Hoy es 30 de marzo de 2025 y se cumplen diez años desde que el Parlamento español, con mayoría absoluta del Partido Popular y toda la oposición en contra, aprobase una de las normas que mayor polémica han suscitado sobre el respeto a los derechos y las libertades públicas en España. A pesar de las promesas de los partidos de izquierda y nacionalistas de suprimirla desde su aprobación, la Ley Mordaza, tras varios intentos frustrados de derogación parcial en 2018 y 2023, lleva ya más tiempo en vigor con fuerzas progresistas en el Gobierno de lo que estuvo con gobiernos del PP. Las únicas modificaciones han venido por parte del Tribunal Constitucional, que la avaló casi íntegra y solo consideró inconstitucional, por poder incurrir en censura previa, la prohibición de uso no autorizado de imágenes de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en lo que a la toma de esas imágenes se refiere, pero mantuvo como constitucional la infracción grave por su difusión.
La ley mordaza nació en pleno repunte no de la inseguridad sino de las manifestaciones contra los recortes por la crisis financiera o los movimientos sociales como los antidesahucios, que habían derivado en actuaciones policiales muy cuestionadas. Y se aprobó junto a una modificación paralela del Código Penal, transformando una serie de comportamientos que antes eran delito y precisaban de la mediación de un juez para su castigo, en faltas administrativas con multas de hasta 600.000 euros en las que prevalecía el relato del agente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y al ciudadano sancionado le quedaba el recurso de acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo, con su consecuente coste.
Hoy vamos a contarte una historia sobre la ley mordaza, la lucha durante años del Defensor del Pueblo pidiendo su modificación o derogación, la opinión de Europa, además de actualizar los datos del número de sanciones y la cuantía que ya te hemos contado desde hace años en informaciones como esta. Hasta finales de 2023, se han impuesto 2.155.990 sanciones al amparo de la ley mordaza que equivaldrían a 1.200 millones de euros. Las cifras, además, están infravaloradas porque en Cataluña, Navarra y País Vasco, con policías propias, sólo se poseen datos de los expedientes tramitados por la Administración Central del Estado.
También hablamos de agua, de toda la que ha caído y su efecto en los embalses y también en los humedales, cuya evolución e historia seguimos desde hace tiempo y que te hemos venido contando. La situación es muy buena en algunos de los humedales más castigados pero no todos nuestros ecosistemas más preciados se han beneficiado por igual del lluvioso mes de marzo de 2025. Te lo contamos y te lo mostramos con un antes y un después que muestra cómo estaban esos humedales hace ahora un año. Y te recordamos la manía de este país de olvidarse en cuanto llueve de lo que sufre en los periodos secos con medidas para paliar los efectos de la sequía sobre todo en el sector agrario que no se eliminan al volver las lluvias, multiplicando el daño en la siguiente sequía.
Esta semana también hemos conocido otra buena noticia. Hemos recibido un áccesit en los V Premios Vicente Verdú de Periodismo e Innovación por nuestra investigación "Veneno en el grifo" que se une al Premio Rey de España 2025 en Periodismo Medioambiental que te contábamos la semana pasada. El jurado en esta ocasión ha dicho que se trata de “una investigación descomunal que tiene la clara misión de poner a las víctimas en primer plano”. Y como esa era precisamente nuestra intención, que se conozca lo que están pasando los cientos de miles de personas que abren el grifo y no pueden ni beber, ni cocinar con el agua a pesar de que se la siguen cobrando como potable, no podemos estar más satisfechos de los meses de trabajo que supuso nuestra investigación.
Arrancamos
Diez años de la Ley Mordaza: datos e historia
El 10 de diciembre de 2019, comparecía en Ginebra el Defensor del Pueblo español para someterse al Examen Periódico Universal de España ante Naciones Unidas. Dos temas centraron su exposición: los crímenes no resueltos de la banda terrorista ETA y la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. Las críticas del Defensor del Pueblo a las consecuencias de esta norma llevaban años reflejadas en sus resoluciones, en sus informes anuales y cada vez que tenía ocasión, por los riesgos que implica para derechos fundamentales.
Se trataba de una ley aprobada en el Parlamento español el 30 de marzo de 2015, hace hoy diez años, por la mayoría absoluta del PP. Pero a finales de 2019 ya no gobernaba el PP y ya se había frustrado el primer intento de derogación, impulsado inicialmente por el PNV. En su informe publicado ese año, el Defensor del Pueblo recogía que “sería necesario encontrar los consensos suficientes para abordar la reforma de los aspectos más polémicos buscando el adecuado equilibrio entre seguridad y libertad propio de una norma de esta naturaleza, por otra parte necesaria en un Estado democrático de derecho”.
El Defensor del Pueblo regresó de Ginebra con la sensación de haber conseguido avanzar en la búsqueda de aliados internacionales a su petición de reforma, tras lograr que “varios países asumieran sus tesis y recomendaran a España el cambio normativo”, como refleja su informe de aquel año. Lo que no se sabía en aquellos primeros días de diciembre de 2019 es que el considerado hoy paciente cero del coronavirus ya había contraído la enfermedad en China y mucho menos que quedaban tan solo tres meses para que España decretase el Estado de Alarma iniciando el confinamiento de la población e inaugurando el periodo de uso más intensivo que haya vivido la ley mordaza desde su entrada en vigor.
A pesar de que su uso había sido muy inferior respecto a las sanciones por consumo o tenencia ilícita de drogas, hasta entonces las que constituían la mayoría, el 11% de todas las sanciones desde que entró en vigor la norma en 2015 hasta finales de 2023, último dato disponible, se impuso entre marzo y abril de 2020, durante el primer Estado de Alarma, aplicando el artículo 36.6, que sanciona "la desobediencia o la resistencia a la autoridad, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse". La declaración de inconstitucionalidad, después revisada, de parte del artículado del Estado de Alarma abrió la puerta en 2021 a la devolución de estas sanciones, que llegaron a sumar en esos dos meses 161 millones de euros.
Tras lo peor de la pandemia, el Defensor del Pueblo se mantuvo muy crítico con “la idoneidad de la Ley para situaciones como un Estado de Alarma”. En el informe de 2020, publicado en 2021, se recogió que “las reflexiones de la institución debieran incorporarse a la reiteradamente aplazada reforma de esa ley”. En su informe del siguiente ejercicio, insistió en que la ley mordaza “está vinculada a cuestiones tan importantes como los derechos fundamentales de reunión y manifestación, o al conjunto de las relaciones policía-ciudadanos en la calle. La actuación de la Policía, los malos tratos si fuere el caso, los derechos del detenido, los supuestos en los que puede ser identificado un ciudadano en la vía pública o la inviolabilidad del domicilio, son los asuntos capitales en un Estado democrático de derecho. Garantizar el respeto de todas las libertades exige una actitud vigilante, desde la consideración de que incluso en las democracias más consolidadas y en los Estados más avanzados del mundo son siempre posibles las quiebras y retrocesos”.
A finales de 2021, Francisco Fernández Marugán, que había permanecido al frente del Defensor del Pueblo de forma interina desde 2017, fue sustituido por Ángel Gabilondo. La críticas a la norma han pasado a centrarse en la falta de concreción de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los motivos de su uso en algunos casos y a la posible discriminación por razones como la raza o el sexo en determinadas actuaciones.
Sanciones de seis cifras en un país de mileuristas
Desde los artículos 35, 36 y 37 de la ley mordaza, bajo el epígrafe de infracciones muy graves, graves y leves, se pasó a considerar sancionable con hasta 600.000 euros la celebración de espectáculos o actividades recreativas previamente prohibidas o suspendidas (artículo 35.3) o las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en instalaciones o infraestructuras básicas (art. 35.1). Con hasta 30.000 euros, las reuniones y manifestaciones frente al Congreso, Senado o asambleas autonómicas aunque no estuviesen reunidas (art. 36.2); los actos de obstrucción al cumplimiento de resoluciones judiciales por las autoridades (norma contra las protestas antidesahucios) (36.4), la “desobediencia o resistencia a la autoridad en el ejercicio de sus funciones” (36.6) y “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que pudieran poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes” (36.23).
Este régimen sancionador fue una de las razones que llevó a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, a aprobar en sesión plenaria en marzo de 2021 una opinión en defensa de la modificación de la ley mordaza. "Si una norma estatutaria lleva, en la práctica, a abusos, dicha norma debería ser cambiada, delimitada o acompañada de salvaguardias adicionales, incluso si en teoría es constitucionalmente aceptable", recoge la opinión, que pedía que se describiesen con mayor exactitud las ofensas, por ejemplo, derivadas de la “desobediencia a las autoridades” del artículo 36.6. Y recomendaba revisar las sanciones, consideradas muy altas “en el contexto español”, donde el salario mínimo en aquel momento no llegaba a los 1.000 euros, por el riesgo de disuadir a ejercer la libertad de reunión que garantiza la ley.
El uso de pelotas de goma como material antidisturbios y las llamadas devoluciones en caliente de las personas migrantes son los dos escollos fundamentales esgrimidos por los partidos para que los intentos de derogar al menos parte de la Ley de Seguridad Ciudadana no se hayan convertido en realidad diez años después de su aprobación.
Las lluvias mejoran Doñana, pero no son suficientes para Las Tablas de Daimiel
Las lluvias del mes de marzo de 2025 no solo han mejorado la situación hídrica de los embalses en la península, también han servido para mejorar la situación de algunos de los humedales del país.
En Doñana, el humedal está prácticamente cubierto de agua, una situación que no se veía desde hace más de una década. Te mostramos una imagen actual de satélite, procesada para resaltar el nivel del agua, junto a otra que muestra la situación a principios de abril del año pasado.
Imagen del satélite Sentinel-2 procesada por DATADISTA para resaltar el nivel de agua. A la izquierda, la situación el 26 de marzo de 2025; a la derecha, la situación el 10 de abril de 2024 | DATADISTA a partir de los datos de Copernicus
👉Lee nuestra investigación sobre Doñana que publicamos en 2023: Todos los culpables del desastre de Doñana
En las Tablas de Daimiel, las lluvias de marzo han permitido una mejora en la superficie encharcada, aunque la situación es solo ligeramente mejor que la de hace un año, ya que el 1 de abril de 2024 había 440 hectáreas inundadas.
En esta comparativa puedes ver cómo está ahora frente a cómo estaba a comienzos de la pasada primavera.
Imagen del satélite Sentinel-2 procesada por DATADISTA para resaltar el nivel de agua. A la izquierda la situación el 28 de marzo de 2025, a la derecha la situación el 12 de abril de 2024 | DATADISTA a partir de los datos de Copernicus
En los últimos meses, la situación de Las Tablas de Daimiel estaba bajo mínimos. A finales de diciembre de 2024 se activaron de nuevo los pozos de sequía, ya que en ese momento solo había 62 hectáreas encharcadas de las 2.200 que ocupa el parque nacional.
Según el Plan Rector del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel aprobado en 2017, el “objetivo mínimo de inundación” son “1.400 hectáreas inundadas a comienzos de primavera y 600 hectáreas a finales de verano”. Sin embargo, en los últimos años ha habido momentos en que la superficie encharcada apenas llegaba a las 20 hectáreas. En septiembre de 2023, el parque se redujo a solo 6 hectáreas inundadas, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
En este gráfico puedes ver la evolución de la superficie inundada en Las Tablas de Daimiel desde 2019, así como los meses en los que se han activado los pozos de sequía o se ha enviado agua a través de la tubería manchega.
Las lluvias han mejorado ligeramente la situación, pero Las Tablas siguen muy lejos de alcanzar el estado que deberían tener de forma natural. La causa principal no es la falta de precipitaciones, sino décadas de decisiones que han dejado al humedal completamente dependiente de las lluvias o de aportes artificiales.
Primero fue la política de desecación de humedales impulsada durante el franquismo. Después, la transformación del entorno para la agricultura intensiva terminó por romper el equilibrio hídrico. La sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, tanto por miles de pozos legales como por otros tantos ilegales —el Plan del Alto Guadiana llegó a cifrarlos en 7.000, de los que se ha regularizado la mitad—, superó con creces la capacidad de regeneración natural del sistema.
Desde hace tiempo, Las Tablas han necesitado transfusiones artificiales de agua: desde pozos de emergencia que extraen del mismo acuífero sobreexplotado que debería alimentarlas, hasta trasvases desde otras cuencas o incluso, de forma excepcional, desde la llamada tubería manchega, una infraestructura creada para el abastecimiento humano que se utilizó en 2023 en periodo de pruebas.
El recuerdo del año 2009 sigue muy presente. Aquel año, tras cuatro ejercicios de sequía, el humedal entró en una crisis extrema que incluyó la combustión subterránea de la turba del parque. El episodio, que comenzó sin que se viera a simple vista, provocó la intervención urgente de las autoridades, la activación de los sondeos de emergencia y un intento de reacción internacional ante un símbolo de los humedales europeos al borde del colapso.
👉Lee nuestra investigación sobre lo que ocurrió cuando empezó a llover después de otras sequías: La otra historia de la crisis del agua: sé lo que hicisteis en las últimas sequías
Las lluvias de marzo elevan las reservas de agua para consumo al 66,6%, el nivel más alto en diez años
Las lluvias que han afectado a la península ibérica desde el pasado 28 de febrero han incrementado durante el mes de marzo las reservas de agua en los embalses de España, con un impacto especial en las cuencas más afectadas por la sequía, lo que está permitiendo eliminar o rebajar algunas de las restricciones que estaban activas en Cataluña, Región de Murcia y Andalucía.
Los embalses de uso consuntivo —destinados al abastecimiento humano, agrícola e industrial— se sitúan en el 66,6% de su capacidad con 25.844 hm³. En la última semana, ha aumentado el agua disponible en 5,8 puntos con 2.269 hm³. Son 18,2 puntos más que la media de los últimos cinco años, calculada en 18.666 hm³.
Puedes ver la espectacular subida en el siguiente gráfico:
Las mayores subidas se han producido en algunas de las cuencas que se encontraban en peor situación hídrica. Las Cuencas Internas de Cataluña han registrado la última semana un incremento de 9 puntos, alcanzando el 54,21% de su capacidad. También destaca la subida en Guadalete-Barbate, que ha aumentado 8,5 puntos, situándose en 53,18%, y en la cuenca del Guadalquivir, que ha ganado 7,9 puntos, hasta alcanzar el 57,96%.
Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza ha subido 6,9 puntos, situándose en el 51,11%, mientras que el Guadiana ha aumentado 9 puntos, alcanzando el 65,35% de su capacidad.
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