PLAYA BURBUJA

Cómo hacer todo tan mal que la Justicia pida la demolición de un edificio de Marina d'Or

Por Ana Tudela y Antonio Delgado

22 de julio de 2017

Se presentó en el Ayuntamiento de Cabanes en el Pleno que debía aprobar el Plan de Actuación Integrada (PAI) de Torre la Sal. Un millón largo de metros cuadrados de terreno para construir 6.600 viviendas en una de las pocas zonas vírgenes junto al mar de la provincia de Castellón. Era mayo. 2003. Días antes de las elecciones municipales. Tiempo de descuento en política. Cuando no debería pasar nada y pasa de todo. A medida que los concejales iban votando se les quedaba mirando fijamente como quien escanea un rostro y lo archiva en algún lugar de la memoria.

El alcalde, Artemio Siurana, del Partido Popular, había asegurado a alguno de sus asesores que su grupo no iba a votar en bloque el proyecto de aquel promotor que tan bien conocían todos, aquel empresario dueño de Marina d’Or, en la vecina Oropesa, a quien protegía el mismísimo Carlos Fabra, todopoderoso entonces desde su asiento de presidente de la Diputación de Castellón. No lo hicieron. De los seis concejales populares solo dos votaron a favor, incluido el alcalde, que declaró que aquella era la mejor opción para los intereses municipales. La sorpresa llegó cuando, uno tras otro, los cinco concejales socialistas fueron diciendo sí a la propuesta de Construcciones Castellón 2000, empresa del grupo Marina d’Or.

La cabeza de lista por el PSOE era María Teresa Sidro. Su hija, Virginia Martí Sidro, encontraría más tarde trabajo en la Ciudad de Vacaciones. Once años estuvo en nómina del grupo Marina D’Or, once años en los que llegó al puesto de jefa de compras de uno de los hoteles del complejo, cargo que compaginó con su entrada en política tras los pasos de su madre, es decir, como concejala socialista en el Ayuntamiento de Cabanes. Hoy Virginia Martí Sidro es la alcaldesa de Cabanes y es quien tiene que solucionar qué hacen con uno de los edificios de aquel PAI aprobado en 2003, que la justicia dice que hay que demoler a pesar de que los 190 apartamentos que lo integran tienen dueño particular. Martí gobierna en coalición con Compromís, que tras las elecciones de 2015 permitió durante un año que gobernase el PP porque no se fiaba de los lazos que la uniesen aún con Marina d’Or. Finalmente le dio su apoyo a cambio de toda una serie de condiciones que incluían que los socialistas no manejarían la Concejalía de Urbanismo, en manos de Compromís, y que ambos partidos se turnarán al frente de la alcaldía.

Lejos queda 2003, aquel gran año para Jesús Ger, el fundador de Marina d'Or. Cuando Naomi Campbell, vestida de rojo por Dolce & Gabbana, cortó la cinta que inauguraba el balneario de agua marina de la Ciudad de Vacaciones, en la vecina Oropesa, junto a un Ger sonriente en su traje blanco. El año en que se dieron los primeros pasos para el proyecto Mundo Ilusión de la Generalitat, alrededor del cual Ger soñó construir el gigantesco Marina d'Or Golf.

Que Martí, hoy alcaldesa de Cabanes, haya trabajado en Marina d’Or no es ni siquiera sorprendente en el caso de un grupo que ha dado trabajo, compartido negocios e invitado a Londres y París con todos los gastos pagados a los concejales de los municipios que le aprobaban los planes urbanísticos, le daban las licencias de edificación y las de ocupación: Cabanes y Oropesa del Mar. La Fiscalía de Castellón archivó sin diligencia alguna las denuncias recibidas al respecto.

Lo curioso es que les sorprenda la orden de demolición de uno de los edificios perteneciente al PAI aprobado en 2003, el Playa Ribera, dado el cúmulo de irregularidades que permitieron su edificación. La decisión, motivada por los recursos sucesivos y la ejecución de sentencia presentados por un ciudadano particular, la firma con fecha 30 de junio de 2017 la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y fue notificada a las partes en los primeros diez días de julio. Tanto el Ayuntamiento de Cabanes como la empresa Comercializadora Mediterránea de Viviendas SA (Comervi, antes llamada Marina d’Or Loger y con la que se fusionó Construcciones Castellón 2000, la adjudicataria del plan) pueden recurrir en un plazo de 30 días hábiles, pueden pedir la suspensión de la ejecución de sentencia y pueden restaurar la legalidad. No es nada fácil tirar un edificio en este país por ilegal que sea, menos cuando se han dado permisos de ocupación y hay personas habitando los edificios, pero de momento hay decisión a favor de demoler, que es mucho más de lo que ocurre en la mayoría de los casos en los que se ven implicados terceros que actuaron de buena fe como son los propietarios. El Ayuntamiento no descarta la posibilidad de que la sentencia se cumpla.

Esta historia es una muestra de lo que puede ocurrir cuando se conceden desde los ayuntamientos licencias de obra sin cumplirse las condiciones puestas al urbanizador, cuando a pesar de los avisos ante los incumplimientos se da la licencia de ocupación pese a que el promotor no tiene acabada la urbanización, cuando se le permite con ello que fuerce a quienes firmaron compromisos privados de compra-venta a cerrar los contratos y quedarse los apartamentos o perder la cantidad aportada, aunque ante sus ojos se extienda un campo de batalla con los restos del estallido de la burbuja, a medio urbanizar, sin los servicios municipales mínimos y tengan, a pesar de todo, que pagar el IBI.

La urbanización de Torre la Sal está paralizada hace años. Tan solo tres edificios de apartamentos de los proyectados se alzan sobre el terreno dando cobijo a un millar de viviendas, frente a las 6.600 que se planificaron. Se levantan desubicados, mastodónticos a las espaldas de las pequeñas casas de pescadores de la orilla de Torre la Sal, la llamada playa de Cabanes, en medio de calles que no van a ningún sitio, parcelas con aceras pero sin edificios, maleza, vegetación silvestre, farolas que incumplen su función cada dos por tres porque los ladrones de cobre han descubierto un chollo en ese laberinto de calles sin ciudad.

Situación del edificio Playa Ribera en Torre la Sal en el municipio de Cabanes (Castellón)
Situación del edificio Playa Ribera en Torre la Sal en el municipio de Cabanes (Castellón) / DATADISTA

Hay problemas de salubridad y de seguridad reconocidos por el Consistorio pero todo lo que se quiere arreglar en el PAI de Torre la Sal pasa antes por los juzgados o por una farragosa negociación entre el promotor y el Ayuntamiento. El equipo de Gobierno actual no reconoce haber recepcionado los edificios, no da por buenas las licencias de ocupación que el propio Consistorio concedió cuando gobernaba Artemio Siurana (PP) y considera que los arreglos y trabajos de limpieza corresponden al urbanizador. La Justicia le ha dado la razón. El grupo Marina d’Or devuelve la pelota a la Administración municipal acusándola de dejadez por no confirmar la prórroga que le permita seguir con la urbanización. Mientras, los compradores de los apartamentos de los únicos tres edificios construidos miran por la ventana a una realidad que nada tiene que ver con la que creyeron firmar cuando hicieron la compra.

TORRE LA SAL Y EL JUEGO DEL DOMINÓ

Cabanes tenía 3.500 habitantes y “un futuro muy prometedor”, dijo su alcalde, Artemio Siurana, con una sonrisa que no le cabía en la cara, cuando se paseó junto a Carlos Fabra por el campo del recién remodelado estadio de fútbol del municipio, en mayo de 2006. Pronto iban a terminarse también las obras del pabellón polideportivo municipal, la remodelación de las piscinas, la restauración de los lavaderos públicos.

El ladrillo y el cemento regaban las arcas municipales y prometían hacerlo aún más porque, anunció el alcalde, estaban a punto de comenzar las obras en el PAI de Torre la Sal y Mundo Ilusión (el verdadero macroplan de Jesús Ger, anulado en 2016 por el Tribunal Supremo, 18 millones de metros cuadrados, la mayoría en Cabanes) les iba a convertir “en centro de atención de mucha gente”. En su momento de gloria, a Siurana se le pasó por alto que avisar del comienzo de las obras de Torre la Sal era anunciar una inminente irregularidad que estaba a punto de cometer el Consistorio y que traería de cabeza a mucha gente una década después. La primera de una sucesión que acabó atrapando a quienes habían puesto su dinero en aquel plan y que ahora puede tumbar uno de sus edificios.

El término municpal de Cabanes (Castellón)
El término municpal de Cabanes (Castellón) / DATADISTA

La Generalitat había sido muy clara en su Declaración de Impacto Medioambiental (DIA) del PAI Torre la Sal en octubre de 2005: la urbanización, antes de iniciarse, debía garantizar “el suministro y la evacuación de aguas”, el más típico dilema al que se enfrenta todo grupo de viviendas de nueva construcción. Para la primera parte, es decir, para que el agua saliese de los grifos y llenase cisternas en cantidad suficiente, a la hora de empezar a urbanizar era necesario que ya estuviese garantizada la autorización y la construcción de una nueva desaladora prevista por el Ministerio de Medio Ambiente, dado que las infraestructuras existentes no bastaban para proveer del caudal que se preveía iban a necesitar los nuevos edificios.

Se dejó abierta la opción a que parte del agua necesaria procediese de la red municipal, siempre que se contase con el certificado de suficiencia de recursos hídricos de la entidad municipal encargada de dar el servicio de agua potable al municipio, Facsa. Para la segunda parte, el saneamiento de las aguas residuales que producen en grandes cantidades los humanos allí donde plantan un edificio, se imponía que se hubiesen ejecutado y finalizado, antes de que entrase una máquina para urbanizar el terreno, las actuaciones del proyecto de saneamiento y depuración de Oropesa-Cabanes.

La buena noticia era que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de Acuamed, tenía previsto licitar la desaladora que se encargaría del suministro, entre otros núcleos, del PAI de Torre la Sal pero que debía dar servicio, sobre todo, al gigante Mundo Ilusión (en referencia al parque temático que quiso levantar Fabra en torno al cual se diseñó el PAI Marina d'Or Golf). La mala, los protagonistas de esta historia no tenían tanta paciencia. En junio de 2006, sin noticias de la licitación de la desaladora, sin tener el suministro de agua garantizado, el Ayuntamiento de Cabanes aprobó la concesión al grupo Marina d’Or de dos licencias de obra mayor para dos edificios de apartamentos en Torre la Sal: el edificio Costamar, con 214 viviendas, zonas comunes y aparcamientos; y el Edificio Mediterráneo, con 246 viviendas y sus correspondientes zonas comunes y aparcamientos.

Hacía ya un año largo que C.B.C. había firmado el contrato con el grupo Marina d'Or para hacerse con uno de los apartamentos de otro edificio, aún sin licencia de obra, el Playa Ribera. 41.000 euros entregó a cuenta, IVA incluido, por un apartamento más plaza de garaje con un precio total de 204.507 euros más IVA. Firmó el contrato de compra-venta, como la mayoría de las familias del PAI Torre la Sal, en el pico de la burbuja.

En agosto de 2006 se iniciaban las obras del Costamar y el Mediterráneo. La Dirección General de Planificación y Ordenación Territorial remitió un escrito al Ayuntamiento de Cabanes advirtiendo de que, en el supuesto de que verificasen que se estaban efectuando las obras denunciadas sin la totalidad de autorizaciones y permisos necesarios, ordenaba “la suspensión inmediata”. Territorio abrió expediente a Cabanes pero no paralizó las obras. Las máquinas siguieron trabajando.

En mayo de 2007, poco antes de las elecciones municipales y a pesar de la claridad del mensaje desde la Generalitat, el Ayuntamiento concedió a Ger otras tres licencias de edificación: una para un edificio de 206 viviendas, otra para un cuarto edificio de 190 viviendas, el Playa Ribera, en el que C.B.C. planeaba tener su apartamento, y licencia para construir 37 viviendas unifamiliares adosadas. Las condiciones previas impuestas por la Generalitat seguían sin estar resueltas.

A finales de junio de 2007, Acuamed hizo pública la convocatoria del contrato para la redacción del proyecto y ejecución de las obras de la planta desaladora para Cabanes y Oropesa. La Administración autonómica mandó el segundo requerimiento al Consistorio. Cuando este llegó al municipio, la licitación de la desaladora ya había sido anunciada y eso sirvió para que la Generalitat, que había llegado a pedir a Cabanes la anulación de las licencias, aceptase que las obras de la desaladora y la urbanización del sector se desarrollasen de forma simultánea. Sirvió para ganar el tiempo suficiente para que los edificios se levantasen.

Y LLEGÓ LA CRISIS

El año de 2007 no iba bien. Las ventas de apartamentos del grupo de Jesús Ger se ralentizaban. Un terremoto llamado hipotecas subprime había sacudido Estados Unidos y el tsunami empezaba a levantar su enorme ola sobre la banca mundial y con ello sobre toda la economía. Se secaba la liquidez, los bancos centrales inyectaban día tras día dinero al sistema pero aquello no había hecho más que empezar. En España, dopada con ladrillo a crédito hasta las cejas, políticos y empresarios silenciaban la crisis mientras iban atándose los machos y el grifo del crédito se empezaba a cerrar.

Faltaba liquidez. Caían las ventas. El anticipo de las licencias de obra le había permitido al Grupo Marina d’Or que estuviesen casi finalizados por entonces tres edificios del PAI Torre la Sal. Pero no había agua. Sin agua no había licencia de ocupación, sin licencia de ocupación no había escritura de compra-venta, sin escritura no había dinero. Construcciones Castellón 2000, la empresa del grupo que había resultado concesionaria del PAI de Torre la Sal, se dirigió a Facsa, proveedor de agua del municipio de Cabanes desde 1975 y con contrato en vigor hasta 2025, para que certificase la existencia de recursos hídricos suficientes como para proveer a los edificios que estaban a punto de finalizarse: Costamar y Mediterráneo.

Facsa alertó al Ayuntamiento en un informe de que no había capacidad suficiente para suministrar agua al nuevo desarrollo de Torre la Sal sin la nueva desaladora. Ger y Siurana cambiaron el paso.

El 27 de septiembre, el secretario del Ayuntamiento de Cabanes miró al alcalde del municipio, Artemio Siurana, y le preguntó si estaba seguro de seguir adelante y aprobar las propuestas presentadas ante el Pleno. Entre ellas iba la adjudicación del servicio de suministro de agua del sector de Torre la Sal a otro proveedor, una UTE (Unión Temporal de Empresas) de nueva creación participada por Sagapyr, compañía del grupo Marina d’Or, con infraestructura en Oropesa.

Se tramitó por vía de urgencia, mediante procedimiento negociado en modalidad de concierto libre. Fue la única oferta que se presentó a la licitación y en ella se adjuntó una autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar para que se diese servicio de forma temporal por un año. Esta autorización había sido solicitada por la propia Marina d’Or. El Ayuntamiento pidió posteriormente autorización, que le fue concedida en un tiempo récord y amplió el plazo a tres años.

Los siete concejales del PP votaron a favor. Los tres socialistas se abstuvieron, argumentando que no tenían información suficiente. Carles Mulet, de Compromís, votó en contra.

Facsa envió un escrito al Ayuntamiento de Cabanes recordando el contrato en vigor que la hacía concesionaria de la gestión del servicio público de abastecimiento de agua de todo el municipio y de que darle parte a otra empresa era completamente irregular.

La Generalitat, por su parte, advirtió al Consistorio en un nuevo requerimiento de que no se cumplían las condiciones establecidas en la aprobación del PAI y, en tanto no se cambiasen esas condiciones, lo que nadie solicitó, debían respetarse. “En ningún caso puede ser recepcionada la urbanización por el Ayuntamiento hasta la completa finalización de las obras y sin que puedan tampoco otorgarse hasta entonces licencias de primera ocupación”, se advirtió.

El cerro de irregularidades en Torre la Sal y sobre todo el aspecto que presentaban los terrenos desaconsejaban abrir la puerta a que el constructor empezase a ejecutar los contratos de compra-venta. Nadie debió habitar los edificios. Sin embargo, se habitaron.

El Ayuntamiento de Cabanes concedió las licencias de ocupación. No lo hizo de forma proactiva sino utilizando el mecanismo del silencio administrativo, por el que si en tres meses no se ha contestado a una petición de concesión de licencia, esta se da de forma automática.

Ger tenía sus licencias.En 2008 consiguió también la del edificio Playa Ribera.

Aunque Marina d’Or contaba con licencia de obras desde septiembre de 2007 para levantar otros dos edificios además de los tres ya construidos, ante la falta de ventas, ese mismo año 2008, pidió una prórroga de 24 meses en las licencias en su poder. Así quedaría Torre la Sal.

En septiembre de ese año había quebrado Lehman Brothers. La banca mundial se cerró como una ostra, por supuesto también la española, que sabía lo que cargaba en sus tripas, y los promotores empezaron a caer en impagos uno tras otro demostrando que el miedo estaba más que justificado.

Construcciones Castellón 2000, la adjudicataria del PAI Torre la Sal perteneciente al grupo Marina d'OR, empezó a exigir a quienes habían firmado años antes los contratos de compraventa que procediesen a escriturar sus correspondientes apartamentos. C.B.C., como otros muchos, se opuso. Con la licencia de ocupación en la mano, Ger denunció a todos los que se oponían a cumplir el contrato y exigió el pago de indemnizaciones por los retrasos. Hubo sentencias dispares.

C.B.C. se llevó una alegría en enero de 2013. Una juez suplente del Juzgado número 2 de Castellón lo vio clarísimo. "Por no haber cumplido las obras de urbanización del sector, por incumplimiento de la normativa protectora de consumidores y usuarios ante la ausencia de información precisa sobre el objeto de la venta al tiempo del contrato, por incumplimiento del contrato respecto a la publicidad", desestimó la demanda de Construcciones Castellón 2000. No es posible, redactó la juez, "obligar al demandado a recibir una vivienda que no puede destinarse a la finalidad de residencia y que carece de los requisitos mínimos de habitabilidad".

Construcciones Castellón 2000 recurrió. Diez meses le duró la alegría a C.B.C. La Audiencia Provincial de Castellón, basándose en el hecho de que el edificio contaba con licencia de ocupación, dedujo que no podía "más que suponer que puede procederse a su disfrute pleno conforme a su destino". En contra de lo establecido por la juez de primera instancia, le pareció que no cabía darle "relevancia al hecho de la ausencia de conclusión de la totalidad de las obras de urbanización del PAI."

C.B.C. no quiso seguir luchando. Ante la sentencia que obligaba a pagar otros 166.228 euros más intereses de demora, decidió pactar con el promotor, perder la cantidad entregada a cuenta y pactar una indemnización adicional de 15.000 euros. Total: 60.000 euros a cambio de dejar atrás aquello. No olvidar. Olvidar no ha olvidado en absoluto. Otros siguieron adelante, otros compraron.

Las licencias de edificación concedidas en 2007 en el PAI Torre la Sal acabaron declaradas nulas por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana un año después, en septiembre de 2014, debido al recurso del mismo ciudadano que ahora ha logrado la demolición. Eso anulaba el papel con membrete sobre el que se levantaba el Playa Ribera ya con 190 familias propietarias de los apartamentos.

La causa no fue solo que no se cumpliesen las condiciones exigidas previamente para el desarrollo del PAI. Además no se había incluido en las licencias ni en los documentos de transmisión de los inmuebles el compromiso que impone el artículo 182 de la Ley urbanística autonómica 16/2005 que impone “no utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de urbanización” y la obligación de que ese compromiso se incluya en las escrituras de transmisión de la propiedad. La sentencia de la Audiencia Provincial no lo había tenido en cuenta.

LOS AVALES SON IRREGULARES Y LO SABÉIS

Las actas de la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de Cabanes, reunida en Pleno el 8 de marzo de 2016, recogen otro problema del municipio para exigir al promotor-urbanizador que subsane los problemas de Torre la Sal. Ese día se trataba una moción para desbloquear la paralización del PAI Torre la Sal presentada por el grupo municipal Units del Poble-Compromís y el grupo socialista. Se instaba a la alcaldía a que, en ejercicio de sus funciones, ordenase a Comervi (antes denominada Marina d’Or Loger hasta que se modificó poco antes de declararse en concurso de acreedores) como adjudicataria de las obras de urbanización del PAI Torre la Sal, procediese a ejecutar los trabajos de mantenimiento y jardinería de los viales y zonas verdes, parques y jardines ya urbanizados y abiertos al uso público así como los viales principales de acceso a la urbanización en el plazo máximo de dos meses.

Transcurridos estos, si la adjudicataria no procedía a ejecutar la orden, se proponía que se procediese, por parte del Ayuntamiento de Cabanes a actuar contra la empresa. Cuando un urbanizador recibe la aprobación de un PAI, debe depositar ante el Ayuntamiento correspondiente unos avales que respondan de las obras a las que se ha comprometido. Es lo que los partidos entonces en la oposición, hoy en el gobierno de Cabanes, le pedían a la alcaldesa que ejecutase para afrontar los gastos de mantenimiento que no asumía el urbanizador. Había un problema y todos lo sabían. Esta es parte de la conversación que recoge el acta de aquel día:

María Dolores Torreblanca (Compromís, hoy concejala de Urbanismo, entonces en la oposición): Debido al estado de abandono y paralización del PAI hay problemas de seguridad y de salubridad. Las zonas verdes crecen de forma descontrolada, las tapas de las arquetas están rotas, hay solares que se han convertido en vertederos, cableado accesible… Estos problemas ya se han puesto de manifiesto por los vecinos y es verdad que el Ayuntamiento ha requerido a la empresa para que los solucione, pero la empresa no hace caso y el Ayuntamiento no toma medidas. (…)

Virginia Martí (PSPV, hoy alcaldesa, entonces en la oposición): Toda la corporación y especialmente el equipo de Gobierno tenemos una responsabilidad con estos vecinos que pagan sus impuestos. El año pasado atropellaron a dos ciclistas por falta de mantenimiento y por suerte no pasó nada, pero si ocurre algo ¿quién asumirá la responsabilidad? Los vecinos se quejan de cuestiones básicas en las que no se les hace caso, como los residuos o el alumbrado público. Solo nos acordamos de esta zona cuando llega Sant Pere y tiene que pasar la procesión. (…)

Estrella Borrás (PP, alcaldesa entonces y hoy investigada por adjudicar contratos a dedo presuntamente fraudulentos): “Se concedieron las licencias de ocupación pero el uso estaba condicionado a que concluyesen las obras de urbanización” (...).

Martí (PSPV): ¿Contra quién deben dirigirse los que compraron las viviendas para exigir el mantenimiento y unos servicios mínimos?

Borrás (alcaldesa): Contra la empresa. Lo que no puede el Ayuntamiento es asumir estos gastos que corresponden a la empresa.

Martí: Que no lo asuma el Ayuntamiento, que se ejecuten los avales. (...)

Borrás: ¿Creéis que esta empresa, que debe 46 millones a Hacienda, nos pagará al Ayuntamiento si ejecutamos de forma subsidiaria las obras? Yo les remití un decreto exigiendo el cumplimiento de la sentencia y han interpuesto un recurso de reposición (...).

Torreblanca: ¿No se pueden realizar las obras y después, cuando se le quite la condición de urbanizador, ejecutar las garantías?

Borrás: No, hay que cumplir una sentencia. (…) Para ejecutar los avales debe resolverse el contrato. (…)

Torreblanca: (…) Tú ya sabes que las garantías son inejecutables y a nosotros no nos lo has dicho ni has hecho nada por solucionarlo.

Borrás: Lo detectamos en 2013 y sí os he informado, en la reunión de septiembre os lo dije. Ese es el principal problema. (…) No digáis que no sabéis lo de los avales irregulares porque lo sabéis.

Al llegar a la alcaldía, Estrella Borrás comprobó que los avales que respondían del PAI Torre la Sal estaban en inglés. Le sorprendió y se los mostró a uno de sus asesores, que le recomendó consultar inmediatamente al Banco de España. El supervisor no reconocía a la entidad financiera como avalista. Una parte importante de las garantías que responden de la urbanización de Torre la Sal no sirve. Se modificaron también en época de Artemio Siurana.

Virginia Martí, la alcaldesa actual de Cabanes, y María Dolores Torreblanca, actual concejala de Urbanismo, parecen haber descubierto que las cosas no son tan sencillas como pedían cuando estaban desde la oposición. La prórroga solicitada por el grupo Marina d'Or sigue sin cerrarse, los avales siguen sin modificarse por unos válidos y ahora llega una ejecución de sentencia que pone en riesgo un edificio habitado. En una entrevista en El Periódico Mediterráneo en junio de 2017, la alcaldesa actual declaraba que el PAI Torre la Sal es “un proyecto paralizado que no se ha entregado al Consistorio”, que está “costando mucho desbloquear la situación” y que le han enviado al urbanizador “varios requerimientos para la limpieza de la urbanización por seguridad y salubridad” y les ha enviado liquidaciones provisionales de los costes de acciones que han sido asumidas por el Ayuntamiento. Marina d’Or exige poder acabar las obras para asumir las obligaciones que le exigen. La solución, con el nuevo Consistorio, sigue sin llegar.

Tras ser consultados en la mañana del miércoles por DATADISTA respecto a la sentencia, el Ayuntamiento pidió tiempo para contestar por la tarde. La respuesta, desde el gabinete de Comunicación, fue en forma de nota de prensa con el siguiente entrecomillado atribuido a la concejala de Urbanismo: “Nos indigna que el pueblo de Cabanes deba asumir los problemas derivados de las decisiones de un gobierno temerario”. Aseguran que están valorando todas las opciones para encontrar “la solución menos traumática para las 190 familias afectadas”, incluido “el recurso de la sentencia, solicitar la suspensión de la ejecución o la posibilidad de legalizar el edificio dando una licencia de obras nueva”. Si el edificio se acaba derribando, recuerdan, “los vecinos de Cabanes deberíamos asumir el pago de una indemnización astronómica debido a la mala praxis de los responsables”.

Desde el departamento de comunicación de Marina d'Or, por su parte, restaron importancia al asunto destacando que el propio tribunal indica en la sentencia que "el Ayuntamiento puede incoar expediente de legalidad urbanística" y recordando que "la promotora solicitó la rehabilitación de la licencia de obras en enero de 2016 sin que el Ayuntamiento la haya tramitado ni aún después de la toma de posesión de la socialista Virginia Martí." Según Marina d'Or, "la legalización es muy sencilla". No comentan nada, sin embargo, sobre el hecho de que el tribunal también considera nulas las licencias de ocupación como consecuencia de la nulidad de las obras, hecho que podría conllevar responsabilidades patrimoniales respecto a los propietarios a los que se obligó a firmar la compra-venta o a indemnizar al promotor debido a la concesión de dichas licencias.

Comervi (antigua Marina d'Or Loger) está en concurso de acreedores desde 2014 y aún no se ha logrado un convenio que ponga de acuerdo a unos y a otros. Una de sus mayores deudas es con Hacienda, lo que ha hecho que aparezca sistemáticamente en los lugares de cabeza de la lista de morosos que anualmente publica el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro.

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