El anuncio del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo de VOX, de instar a los médicos de esta comunidad autónoma a que inviten a las mujeres gestantes que quieren interrumpir su embarazo a escuchar el latido del corazón del feto y ver una ecografía en movimiento (4D) así como la posterior contestación del Gobierno requiriendo a la Junta de Castilla y León una respuesta por escrito de lo que se quería aprobar, por si vulnera la ley de interrupción voluntaria del embarazo, nos ha hecho preguntarnos esta semana en DATADISTA por la situación del aborto voluntario en España. También nos hemos fijado en la situación actual de la reserva hídrica, donde las precipitaciones de las últimas semanas han sido abundantes en la vertiente Atlántica pero escasas en la Mediterránea.
Arrancamos.
Radiografía del aborto en España: 11 interrupciones voluntarias del embarazo por cada 1.000 mujeres
En España, se realizan una media de 93.000 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) teniendo en cuenta la media de los últimos cinco años. Esto equivale a casi 11 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. En 2020, debido a la pandemia, hubo una disminución en el número de abortos realizados.
En este gráfico puedes ver el número totales de IVEs realizadas desde 1987 a 2021.
El siguiente gráfico muestra la evolución de la tasa desde 1987, según la información recopilada por DATADISTA a partir de los informes históricos anuales publicados por el Ministerio de Sanidad. Aunque en 1985 se aprobó la primera ley del aborto en democracia, no fue hasta mediados de 1986 que se aprobó una orden ministerial para la creación de estadísticas e información epidemiológica sobre las interrupciones voluntarias del embarazo, por lo que el primer año con datos disponibles de la serie histórica es 1987. Ese año se realizaron 16.766 abortos en 29 centros de toda España.
En 2021, último año con datos disponibles (PDF), se realizaron 90.189 interrupciones voluntarias del embarazo en 210 centros públicos y privados con una tasa de 10,7 interrupciones por cada 1.000 mujeres. El 90,98% se realizan a petición de la mujer, mientras que un 9% debido a un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o por anomalías en el feto.
El 84,33% de las interrupciones se realizaron en 2021 en centros privados. Es una cifra que no ha variado mucho en la última década. Esto no significa que la totalidad de estas interrupciones hayan sido pagadas por las mujeres. La interrupción voluntaria del embarazo está financiada por el Sistema Nacional de Salud y en muchas comunidades autónomas se deriva esta prestación a centros privados. Trabas burocráticas y problemas de diferente índole hacen que muchas mujeres opten por financiar directamente la interrupción. Por ejemplo, en Castilla y León el 42,16% de las 2.597 interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en 2021 (PDF) fueron pagadas íntegramente por las mujeres.
Cada centro que realiza una interrupción voluntaria del embarazo debe notificarla al Ministerio de Sanidad. Es un cuestionario anónimo y confidencial donde no se recopilan datos que permita la identificación de las mujeres. Los informes anuales que publica Sanidad añaden un anexo con todos los centros públicos y privados que han notificados estos datos. Un reportaje de investigación publicado por Newtral reveló que la Comunidad de Madrid realiza interrupciones del embarazo en centros públicos pero no remite estos datos a Sanidad.
En 2021, de este listado se desprende que hay 12 provincias que no han notificado interrupciones del embarazo. Son las siguientes: Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Jaén, Palencia, Segovia, Soria, Teruel y Zamora. Esto significa que las mujeres residentes en estas provincias tuvieron que desplazarse a otra provincia para poder abortar en 3.969 interrupciones del embarazo realizadas.
En Castilla y León, el 24% de las interrupciones voluntarias del embarazo de 2021 se realizaron en una provincia diferente al lugar de residencia de las mujeres.
En el siguiente gráfico puedes ver la tasa por cada 1.000 mujeres y por cada grupo de edad. Históricamente el grupo de edad entre 20 y 24 años es el que tiene una tasa más alta de interrupciones del embarazo, seguido de las mujeres entre 25 y 29 años.
En 2010, el PSOE reformó la ley de interrupción del embarazo, que había estado en vigor desde 1985, y la sustituyó por la conocida como "ley de plazos". Entre otras medidas, esta ley establece el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. El PP recurrió esta ley en junio de 2010 ante el Tribunal Constitucional, y 13 años después, el Constitucional ha anunciado esta semana que abordará la sentencia en el pleno del próximo 7 de febrero.
Cuando el PP regresó al poder en 2011 intentó reformar integralmente la ley, pero se saldó con la salida del gobierno del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien había sido el principal impulsor de la reforma. Finalmente, en 2015, el PP modificó la ley para incluir que las menores de 16 y 17 años necesiten permiso paterno para poder abortar, permiso que había sido eliminado por la ley de 2010.
Este año, el gobierno socialista ha aprobado un proyecto de ley que pretende recuperar el aborto sin consentimiento a partir de los 16 años, elimina el plazo de reflexión de tres días y la información previa obligatoria. Además, las mujeres tendrán derecho a una incapacidad temporal durante el tiempo de recuperación.
La ley también busca garantizar que los centros públicos sean la red de referencia para realizar las interrupciones del embarazo y regular la objeción de conciencia del personal sanitario. Después de su aprobación en el Congreso, la ley se encuentra actualmente en el Senado, donde los diferentes grupos parlamentarios han enviado sus enmiendas y vetos. Su debate se producirá en febrero.
Una lectura de la propuesta de veto enviada por los tres senadores de VOX (DOC) permite conocer -más allá de lo anunciado por Castilla y León- todo lo que este partido rechaza y su intención de que el aborto sea prohibido ante cualquier supuesto. Rechazan que las mujeres puedan tomar la decisión por sí mismas sin contar con la opinión del padre. También se oponen a que se realicen campañas de educación sexual y reproductiva.
Sigue subiendo la reserva hídrica pero con cuencas en situación de sequía
La reserva hídrica española se encuentra esta semana al 48,5% de su capacidad total con 27.190 hm3 almacenados. Aunque esto se sitúa cerca de la media de los últimos 5 años, todavía hay cuencas con problemas de sequía, como en el Guadalquivir (24,8%), Guadiana (34%) y las cuencas internas de Cataluña (30,7%). Esto es debido a que en las últimas semanas ha llovido de manera abundante en la vertiente Atlántica y de forma escasa en la Mediterránea.
El último informe sobre la situación de sequía (PDF) en España, publicado la semana pasada, indica que aunque en "el Guadiana y en el Guadalquivir las lluvias han sido importantes y han permitido corregir el déficit de humedad que tenía el terreno después de varios meses muy secos, generando escorrentías y aportaciones notables a los embalses. A pesar del alivio que estas lluvias suponen, no solucionan por sí solas una preocupante situación de escasez que se arrastra desde hace tiempo."
En este gráfico puedes ver la evolución por año hidrológico hasta el 17 de enero de 2023.
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