Este año se han cumplido 55 desde que un bombardero B-52 cargado con bombas nucleares de hidrógeno y un avión cisterna KC-135, ambos de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, chocaron sobre las cabezas de los habitantes de Palomares. Tras las dos primeras entregas, hoy hacemos públicos los documentos que muestran cómo EEUU, único responsable del accidente, lleva décadas primero intentando pagar las menores indemnizaciones posibles a los agricultores y pescadores afectados y después negándose a reconocer compromiso vinculante alguno para realizar la limpieza definitiva de los kilos de plutonio que quedaron sobre el terreno.
Varias cajas de documentos desclasificadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores cuentan una historia muy distinta a la que han difundido públicamente, incluido un acuerdo confidencial firmado en 1964 entre EEUU y la dictadura de Franco por el que deberían haberse hecho completamente responsables de lo ocurrido.
La pandemia sigue aquí
Amanece el primer día sin estado de alarma en España. El 25 de octubre de 2020, cuando se empezó a aplicar el segundo estado de alarma, la incidencia acumulada en los últimos 14 días era de 401 casos por cada 100.000 habitantes. El viernes, se registraron 198,6 casos de incidencia.
Sí, es mucho más baja pero durante este segundo estado de alarma han fallecido 40.922 personas por covid-19, según el recuento realizado de la última serie histórica publicada. Suman más fallecidos que los que hubo desde el principio de la pandemia y hasta el 24 de octubre de 2020.
La tendencia de bajada de la incidencia continuará en los próximos días aunque actualmente hay varias comunidades autónomas en alerta 4, el nivel más alto: Aragón, Cataluña, País Vasco, La Rioja y Madrid. Tienen una incidencia por encima de la media nacional y una ocupación de UCI por pacientes covid-19 superior al 25%, que es un nivel muy alto. La buena noticia es que todo indica que el pico de ocupación UCI se ha superado hace unos días.
La relajación excesiva de las medidas de protección individual tiene consecuencias que ya nos han enseñado los datos y el porcentaje de población vacunada va a buen ritmo pero sigue lejos de cifras que puedan hablar de inmunidad de grupo. A pesar de haberse flexibilizado las medidas en muchas comunidades autónomas y de que tienes la posibilidad de moverte libremente en una gran parte del país, los datos dicen: la pandemia aún no ha terminado.
Aprender a gestionar la pandemia sin estado de alarma
El Gobierno aprobó esta semana el Real Decreto Ley 8/2021 para permitir que las comunidades autónomas puedan presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el caso de que los tribunales superiores autonómicos tumben las medidas que tomen de cierre perimetral y restricción de la circulación. La estrategia del Gobierno es que el Supremo termine creando en poco tiempo jurisprudencia al respecto. DATADISTA preguntó esta semana a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por qué no se usó esta fórmula antes de declarar el segundo estado de alarma a nivel nacional. La respuesta no dejó claras las diferencias entre entonces y ahora, se centró en asegurar que las CCAA son las que se han quejado de las distintas posiciones de los tribunales de justicia, lo que hacía necesaria la unificación de doctrina por el Supremo. De momento, las primeras decisiones de los tribunales superiores de justicia han vuelto a ser dispares, tal y como se preveía: los jueces han rechazado en el País Vasco mantener el toque de queda, los confinamientos perimetrales y el límite en las reuniones sociales mientras en Baleares y Comunidad Valenciana lo han autorizado. El lío va a durar semanas.
1.266.685 personas más con la pauta completa de la vacuna
La ministra de Sanidad lo definió en una frase corta esta semana: "la vacunación va como un tiro". El último informe de Sanidad, con datos hasta el jueves, mostraba 5,9 millones de personas con la pauta completa de la vacuna. En total son 1.266.685 personas más respecto al informe del viernes anterior. Esta semana también se ha superado durante varios días la administración de más de 500.000 vacunas diarias. El 83,5% de las personas con 60 años y más tiene al menos una dosis de la vacuna y el 38% con la pauta completa. Recuerda que el 94% de todos los fallecidos por covid-19 en España tenía más de 60 años.
- Esta semana llegará una nueva remesa de vacunas de AstraZeneca y está pendiente por saber qué va a pasar con las miles de dosis de esta vacuna que guardan las comunidades autónomas.
- El 23 de julio comienza los Juegos Olímpicos de Tokio y España ha decidido que va a vacunar a todos los deportistas españoles que acudan a los juegos olímpicos y paraolímpicos.
- EMA ha empezado a evaluar el uso de la vacuna de Pfizer entre los jóvenes entre 12 y 15 años. Actualmente solo está recomendado su uso en mayores de 16 años. La EMA espera tomar una decisión en junio. Si finalmente se autoriza, permitiría vacunar a los jóvenes europeos antes del inicio del nuevo curso escolar.
- Estados Unidos ha anunciado que está a favor de levantar las patentes de las vacunas contra la covid-19. Mientras en Alemania, donde están las sedes de Pfizer y BioNTech, se niega, España se muestra a favor pero con el aviso de que "la exención sola no es suficiente para garantizar el acceso a los países en desarrollo".
Pensión mínima, algo muy de mujeres
Fuera de carta, esta semana nos hemos fijado en los últimos datos de las pensiones contributivas en España, es decir, aquellas que se cobran por haber cotizado a la Seguridad Social. En concreto, nos hemos fijado en las pensiones mínimas, en su reparto por provincias y por género.
No te lo vas a creer. Todo lo ligado a la maternidad y los cuidados, que implica vidas de cotización más cortas, interrumpidas y con salarios más bajos conlleva un futuro con muchas más posibilidades de cobrar el mínimo. De las mujeres que cobran una pensión contributiva en España, el 29,1 por ciento tiene una pensión por lo cotizado tan baja que el Estado la complementa para llegar al mínimo, frente al 16,5 por ciento de los hombres.
En algunas provincias, la situación es aún más llamativa. Una de cada dos mujeres con pensión contributiva de Badajoz, Cuenca y Cáceres cobra la pensión mínima. Aquí puedes leer muchos más detalles, interactuar con el mapa por provincias y flipar con la cantidad de límites, controles y restricciones que tiene una persona que cobra el mínimo si pretende complementar su renta o viajar al extranjero.
Empleo en abril y unos datos muy temporales
Esta semana hemos conocido también los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro del mes de abril. Comparados con abril del año pasado, cuando ya estábamos pasándolas canutas dentro de las casas porque llegamos a acumular siete semanas de confinamiento severo y la afiliación cayó en 550.000 personas, el aumento de la afiliación en abril de 2021 en 134.396 personas suena a gloria. Por otro lado, a cierre de abril seguíamos teniendo a 638.283 personas en ERTE.
Pero si se miran los abriles anteriores a la pandemia, se ve que, aunque la relajación de las restricciones ha hecho que sectores como el de la hostelería hayan encabezado el incremento de afiliados y afiliadas, el efecto de las restricciones de Semana Santa no ha permitido aún el brío de otros tiempos.
Eso sí, seguimos siendo campeones de la temporalidad. Se ha prometido muchísimas veces acabar con esta peculiaridad negativa del mercado laboral español, te lo contamos aquí en el primer capítulo del podcast Crisis de Memoria. El Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido también actuar pero esta vez reduciendo el número de contratos, penalizando los temporales no justificados y acelerando la máquina de la Inspección.
Según declaró esta semana el Secretario de Estado de Trabajo, Israel Arroyo, la propuesta se ha planteado a la mesa del Diálogo Social esta misma semana. "Que las empresas solo usen los contratos temporales cuando haya detrás causas que lo justifiquen. La transformación de las fórmulas de contratación será para eso, para que se confine la contratación temporal a aquellos lugares donde las empresas realmente lo necesitan. Hay una gran bolsa de temporales que solo son formalmente temporales".
La Inspección tiene su parte en esto. El Gobierno inició hace unos meses una campaña de conversión a indefinidos de contratos temporales que no cumplen la finalidad de un contrato temporal. La campaña consta de dos fases: una informativa de comunicaciones o cartas, que según Arroyo ha provocado ya, sin necesidad de llegar a un proceso sancionador, la conversión de 89.268 contratos temporales en indefinidos (el 72,86% de los contratos comunicado). El total de contratos temporales transformados en los últimos cuatro meses es de 144.000. Ahora se inicia la segunda parte, que tendrá que ver con actuaciones inspectoras donde no haya habido regularización.
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