Este fin de semana de reivindicación de los derechos de las mujeres, en DATADISTA vamos a fijarnos en las cifras de uno de los derechos de la mujer históricamente limitado y perseguido en numerosos países del mundo y que actualmente se está viendo claramente amenazado en países que habían logrado avanzar, algunos que incluso lo incluían en su Constitución desde hace décadas. Es el derecho a la libertad reproductiva, que implica el derecho a la libre elección frente a un embarazo, es decir, el derecho al aborto.
Según la declaración de la Convención contra la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres celebrada en Mumbai (India) en marzo de 1998: “La criminalización del aborto es particularmente atroz porque no sólo afecta el derecho de las mujeres a la elección reproductiva (a tomar decisiones libres y responsables sobre asuntos que son clave para controlar sus vidas), sino que también las expone a los graves riesgos para la salud del aborto inseguro, violando su derecho a la integridad física y, en los casos más extremos, a la vida misma”.
EEUU, faro de la deriva ultra
Vamos a echar un pequeño vistazo primero a EEUU porque, tras la victoria de Donald Trump, se ha convertido en el faro al que miran los movimientos de ultraderecha que tanta tracción están cogiendo a nivel mundial en los últimos tiempos y que tienen los derechos de las mujeres en el punto de mira.
Precisamente EEUU, que tenía esculpido el derecho al aborto incluso en su Constitución, a mediados de 2022 rebobinó medio siglo de su historia al anular el Tribunal Supremo la sentencia del caso Roe contra Wade, que en 1973 había dado rango federal a la libertad de las mujeres para interrumpir el embarazo.
Al dejar de ser federal, el derecho pasaba a ser potestad de los estados y había no pocos de esos estados con leyes que no habían sido derogadas pese a ser nulas o leyes nuevas aún sin aprobar pero listas para ser aprobadas cuando llegase el momento de dispararlas (de hecho se las conoce como ‘leyes gatillo’).
A día de hoy, como consecuencia de aquel cambio de la Constitución, hay 16 estados de EEUU que, entre la prohibición en todos los supuestos o casi total (12 estados) y la prohibición a partir de la sexta semana, cuando muchas mujeres aún desconocen que están embarazadas (4 estados), han anulado de facto el derecho al aborto.
La intención de recuperar ese derecho en EEUU fue una de las líneas centrales de la candidatura demócrata encabezada por Kamala Harris, que prometió devolverle el carácter de federal. Trump, que se había autodenominado en el pasado el mayor presidente ‘pro-vida’ de la historia de EEUU (término que utilizan para sí mismos los antiabortistas), en vista del riesgo de activar el voto feminista negó en campaña pretender una prohibición a nivel nacional y mantuvo la intención de dejarlo en manos de los estados.
Kamala señaló una y otra vez que la política de Trump estaría guiada por el llamado Proyecto 2025, un extenso documento a modo de hoja de ruta ultraconservadora engendrada por The Heritage Foundation que marca las líneas para anular entre otras cosas lo que llaman la agenda Woke (donde incluyen todos los derechos reivindicados por el feminismo y la diversidad sexual).
En el Proyecto 2025, por cierto, aparece 198 veces el término aborto, incluida una para que desaparezca no solo el derecho y su financiación federal sino directamente el término. No es la única palabra que quieren borrar, también abogan por anular otros términos incluidos salud reproductiva y derechos reproductivos.
La internacional ultra y el aborto
La Argentina de Milei también ha querido pasar la motosierra por el derecho de las mujeres al aborto, tan largamente reivindicado en el país. En este caso es un logro bastante reciente. Fue en enero de 2021 cuando entró en vigor en Argentina la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en el verano de 2020 y que habilita el aborto voluntario hasta la semana 14 y sin plazos en caso de violación o riesgo de la salud. Milei desplegó todo el argumentario ultra en su discurso en el Foro de Davos el pasado mes de enero, en el que tuvo hueco el ataque contra el derecho de las mujeres al aborto. Argentina mantiene la ley pero las informaciones que salen del país ya apuntan a que se puede estar anulando el derecho sin derogar la ley que lo soporta por la vía, por ejemplo, de no invertir en los medicamentos para los abortos farmacológicos. A ello se unen los discursos del presidente y sus seguidores que están volviendo a estigmatizar el ejercicio de este derecho.
En Europa también se ha sentido ya el terremoto contra los derechos conquistados de las mujeres. La italiana Giorgia Meloni logró borrar la expresión en defensa del “acceso seguro y legal al aborto” del comunicado final de la Cumbre del G-7 celebrada a mediados de 2024 a pesar de los esfuerzos de Francia, Canadá y la UE por mantener la mención expresa que sí aparecía en la declaración anterior (Hiroshima 2023). Francia había incluido el derecho al aborto en su Constitución unos meses antes, algo que fue criticado en España no solo por Vox sino también por la líder del PP en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en los últimos tiempos ha sumado a su discurso los argumentos de los llamados provida.
El derecho al aborto en España
En España el derecho al aborto está ampliamente aceptado por la sociedad pero eso no significa que haya estado exento de polémicas. Ha habido un largo camino desde la aprobación de la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: violación, malformación del feto y riesgo para la salud física o psíquica de la madre. Ley, por cierto, recurrida en su momento ante el Constitucional por el padre del ex alcalde de Madrid y ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.
De la ley de supuestos no se pasó a una ley de plazos hasta la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy revirtió algunos cambios de aquella ley pero no se atrevió a poner en el BOE el proyecto que había encargado no al Ministerio de Sanidad sino al de Justicia, el restrictivo proyecto de Alberto Ruiz Gallardón, quien tras el fiasco abandonó la política.
Así está regulado actualmente ese derecho, incluida la última modificación (en 2023):
- Tienen derecho a la interrupción voluntaria del embarazo “todas las personas que se encuentren en España, con independencia de su nacionalidad, de si disfrutan o no de residencia legal o de si son mayores o menores de edad”, aunque en el caso de las menores de 16 años este derecho debe ser tutelado por un representante legal.
- La interrupción debe realizarse “por un médico especialista, preferiblemente en obstetricia y ginecología o bajo su dirección” y en un “centro sanitario público o en un centro privado acreditado”.
- PLAZOS: Hay límites temporales al derecho.
- 1er plazo: Se da un plazo de 14 semanas en el que se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo, sin interferencia de terceros.
- 2º plazo: La ley permite en determinados casos la interrupción del embarazo desde ese momento hasta la semana 22 (donde se sitúa el umbral de la viabilidad fetal). ¿En qué casos?:
- “que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada”
- “que exista riesgo de graves anomalías en el feto”
- 3er plazo: Tras la semana 22, la interrupción es posible pero está estrictamente limitada a:
- "que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida”
- "que se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico”.
- En la modificación de 2023 se ha eliminado el plazo de reflexión de 3 días y solo se informa a la embarazada de opciones distintas a la interrupción si ella lo pide.
España: datos de un derecho seudoprivatizado
Ponerle membrete a un derecho no lo hace real en la práctica y, como recoge la última revisión de la normativa sobre el aborto (2023), en España “la inmensa mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se acaban produciendo en centros extrahospitalarios de carácter privado, si bien es cierto que en una década se ha reducido esta tasa en casi diez puntos, pasando de un 88,55 % en 2010 a un 78,04 % en 2020, todavía estamos muy lejos de que se pueda garantizar el grueso de interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos. Resulta especialmente preocupante la diferencia territorial en el ejercicio de este derecho, ya que existen territorios en España que en los últimos años no han notificado ninguna interrupción voluntaria del embarazo en centros de titularidad pública”.
Como puede verse en el gráfico, que ya hemos actualizado con los últimos datos que no reflejaba el texto de la ley, el peso de los centros privados ha seguido cayendo pero sigue siendo muy mayoritario. El dato no significa que la interrupción no haya estado pagada con dinero público, sino que se puede haber derivado a la mujer a un centro privado desde la sanidad pública.
Por poner algunos datos por CCAA, Extremadura reportó cero interrupciones en centros públicos, es decir, las 1.362 interrupciones realizadas en 2023 lo fueron en centros privados. Andalucía reportó solo 26 interrupciones en centros públicos de un total de 19.474 interrupciones (0,13%); Castilla-La Mancha solo 5 de un total de 3.578 (0,14%); la Comunidad de Madrid, solo 71 de un total de 17.870 (0,4%); la Región de Murcia, 25 de 3.682 (0,7%) y el País Vasco 194 de 4.225 (4,6%). En el lado opuesto, en el mismo año 2023, Baleares realizó 2.053 interrupciones en hospitales públicos más 2 en centros públicos extrahospitalarios de un total de 3.237 interrupciones (63,5% en centros públicos) y Cataluña, 11.641 entre hospitales y centros extrahospitalarios públicos de un total de 21.175 (55%). Será muy interesante observar la estadística de 2024 cuando se publique para ver si el cambio de signo político de algunas regiones ha modificado el patrón.
Si objetas en la pública, objetas en la privada
Al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas no le pasó desapercibido que la vía principal para obstaculizar el ejercicio de este derecho en España había llegado por la objeción de conciencia del personal sanitario. Por eso propuso a este país que desarrollara un mecanismo apropiado para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia no fuese un obstáculo para que las mujeres tuvieran acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
La ley actual establece la obligación de las administraciones públicas sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, de garantizar la prestación en los centros hospitalarios, de acuerdo con criterios de gratuidad, accesibilidad y proximidad, estableciendo los dispositivos y recursos humanos suficientes para la garantía del derecho en todo el territorio en condiciones de equidad.
En principio debe realizarse "en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma” y solo "excepcionalmente" en un "centro privado acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación" por parte de la Administración competente.
Y para evitar que la objeción de conciencia haga que un derecho obstaculice el ejercicio de otro se establece la creación de un registro de objetores de conciencia del personal sanitario que impida “la prestación de interrupción voluntaria del embarazo tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada”. Es decir, ya no cabe objetar en el centro público y luego practicar las interrupciones en uno privado. Además, se debe garantizar que no se estigmatice ni a quien preste el servicio ni a quien se declare objetor.
El aborto en España: mayoría de mujeres entre 20 y 24 años, con hijos y viviendo en pareja y cada vez más universitarias
En España, interrumpieron su embarazo de forma voluntaria en 2023 un total de 103.097 mujeres, según el último dato hecho público en el informe anual del Ministerio de Sanidad. Es un 4,9% más que en el año anterior. Aquí es importante destacar que tres de cada diez interrupciones fueron farmacológicas, según la estadística que hizo pública Sanidad en su último informe como se le venía demandando hace tiempo. En 77.515, la interrupción tuvo lugar antes de que finalizase la octava semana.
Pero también nos hemos fijado en el dato que dice que en 47.940 interrupciones el embarazo se debió a que no se utilizó ningún método anticonceptivo, lo que denota una falta de educación que tiene otra derivada en el inquietante incremento de las enfermedades de transmisión sexual que se viene observando en los últimos ejercicios.
En este gráfico se muestra la evolución de la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo entre 1987 y 2023, por cada 1.000 mujeres y desglosada por rango de edad. Esta tasa se calcula a partir de la información que cada año notifican determinados centros, aunque no todos reportan sus datos. En 1987, primer año en que se comenzaron a recopilar estas cifras, notificaron 27 centros. En 2023, la cifra ascendió a 230.
Aun con esta limitación, se observan tendencias claras en la distribución por edades. El grupo de 20 a 24 años suele presentar la tasa más alta, superando en 2023 los 20 abortos por cada 1.000 mujeres. Le siguen de cerca las franjas de 25 a 29 años (18 abortos por cada 1.000 mujeres) y, algo por detrás, la de 30 a 34 (15 abortos por cada 1.000 mujeres). De nuevo hay que tener en cuenta que una parte significativa de ellos son farmacológicos.
La tasa por CCAA, de Cataluña a Galicia
La tasa de interrupción del embarazo por cada mil mujeres entre 15 y 44 años varía considerablemente entre unas comunidades autónomas y otras, según el Informe IVE 2023 que elabora anualmente el Ministerio de Sanidad, pero hay que tener varias cosas en cuenta al mirar el siguiente mapa. La primera es que, como se ha comentado, casi un 30% de las interrupciones voluntarias del embarazo son por medios farmacológicos, no quirúrgicos. Eso eleva la cifra absoluta de abortos farmacológicos a 30.222, de los que 11.802 correspondieron a mujeres con lugar de residencia en Cataluña.
Sobre el lugar de residencia es importante destacar que es lo que define la CCAA a la que se asigna el caso, no el sitio donde se practica la interrupción.
Las circunstancias vitales como factor
Atendiendo a las estadísticas que ofrece Sanidad en su informe se puede también observar la distribución según el tipo de hogar en el que vive la mujer que decide interrumpir su embarazo. Hay un salto en la estadística en 2019 porque un número importante de casos se englobaban en 'no consta hijos' en lugar de 'sin hijos'. En cualquier caso se observa que se mantiene que el mayor número de casos se corresponde con interrupciones en mujeres con hijos y que conviven en pareja, seguido de las mujeres sin hijos que viven con los padres.
En cuanto al nivel de estudios, se observa un incremento claro en estudios cada vez más superiores, como bachillerato y niveles equivalentes de formación profesional así como en mujeres con estudios universitarios.
Febrero fue un mes muy cálido y seco
Ya tenemos el primer avance climático para febrero y tuvo una temperatura media en la España peninsular de 8,6º. Eso es 1,5ºC por encima de la temperatura media. Se coloca como el séptimo mes de febrero más cálido de lo que llevamos de siglo XXI.
En este gráfico puedes ver la temperatura media en la España peninsular desde 1961, con varias líneas que representan los datos de cada año, destacando la evolución en los más recientes.
Respecto a las precipitaciones, el mes de febrero fue seco, con una precipitación media en la España peninsular de 34,1 mm, lo que representa el 66 % del valor normal para un mes de febrero, según el período de referencia (1991-2020). Es el octavo febrero más seco del siglo XXI.
La noticia positiva es que en marzo han vuelto las precipitaciones y, con ello, subirá el nivel de los embalses en las cuencas más deficitarias. Las lluvias generalizadas que han barrido la península ibérica esta semana continuarán al menos dos semanas más, según los modelos de previsión analizados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En principio, seguirá lloviendo hasta el 23 de marzo. Estas precipitaciones parece que estarán por encima de los valores normales para la época.
Un mes sin datos abiertos actualizados sobre los embalses
Como os hemos contado en las dos últimas semanas. Desde el 10 de febrero no tenemos datos abiertos actualizado del boletín hidrológico. Solo informes en PDF elaborados por el Ministerio para la Transición Ecológica. La situación continúa igual.
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