Ha ocurrido una cosa alucinante. Esta semana se ha visto a todo el Congreso de los Diputados feliz. No todos a la vez, eso sí. Primero se levantaron en aplausos las bancadas de PP y Vox, al oír que la presidenta de la Cámara anunciaba que no había votos suficientes para convalidar la reforma laboral del Gobierno de coalición; y al rato le tocó al resto, cuando anunció lo contrario. Bueno, la cara de póquer de algunos de los socios habituales del Gobierno no sabemos si da para hablar de felicidad o, al menos, de alivio. Parecía el remake de los últimos minutos del último gran premio de F1, con Verstappen y Hamilton jugándose el campeonato. Todo parecía posible. Cambios de voto, errores, diputados votando en su casa e intentando repetir en el Pleno... Vamos a ponerle datos a esto. Hablaremos de cuánto se equivocan sus señorías, de qué se ha aprobado en realidad después de meses hablando de derogación y de la foto que ha vuelto a dejar enero sobre la precariedad laboral en España que aseguran que, con la nueva normativa, va a cambiar. También hablamos de la COVID-19, de una cifra de fallecidos diarios que nunca ocurrió (sí, ha vuelto a pasar), de la salida de la sexta ola y las mascarillas de quita y pon.
Además esta semana se ha celebrado el Día Mundial de los Humedales y, como no podía ser de otra manera, te recordamos nuestra investigación sobre el Mar Menor y nuestros últimos reportajes al respecto, tanto el que habla de cómo las empresas investigadas aceleraron los vertidos tras la sopa verde de 2016 como las conclusiones del juez del 'caso Topillo' señalando el negacionismo de los Gobiernos regionales del PP en Murcia y la permisividad de la CHS con pozos y desaladoras ilegales (durante gobiernos estatales de ambos signos) como causantes del daño.
Arrancamos.
REFORMA LABORAL: ¿Y EL CONGRESO SE VOLVIÓ LOCO?
3 de febrero de 2022, al filo de las nueve de la mañana. Queda poco más de una semana para que se cumpla exactamente una década desde que el BOE publicó la conocida como reforma laboral del Partido Popular. La de 2012. Sus señorías ocupan sus escaños en el hemiciclo. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) pasan por los micrófonos de los medios para decir que lo que tienen que hacer no les gusta, no les gusta nada, que es decisión del partido, no de ellos, pero no avisan en ningún momento de que vayan a romper la disciplina de voto. Al contrario. Acatarán lo decidido.
En la España polarizada, cuesta creer que haya un día en el que en el Congreso se vote de verdad una ley, con su preámbulo, sus artículos y sus consecuencias, y no si se tumba o mantiene un Gobierno. Pero el 3 de febrero de 2022 el Congreso parece a primera hora lleno de matices mucho más allá del blanco y el negro. ¿La geometría variable funciona? Socios de investidura del Gobierno de coalición están en el no y enemigos ideológicos acérrimos en el sí. Vienen con sus explicaciones cada uno partiendo de un cálculo que se da por hecho por las declaraciones conocidas desde cada partido: la Ley va a salir adelante.
Al proceder a anunciar el resultado de la votación, confusión absoluta. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, anuncia primero que el Real Decreto 32/2021 no ha sido convalidado y, por tanto, la reforma laboral del Gobierno de coalición ha quedado derogada. Aplausos entusiastas de PP y Vox, perplejidad en el resto. Entonces la presidenta rectifica. Ha sido un error en el cálculo. La reforma sí cuenta con los votos necesarios (más síes que noes) para salir adelante. Y se lía el bochinche. Un diputado del PP ha votado en el sentido contrario a su intención y en su partido llevan un buen rato haciendo gestiones para que se cambie lo que ya refleja el sistema. Vamos a obviar las explicaciones del error informático que ya ni el PP sostiene y a analizar datos.
Sus señorías se han equivocado de voto en el 21% de las votaciones en el Congreso en lo que va de año
Equivocarse al votar en el Congreso de los Diputados es más común de lo que parece. No solo es algo que le haya sucedido al diputado popular Alberto Casero al decidir con su voto la convalidación de la reforma laboral. Hoy publicamos en DATADISTA cómo, en lo que llevamos de año, se han producido rupturas de voto en 8 de las 38 votaciones celebradas en las tres primeras sesiones plenarias. Para ello hemos analizado los 13.262 votos individuales emitidos.
En DATADISTA nos hemos liado la manta a la cabeza y, como hemos desarrollado un script y metodología para la extracción, normalización y análisis de estos datos, en los próximos días haremos público el resto de la información con las rupturas de votos por cada grupo parlamentario en todas las votaciones celebradas en la presente Legislatura. También vamos a liberar los datos. En total más de un millón de votos emitidos desde febrero de 2020.
Por qué lo llaman derogación cuando quieren decir ... otra cosa
Llevamos tantos meses, años, oyendo hablar de la derogación de la reforma laboral del Partido Popular de 2012 que los partidos que forman el Gobierno de coalición no han sido capaces de salir de ese mantra a pesar de que deben llevan tiempo viendo que los derroteros del diálogo social iban a desembocar en algo que contentase a todos, sindicatos y patronales, pero no una derogación de aquella norma.
En lugar de un anuncio sobre los puntos de consenso alcanzados entre representantes de los trabajadores/as, los empresarios/as y el propio Gobierno, el empeño en que se estaba derogando la reforma de 2012 hizo que el pacto se desluciese camino del Congreso porque en cuanto empezasen las comparaciones con lo aprobado por el PP de Mariano Rajoy iba a ser evidente que derogar, la reforma del PP no se ha derogado. Ni el coste del despido improcedente; ni las facilidades para el despido colectivo como la eliminación de la autorización de la administración laboral o la de los salarios de tramitación; ni la prevalencia del convenio de empresa para el resto de asuntos que no son el salario.
No asumir desde un primer momento públicamente lo que se ha acordado (principalmente la reducción de las opciones de contratación temporal para combatir la precariedad endémica del mercado laboral español, la recuperación de buena parte del poder sindical, la creación de una versión permanente de los exitosos ERTE de la pandemia) y empeñarse en decir en el Congreso, en mítines, en medios que había un compromiso de derogar la reforma de 2012 antes de año, ha traído frustración y alguna que otra mirada al infinito de compañeras de bancada azul.
El propio PP ha tenido que hacer equilibrios entre afirmar que su reforma no ha sido derogada y sostener que consideran esta una 'contrarreforma' que reduce la flexibilidad en la contratación que ellos introdujeron y es por ello, en su opinión, muy negativa para la economía.
¿Qué cambia? ¿Qué no? Hemos hecho unas fichas por temáticas: despido, convenios y formación para ayudar a entender la evolución de la normativa laboral de la historia reciente en estos asuntos.
Como puedes ver, en temas de despido no ha habido grandes cambios. La primera vez que se introdujo la indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado en contratos indefinidos fue por el PSOE de Rodríguez Zapatero, en aquel contrato para el fomento de la contratación indefinida, hoy más que derogado, que acabó extendiéndose a tantos supuestos que casi se generalizó. Pero solo afectaba a contratos nuevos, en ningún caso a los que estaban en vigor.
El gran cambio vino con la reforma de 2012 del PP porque la generalización del despido de 33 días se extendió a los contratos en vigor. Esto se mantiene, lo mismo que las facilidades que se dieron a los despidos colectivos, que ya no necesitan el visto bueno de la autoridad administrativa laboral, lo que quita presión a las empresas a la hora de negociar con los sindicatos las condiciones del ERE. Tampoco se han recuperado los salarios de tramitación.
Más se ha recuperado en lo que se refiere a la negociación colectiva pero no todo. El principal cambio viene por la recuperación de la prevalencia de los convenios sectoriales estatales sobre los de empresa en lo que a salario base y complementos se refiere. Se mantiene la prevalencia de los convenios de empresa para el resto de puntos que quedaron establecidos en la reforma de 2012: abono de horas extra, retribución específica del trabajo a turnos, horarios y planificación de vacaciones, clasificación profesional o medidas de conciliación. Ambos puntos también afectan a la subcontratación, porque ahora se aplica a los trabajadores subcontratados el convenio sectorial al que pertenezca la empresa de la actividad principal pero solo en materia salarial, no en el resto de puntos. Al prevalecer el convenio de empresa en el resto, si la empresa multiservicio tiene convenio propio, es el que se aplica.
El gran cambio: combatir el enorme problema de la temporalidad
Donde está el gran cambio es en las modalidades de contratación. Es ahí donde el Gobierno ha puesto toda la esperanza para lograr acabar con esa foto de la que tanto te hemos hablado en DATADISTA que muestra cómo en España se crea empleo neto los lunes, se destruye los viernes, crece con fuerza el primer día de cada mes y parece una hecatombe el último. Hasta el día siguiente. Una foto que hemos vuelto a ver esta semana con la publicación de los datos de empleo de enero de 2022.
La eliminación de los contratos de obra y servicio, la reducción de las excepciones y los días anuales que permiten celebrar un contrato temporal, el aumento de las cotizaciones y las sanciones para quien suscriba contratos ultrabreves son los puntos principales del cambio.
Todo ello es lo que sustenta la respuesta que dio a DATADISTA esta semana el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, cuando le preguntamos por la posibilidad de que, en esta legislatura, haya espacio para avanzar en los aspectos de la reforma de 2012 que no se derogan ahora: "La reforma laboral (del PP) ha quedado definitivamente atrás. Es un cambio de modelo absoluto".
Por su parte, cuando le preguntamos al secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, cuándo íbamos a notarlo en los datos de altas y bajas netas, contestó: "Aquellos elementos que afectan a la contratación temporal deberían ser los más rápidos en notarse porque son elementos de alta frecuencia y debería empezar a notarse de forma inmediata".
Los datos nos dirán pronto si es así.
Decae la sexta ola y las mascarillas en exteriores
En la última semana la incidencia ha caído 779,03 puntos hasta situarse el viernes en los 2.299,44 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Durante la semana se ha producido un descenso generalizado en todos los grupos de edad y en todas las comunidades autónomas.
Este descenso también se ha producido en la situación en los hospitales, con una caída de los ingresos tanto en camas convencionales como en UCI. En este gráfico de doble eje puedes ver la evolución de la incidencia y la ocupación en UCI.
La caída de la sexta ola ha favorecido que el Gobierno pueda acelerar el fin de algunas de las medidas de restricción aprobadas en diciembre, aunque para variar lo ha anunciado donde y cuando le ha parecido mejor. Después de que el martes se convalidase en el Congreso el Real Decreto-ley que regulaba el uso obligatorio de la mascarillas en exteriores, con la correspondiente defensa de la medida por parte de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que no anticipó la fecha del cambio a sus señorías; y de que el miércoles la ministra explicase en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial que su uso dejaría de ser obligatorio pronto pero sin dar fecha, pese a la insistencia de los periodistas, el viernes la Cadena Ser anticipaba su derogación poco antes de que la propia ministra se lo confirmase en una entrevista a la cadena, concretando que se llevará al Consejo de Ministros del próximo martes, se publicará el miércoles en el BOE y entrará en vigor el jueves. Para que todo esto encaje como un gran puzle sideral, hay que celebrar Consejo Interterritorial fuera del día de la semana habitual. Tendrá lugar el lunes a las 8 de la mañana, cuando la decisión será comunicada a los consejeros de las comunidades autónomas. En esta decisión las comunidades autónomas no pueden votar aunque sí manifestar su opinión.
El impacto de la sexta ola desde el inicio de la pandemia
Esta semana se han cumplido dos años del primer caso diagnosticado confirmado con COVID-19 en España. Desde entonces se han diagnosticado más de diez millones de casos. Concretamente 10.274.653 personas han pasado la enfermedad pero, como hemos explicado en otros boletines y artículos, este no es el número real de personas que se han contagiado en el país. En DATADISTA estimamos que actualmente puede rondar el 30% de la población española, con más de 14 millones de personas. La Secretaría de Estado de Sanidad, a preguntas de DATADISTA, explicó que de momento no se espera realizar una nueva ronda del estudio de seroprevalencia, que nos daría esta información, debido a la saturación de los servicios de atención primaria por la sexta ola y los recursos de enfermería destinados al proceso de vacunación.
Estas son las cifras que acumula la sexta ola desde el 14 de octubre de 2021, día que el ISCIII considera como el inicio de esta última ola:
🔸 5.210.927 casos diagnosticados
🔸 6.465 personas fallecidas
🔸 66.282 personas hospitalizadas
🔸 5.119 personas que han estado en una UCI
En este gráfico puedes ver la evolución semanal desde la primera ola.
La sexta ola representa ya el 50,7% de todos los casos diagnosticados en España pero con una letalidad del 0,098%. En los siguientes gráficos puedes ver la evolución actualizada de casos, hospitalizados, personas en UCI y fallecidos de todas las olas.
No, el lunes no fallecieron 408 personas por COVID-19 en España
El martes, 1 de febrero, se añadieron 408 fallecidos a la serie histórica debido a un retraso en la notificación por parte de algunas comunidades autónomas, algo que se puede comprobar fácilmente en los informes diarios y que también nos ha confirmado el Ministerio de Sanidad. Ese día, por ejemplo, País Vasco añadió a la serie 128 nuevos fallecidos después de no actualizar datos desde la semana anterior.
El problema es que algunos de los principales medios y televisiones del país titularon que habían fallecido 408 personas en las últimas 24 horas. No es verdad y genera desinformación, como llevamos explicando en DATADISTA desde el principio de la pandemia. Aún no sabemos exactamente cuántas personas fallecieron por COVID-19 el 31 de enero, pero de momento la última serie publicada muestra para ese día 126 fallecidos, con una media en los últimos siete días del mes de 138 fallecidos diarios.
Junto con estos retrasos de notificación, otro lío con los datos de fallecidos tiene que ver con la información que las comunidades autónomas publican en sus informes diarios o portales de datos abiertos y los que reportan al Sistema de Vigilancia en España (SiViEs). Algunas comunidades incluyen en sus informes a personas que dieron positivo recientemente o que tenían COVID-19 junto con otras patologías. La Ministra de Sanidad afirmó esta semana que han pedido a las comunidades que depuren los datos que envían a SiViES para reportar exclusivamente a las personas que fallecieron por la enfermedad y no por otras patologías además de ser positivos en COVID-19.
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