crecer sin control.

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PREGUNTA: Hace un año, miles de peces morían a orillas del Mar Menor. Solo dos semanas antes, el BOE publicaba la Declaración de Impacto Medioambiental del Plan de Vertido Cero. ¿En qué punto estamos?

RESPUESTA: El Plan de Vertido Cero es un documento que queda absolutamente superado a partir del momento en que accedemos a información de estudios que se habían puesto en marcha con posterioridad a su aprobación. Uno de los elementos de referencia fundamentales fue la culminación de los trabajos encargados a Tragsa para analizar el volumen de vertidos que se estaban produciendo por drenaje desde el acuífero Cuaternario al Mar Menor. Aquello cambió radicalmente alguno de los argumentos de debate sobre cuáles deberían ser los mayores esfuerzos a realizar para revertir el proceso de degradación del Mar Menor.

Lo que planteamos desde el Ministerio es un plan de rescate verde del Mar Menor. Y repensamos todas las medidas del Plan de Vertido Cero. La conclusión básicamente es que buena parte de las medidas que podríamos considerar de ingeniería gris, que se sustentaba el grueso en la construcción de un colector, que por cierto se ha sometido al trámite de información pública y que estaba dimensionado para unos volúmenes de esas dimensiones, desaparece de la hoja de ruta. Y vemos que, donde en realidad hay que intervenir es en origen. Las soluciones de final de tubería lo único que hacen es trasladar el problema de un sitio a otro. No resuelven el problema.

P: ¿Superar el Plan de Vertido Cero significa el fin del proyecto del colector y de la extracción y desnitrificación de agua del acuífero?

R: Vamos lógicamente a concluir el procedimiento iniciado. No prejuzgar el resultado final. Vamos a ver lo que sale de la declaración de impacto ambiental y si es o no admisible que un vertido que ahora tienen lugar por distintos puntos hasta desaguar al Mar Menor se derive al Mediterráneo. Dicho esto, este, que se planteaba como el primero de los elementos de intervención, en todo caso es el último, si ambientalmente resultase compatible. Lo que no vamos a hacer es sustituir mediante una intervención de estas características al final de tubería las actuaciones que deben hacerse en origen. Vamos a poner en marcha todos los mecanismos de minimización de aportes (de nutrientes al Mar Menor) y, cuando tengamos cuantificado lo que se puede conseguir, veremos si se necesita esta infraestructura, si no se necesita, si es de esta envergadura o de una envergadura menor. Pero en principio lo que debe empezar a asumir el territorio es que tiene que internalizar los costes medioambientales.

Debe ser la propia actividad económica la que internalice los costes ambientales para, primero, no socializar los perjuicios y, en segundo lugar, no socializar los costes de inversión para revertir esos perjuicios. No se puede cargar al conjunto de la sociedad los costes de una inversión. Cada explotación agraria tiene que pensar que debe gestionar todo lo que supone el ejercicio de una explotación agraria, incluida la gestión de las aguas y los fertilizantes que son necesarios para la explotación. Si eso cada explotación lo hace, es probable que o sea innecesaria una inversión pública de gran envergadura o esta sea la estrictamente ajustada a unos volúmenes de vertido mínimos. No se puede pedir al conjunto de los ciudadanos que suplan las obligaciones de quienes son los actores principales en este proceso.

P: ¿Cuáles son ahora las prioridades, si el colector y la extracción de agua del Cuaternario ya no lo son?

R: Resulta un poco contraproducente plantear un modelo muy parecido al del niño que hace un agujero en la playa y está sacando agua con un cubo permanentemente. El mar siempre se encarga de llenarlo. Estamos en una actividad inútil. Si queremos que el Cuaternario recupere su capacidad de carga y absorción, lo que habrá será que adecuar esa capacidad de carga al nivel de explotación del recurso sobre el terreno. Primer planteamiento: dentro del expediente que abre la Coonfederación Hidrográfica del Segura (CHS) se identifica una superficie no menor puesta en regadío que no cuenta con concesión y sin embargo está regando. Lo que quiere decir que, como mínimo, hay una superficie ilegal, que puede rondar el entorno de las 9.000 hectáreas, quizás más, quizás menos, ya veremos al final del proceso. Este se puede prolongar a lo largo de un año porque los expedientes de identificación se van haciendo a lo largo del tiempo. En este momento deben de andar en el entorno de 2.300, 2.400 hectáreas ya expedientadas, de las cuales una buena parte ha dejado de regar. Vamos a culminar ese proceso. Si conseguimos que se deje de inyectar agua al Cuaternario por una regularización de la actividad agraria, de la actividad de regadío, podremos tener una idea cabal de si va a ser necesario o no extraer agua del Cuaternario con mecanismos externos.

Y entonces nos preguntaremos, ¿qué volumen de actividad de regadío puede asumir el acuífero Cuaternario en su ciclo natural con su capacidad de carga? Y lo que hay que hacer es adecuar la superficie agraria a la capacidad del Cuaternario. A partir de ese momento, no sería necesario poner en marcha mecanismos de extracción forzada.

Primero vamos a ordenar el territorio, que lleva una historia muy larga de ausencia de planificación, y cuando tengamos el territorio correctamente identificado; hayamos conseguido separar lo legal de lo ilegal; sepamos cuántas hectáreas quedan con algún título concesional, en ese momento a lo mejor hay que hacer otra reflexión y es: ¿El volumen de títulos concesionales en estos momentos se adapta a la capacidad del territorio o la excede? Porque a lo mejor hay que empezar a reconsiderar también alguno de los modelos de actividad agraria sobre el territorio.

No ocurre solo ahí (en el Mar Menor). Ocurre en otros puntos de nuestro país donde el tránsito de la agricultura de secano a la agricultura de regadío se ha hecho sin tener en cuenta los recursos naturales, que no son solamente la disponibilidad de agua. Son también las características del suelo y las consecuencias que se derivan de la explotación de ese suelo.

CONTEXTO: EUROPA AVISA
El 2 de julio de 2020, la Comisión Europea envió a España un dictamen motivado por incumplir la Directiva de nitratos, dándole un plazo de tres meses para subsanar las deficiencias. El procedimiento venía de largo. En noviembre de 2018, la Comisión Europea envió una carta de emplazamiento al Reino de España en vista del incumplimiento de la directiva. Sin embargo, el aviso actual puede ser el paso previo a denunciar a este país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que puede terminar en sanciones.

En el documento, la Comisión indica que el Esquema Provisional de Temas Importantes (ETI) que ha elaborado la Confederación Hidrográfica del Segura para el próximo ciclo hidrológico "corrobora la gravedad de la situación en materia de contaminación por nitratos en la Comunidad, especialmente en el Mar Menor". En dicho ETI, se vuelve a fijar como objetivo menos riguroso en 2027 para el acuífero del Campo de Cartagena un volumen de nitratos de 200mg/l, cuando la normativa europea obliga para entonces a que el máximo sean 50 mg/l. La Comisión considera que las leyes autonómicas aprobadas en 2018 y 2019 “no han sido suficientes para revertir el estado de la masa de agua en cuanto a la contaminación de nitratos”. En concreto, considera que el Decreto-ley, de 26 de diciembre de 2019, "constituye una prueba de que las autoridades están al corriente de las causas de la contaminación en el Mar Menor".

El 22 de julio, la Confederación Hidrográfica del Segura declaraba el acuífero del Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar los objetivos de la UE por contaminación por nitratos, activando así el plazo para disponer de un Plan de Ordenación del acuífero. En la misma reunión de la Junta de Gobierno de la CHS, se tomaban medidas cautelares. La contaminación por nitratos no es el único motivo por el que Europa tiene a España bajo su punto de mira en lo que a gestión de aguas se refiere.

Este país ya está pagando sanciones por no depurar correctamente las aguas y, en 2019, Bruselas elevó el procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la Directiva de Aguas ante el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo. Esto último también es lo que ha acelerado que este verano se declare sobreexplotado el acuífero de Doñana.

P: ¿Está hablando de reducir el regadío, incluso regadío legal?

R: Nuestro país es uno de los países de la Unión Europea que en estos momentos está en el foco de la Comisión como consecuencia de un problema de gestión de las aguas subterráneas. Y en esto tenemos que poner orden. Habría que ponerlo sí o sí, pero es que además hay que ponerlo porque la Comisión Europea nos lo exige y uno de los problemas fundamentales que nos han traído hasta aquí es una transformación masiva de agricultura de secano en agricultura de regadío. Es evidente que tenemos que repensar del modelo. Y habrá que retornar una parte de la agricultura de regadío a los modelos tradicionales de agricultura de secano. Solamente en ese equilibrio va a ser posible garantizar una estabilidad a futuro de la actividad agraria. Si no, va a ser una actividad que se va a acabar matando a sí misma.

Hay algunos espacios de nuestro país, algunos territorios en los que esto se ha puesto en evidencia de forma mucho más dramática. El Mar Menor es uno de ellos, el entorno de Doñana es otro, el entorno de las Tablas de Daimiel es otro de esos puntos críticos. ¿Por qué? Porque son espacios de alto valor donde su capacidad de alertar al conjunto de la sociedad de que algo está pasando y eso que está pasando no es bueno se convierte en algo muy visible. Y eso que está fallando es precisamente que se ha roto el equilibrio entre lo que se llama desarrollo sostenible, la capacidad de aprovechar capital natural para sustentar un modelo de desarrollo que sea sostenible en el tiempo.

CONTEXTO: EL TRASVASE TAJO-SEGURA
En 1979, se inauguraba el Trasvase Tajo-Segura. Si hay un símbolo de las guerras del agua en España, convertidas en armas arrojadizas entre los partidos políticos que cambian de bando según la región a la que pertenezcan, esa es el Trasvase. Desde su puesta en funcionamiento, la media de agua trasvasada cada año se ha quedado en menos de la mitad del máximo previsto, lo que se debe a los largos periodos de sequía y a que, aguas arriba, los niveles no fueron los esperados y van menguando con el tiempo. Europa también ha puesto a España en el punto de mira por este motivo pero además, desde hace tiempo empezaron a acumularse las sentencias por no respetar los caudales ecológicos que exigía la normativa del trasvase.

El Gobierno de Pedro Sánchez planea ir sustituyendo el agua del trasvase y la sobreexplotación de aguas subterráneas por agua desalada, allí donde sea posible, es decir, en los territorios más cercanos al mar. Eso está suponiendo llevar al límite de su capacidad las plantas desaladoras construidas en época de José Luis Rodríguez Zapatero y que durante tanto tiempo fueron enfrentadas por regantes, políticos del PP y la propia CHS, entre otras cosas, por ser un recurso caro.

Por otro lado, el Tajo ha visto abrirse otro posible canal para derivar sus aguas, esta vez hacia las castigadas Tablas de Daimiel, a las que seis años de sequía y, de nuevo, la sobreexplotación del Acuífero 23 por los pozos para el regadío, han puesto otra vez al límite. El Parque Nacional solo tiene inundadas 36 hectáreas de 1.700, cuando debería tener 600 en esta época.

P: ¿Cuál es el futuro del Trasvase Tajo-Segura?

R: Todas las cuencas van a sufrir detracción de recursos naturales hídricos y por tanto todas las cuencas tienen que pensar en cómo reordenan ese futuro en función de las expectativas que tienen por delante. En relación con la cuenca del Segura, podemos hablar casi de toda la cuenca Mediterránea, nosotros empezamos a comentar desde el primer momento que era necesario establecer un plan de respuesta que significase que la garantía de agua suponía aprovechar todas las fuentes del sistema y no dar prioridad a ninguna porque no son incompatibles. No se puede pensar en planificar actividades con disponibilidad ilimitada de un recurso que es limitado. Y ahí un poco lo que comentábamos antes de repensar del modelo agrario y el tipo de agricultura de secano y de regadío en los distintos territorios.

En estos momentos, el elemento acelerador de lo que va a suponer la realidad del trasvase Tajo-Segura en el futuro no va a ser el cambio climático, que anticipa en ese espacio una pérdida de hasta el 40% del recurso. Que es lo que nosotros veníamos anticipando como el elemento que debería hacernos repensar los usos en el territorio. Es que en este momento lo que tenemos, además de todo esto, que significa anticipar en el tiempo esa respuesta, es un emplazamiento de la Unión Europea respecto a los caudales ecológicos del Tajo y cinco sentencias que hay que cumplir. Es decir, veremos el primer escenario de reordenación del modelo de trasvase Tajo-Segura con ocasión de la planificación hidrológica que tiene que entrar en vigor en el 2021. Y sí o sí eso va a significar una detracción del recurso destinado al regadío. Eso es evidente. No hay posibilidad de atender el cumplimiento de una sentencia y el emplazamiento de la Comisión Europea, que lo que hace es identificar una carencia palmaria en las necesidades del Tajo en su tramo aguas abajo de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Es evidente que la única posibilidad es derivar caudal suficiente, que en estos momentos no se está destinando a los caudales ambientales, destinarlo a esos caudales ambientales. Y lógicamente, viendo cuál es el devenir histórico de la capacidad de almacenamiento, que es declinante, solamente es cuestión de hacer los número que todos conocemos. Mantener un discurso ficción como se ha venido haciendo un tiempo pues podrá hacerse pero el agua que hay es la que hay y con ella se puede hacer lo que se puede hacer y no más. Con lo que la deriva de la disponibilidad de los recursos hídricos que en estos momentos se transfieren del Tajo a otra cuenca tendrá esos dos escenarios temporales. Uno: la planificación hidrológica de tercer ciclo. Dos: un hecho que en estos momentos se constituye como irreversible que es el impacto progresivo del cambio climático en los ciclos hidrológicos en nuestro país.

Pero que a nadie le quepa ninguna duda de que lo que no vamos a hacer es eludir el cumplimiento de cinco sentencias y la respuesta razonada a una exigencia de la Comisión Europea. Yo creo que eso debe tenerlo todo el mundo claro. No va a ser posible establecer un mecanismo de negociación sobre la aplicación de una sentencia.

No se trata de hacer una apelación a que cada territorio debe tener una capacidad de autosuficiencia con el recurso y dejarlo ahí. Nosotros vamos a apoyar con recursos suficientes para que este objetivo se consiga.

Nos marcamos un objetivo allá en el 2018 que era trabajar en conseguir un aprovechamiento que duplicase la capacidad de aportación de agua desalada al sistema mediante dos intervenciones. Una: duplicar la propia capacidad de las desaladoras, de producción. Torrevieja ya se duplicó, tiene capacidad para triplicarse. Pasamos de 40 a 80 hm3 y ahora iríamos de 80 a 120, pero prácticamente todas las desaladoras del sistema están diseñadas con la perspectiva de poder duplicar su capacidad.

Inicialmente ni siquiera se planteó esto porque no había demanda, por lo que era una potencia durmiente. Luego vinieron tiempos malos para la inversión. Pero, en estos momentos, nosotros lo que nos marcamos es primero, vamos a activar todos los mecanismos de aprovechamiento óptimo del parque de desaladoras en el territorio y vamos a poner en marcha los mecanismos de interconexión que permitan aprovechar las infraestructuras existentes, que no estbaan diseñadas para trasladar el agua desalada sino sencillamente para gestionar el agua superficial. Esas infraestructuras tienen que servir para interconectar el conjunto de las fuentes de producción de desalación. Es verdad que es un territorio que tiene mucha capacidad de aprovechamiento, de reutilización, pero debemos llevarlo al límite de su capacidad y falta explorar en buena medida la capacidad de ahorro.

Ahorro significa no utilizar más agua de la que se tiene. Es decir, que la planificación agraria no vaya por delante de la planificación hidrológica. La planificación hidrológica pone el límite y hasta ahí se puede llegar en la planificación agraria. Eso no se ha hecho así. Hasta ahora.

CONTEXTO: NUEVO DESLINDE, DESALOJOS y DERRIBOS DE EDIFICIOS
El regadío no es la única presión que afecta al Mar Menor. Antes que él fue el urbanismo el que devoró La Manga, ese brazo de tierra bañado a un lado por el Mar Mediterráneo y al otro por el Mar Menor. También encontró suelo fértil en la otra orilla de la laguna.

El Ministerio de Transición Ecológica ha sacado a consulta pública el Plan de Protección del Borde Litoral del Mar Menor, cuya elaboración encargó a CEDEX. En él llaman la atención dos cosas. La primera es la vuelta al empeño en invertir en paseos marítimos, limpieza de fondos en las playas, construcción de estructuras para influir en la deriva del litoral y con ello en los reservorios de arena que alimentan las playas o retirar piedras para facilitar el baño a las personas mayores. Son acciones que, de consolidarse, suponen un refuerzo de la apuesta por el sector turístico basada en la artificialización de la costa. Por otro lado, el informe ha elaborado el catálogo de las edificaciones que estarían invadiendo Dominio Público Marítimo Terrestre y, por tanto, sus susceptibles de verse afectadas por el mar debido al cambio climático. La mayoría son viviendas pero hay hoteles o chiringuitos, entre otras.

P: El Plan de Protección del Litoral del Mar Menor ha identificado decenas de edificaciones en dominio público marítimo terrestre (DPMT). ¿Qué va a pasar con ellas?

R: Sabemos que hay una ocupación por encima de lo razonable y absolutamente desordenada, en términos de ausencia de planificación urbanística, en todo el borde del litoral del Mar Menor. Es tan sencillo como constatar que, a estas alturas del siglo XXI no existe ningún municipio del entorno que tenga un Plan General de Ordenacio´n Urbana adaptado al tiempo que corre. Prácticamente todos están funcionando con normas subsidiarias. Eso no es razonable. Hay un déficit de planificación cuya corrección corresponde a distintas administraciones pero, en la parte que toda a la Administración General del Estado, nosotros entendemos que no cabe esperar más para intervenir en el dominio público marítimo terrestre, que es nuestra competencia. Lógicamente esto tiene que acompañarse de una intervención de la comunidad autónoma, que tiene competencias en materia de planificación, ordenación del territorio y de los propios ayuntamientos, que tienen que ponerse las pilas a la hora de elaborar sus planes de ordenación y poner coto a lo que ha sido un crecimiento absolutamente desenfrenado, desordenado en el territorio.

Los deslindes se pueden acometer por dos vías. Una es la vía administrativa y otra es la vía natural. Dejar que el mar haga el deslinde siempre tiene consecuencias más catastróficas que un deslinde por la vía administrativa, que a lo que lleva es a anticipar soluciones para que no se produzcan las consecuencias catastróficas que un deslinde hecho por la propia naturaleza acaba acarreando.

Se elaboró el Plan de Protección del Borde Litoral del Mar Menor, la estrategia, que se ha sometido al trámite de información pública. Se han recibido aportaciones. En este momento se están valorando esas aportaciones. De las que hemos visto hay algunas que van a mejorar el contenido del plan, el que definitivamente sea aprobado y de las herramientas de aplicación del mismo no descartamos ninguna posibilidad.

Probablemente haya que poner en marcha mecanismos de corto, medio y largo plazo.

Los de corto son las intervenciones que signifiquen el rescate de edificaciones ilegales. Sencillamente poner en marcha el mecanismo de expulsión de quien haya hecho una ocupación ilegal. Los de medio plazo consistirán en identificar aquellas edificaciones que tengan algún tipo de título concesional, porque las habrá que tengan licencias municipales. Habrá que ver en cada caso concreto de cada edificación. Ahí lo que haremos será intervenir primero en aquellas en las que se identifique un riesgo más inmediato o unas consecuencias que se estén produciendo en el territorio más negativas.

En el plazo más largo, el mecanismo más razonable para intervenir es el que la planificación urbanística pone al servicio de las administraciones. Hay que empezar a pensar que los planes urbanísticos tienen que dejar fuera de ordenación edificaciones que hay en suelos inundables, en suelos susceptibles de ser invadidos por la subida del nivel del mar, y eso se tiene que hacer a largo plazo. Tiene que hacerse mediante procedimientos como se hizo en su momento con la Ley de Costas. Probablemente establecer un periodo transitorio a cuya finalización el titular tenga que abandonar el inmueble, el edificio que esté ocupando.

En los mecanismos de medio plazo, probablemente haya que habilitar medidas de indemnización, por mutuo acuerdo o por la vía de expropiación. Y en los de largo, lo que se necesita es una cooperación integrada de las tres administraciones para hacer una planificación urbanística acorde con una situación que en estos momentos está absolutamente desbordada.

Ahora hay que identificar que espacios entran en unos u otros supuestos pero luego hay que hacer un deslinde. Para ese deslinde hay un tiempo de tramitación que la ley marca. Entiendo que en esta legislatura tendremos tiempo para llegar a identificar las ocupaciones ilegales y poner en marcha los procedimientos de desalojo.

Con la colaboración de David Navarro