Playa Burbuja: ¿Por qué es importante esta investigación?

En abril de 1998, el mismo mes en que el Gobierno de José María Aznar aprobaba su famosa Ley del Suelo, el Juzgado de Instrucción número 7 de Marbella decidía tramitar una querella vecinal contra el equipo del entonces alcalde, Jesús Gil. Se acusaba al propio Gil y a siete concejales de un delito urbanístico por haber concedido licencia de obras para la construcción de un edificio de doce plantas en primera línea de playa en un suelo en el que sólo estaba permitido levantar dos, invadiendo además para ello una zona verde y viales públicos y ocultando el sol (parece que para siempre) a las viviendas colindantes. Empezaba para ellas un largo proceso. El juicio a los responsables del caso Belmonsa, nombre de la constructora de aquella mole de 112 viviendas, tardó diez años en celebrarse. Para entonces, la burbuja había estallado, Jesús Gil había fallecido y los imputados (entre ellos Julián Muñoz o Juan Antonio Roca, más preocupados a esas alturas por la deriva del caso Malaya) optaron en su mayoría por reconocer los delitos contra la ordenación del territorio a cambio de una reducción de las penas que solicitaba la Fiscalía. El edificio sigue allí.

El gilismo dejó en Marbella licencias para construir más de 38.000 viviendas ilegales que siguen hoy en busca de una amnistía. El último intento para legalizar 16.500 de las más de 20.000 construidas fue anulado por el Supremo. La ciudad malagueña es solo una luciérnaga de corrupción muy llamativa, realimentada por los sucesivos gobiernos corruptos tras Gil y por la macrocausa judicial que siguió, con derivadas que rozaron pero no hirieron a personajes como Sean Connery, y encarcelaron a fenómenos sociales como Isabel Pantoja.

La metástasis del ladrillo invadió toda España. El enorme poder entregado a los gobiernos autonómicos y municipales en materia de urbanismo, la posibilidad de llenar las arcas públicas (y en muchos casos derivar después parte de ese dinero a bolsillos particulares), el poder corruptor de los promotores debido a los enormes volúmenes de dinero que movía el negocio y la evidente falta de control contaminaron la economía del país y envenenaron la costa. En España mandaba el ladrillo. En las tierras del sol y la playa, mandaba más. Ordenaba que los suelos forestales arrasados por las llamas cerca de Benidorm se convirtieran en urbanizables para levantar Terra Mítica; cambiaba la planimetría de un parque natural como el del Cabo de Gata-Níjar con la intención de convertir con una “triquiñuela” (palabra empleada por el Tribunal Supremo) en urbanizable un suelo protegido y alentaba la construcción del Hotel el Algarrobico o permitía a Marina D’Or explotar durante años unas pistas de tenis y pádel instaladas en suelo público sin licencia y sin pagar canon alguno. Desde decisiones de gran calado a otras de consecuencias menores remaron una y otra vez a favor del negocio que alimentaba a tantos y que terminó con el estallido de la burbuja en 2008.

¿QUÉ ES PLAYA BURBUJA?

Es un proyecto de investigación sobre los efectos de la burbuja inmobiliaria en la costa mediterránea y una oportunidad de conservar en imágenes, datos, documentos y también gracias a las voces de los habitantes del litoral la prueba de lo que ocurrió y cómo dejó el paisaje, el medioambiente y las vidas de muchas personas. Una prueba que mostrar también a las generaciones futuras, esperemos que para que sepan que se supo rectificar ese modelo, aunque casi nada hace pensar que no se vaya a continuar con la construcción del muro frente al mar y los daños, muchos ya irreversibles, que provoca. Hemos documentado en un viaje en moto por los 1.670 kilómetros que tiene la costa peninsular mediterránea, más otros 350 kilómetros recorridos en algunas provincias adentrándonos algo más para recoger en un mismo espacio de tiempo el estado del litoral.

¿LA CULPA ES DE LA LEY DEL SUELO?

No sólo. También vino el euro y el crédito barato y unos años malos de bolsa y tipos bajos que hicieron virar la cabeza de los grandes capitales, empezando por bancos y cajas, hacia un activo cuyo precio no paraba de crecer, para acumularlo durante años y contribuir a su encarecimiento. Pero es evidente que la regulación no logró los objetivos que decía tener. El poder dado a los alcaldes ya se vio desde los primeros meses que disparaba el precio del suelo, que llegó a suponer cerca de la mitad del precio de la vivienda en algunas zonas. Algunas conocidas figuras políticas del Partido Popular se encargaron de que así fuera, como la entonces alcaldesa de Málaga Celia Villalobos y su fórmula de sacar con cuentagotas suelo al mercado vendido mediante subasta. No fue la única. Las subastas se extendieron por muchos otros puntos de la geografía. En su caso la peculiaridad reside en que sus decisiones afectaban a una ciudad de la Costa del Sol, uno de los puntos más calientes del boom inmobiliario, una provincia que tiene hoy el 81% de los primeros 500 metros de playa urbanizados y donde el fenómeno de acaparar suelo y los casos de corrupción se cuentan casi por kilómetro de costa y más adentro. Cuando el suelo del litoral se hizo inalcanzable se buscó otra forma de urbanizar a precios de primera línea de playa: los campos de golf. Los problemas de abastecimiento de agua, el uso de embalses subterráneos para el riego y los riesgos de su agotamiento no impidieron que Málaga se convirtiese en la provincia con más campos de golf de Europa. A su lado podía construirse una urbanización y cobrar a precio de unas vistas al mar. Así era España. Un país guiado por el ladrillo. La ubicación de un aeropuerto, la de un parque de ocio, el diseño de una carretera dependían de dónde pudiera colocarse una grúa para seguir levantando viviendas, aunque la demanda fuera especulativa en un porcentaje cada vez mayor, aunque nunca se vendieran más de 415.000 viviendas nuevas en un año y se iniciaran en algún ejercicio más de 760.000. El efecto en la costa fue devastador.

En este mapa de calor puedes ver la concentración de campos de golf en el litoral Mediterráneo. Málaga, Murcia, Alicante y Barcelona, acumulan la mayor concentración de este tipo de instalaciones.

PERO EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA TENÍA POR ENCIMA A LA JUNTA DE ANDALUCÍA, GOBERNADA POR EL PSOE.

Sí y mano actora en no pocas ocasiones de unas cuantas aberraciones urbanísticas. La Junta llegó a quitar competencias en materia de urbanismo a ayuntamientos que se empeñaban en saltarse sus propios planes de ordenación pero al mismo tiempo no tenía empacho en impulsar proyectos que el tiempo acabaría declarando ilegales. El caso del Algarrobico es el más evidente. La Junta subvencionó, vendió parte de los terrenos y permitió que Carboneras, 28 años con un alcalde socialista, diese vía libre a la construcción del hotel. Y cuando se declaró ilegal definitivamente por el Supremo en 2016 aún no se habían depurado responsabilidades sobre quién cambió sin proceso de aprobación alguno la planimetría de 1994 del Parque o por qué en las escrituras de compra-venta de los terrenos se dijo expresamente que no pertenecían a ningún área protegida del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar.

¿QUÉ NIVEL DE DEGRADACIÓN HA SUFRIDO EL MEDIOAMBIENTE EN LA COSTA?

Lo que estamos viendo es en algunos puntos bastante alarmante pero lo más importante es que ni los expertos anticipan correctamente cuándo la naturaleza hace crac. Las investigaciones del Instituto Oceanográfico en La Manga del Mar Menor en 2014 no fueron capaces de anticipar que dos años después habría desaparecido el 85% de la pradera marina, convirtiendo el Mar Menor en una sopa verde cuya recuperación ahora es incierta. Es verdad que el principal causante de este desastre es el modelo agrícola de la región pero el otro gran factor de degradación son los efectos del urbanismo y en concreto de las viviendas vacacionales. Ahora el gobierno de la Región de Murcia ha presupuestado 21 millones de euros para 2017 para recuperar el Mar Menor, frente a los tres millones de 2016, cuando hace más de una década que se está advirtiendo del riesgo.

LA BURBUJA ESTALLÓ EN 2008. ¿POR QUÉ AHORA?

Hay dos razones. La primera y más importante es que, a principios del pasado año, en el marco de otro trabajo, contactamos con concejales de urbanismo de varios municipios de Castellón. En conversaciones con ellos empezaron a hablar de entidades financieras que pedían ayuda a los consistorios para recuperar edificios que habían abandonado durante años y habían sido ocupados y que ahora creían poder comercializar porque volvía la demanda, o de planes de urbanismo sacados de los cajones en los que habían quedado durante la crisis. Decidimos tantear otros puntos de la costa para saber lo extendido del fenómeno y descubrimos que el sector estaba en una silenciosa ebullición. Se hablaba ya de derribar edificios a medio construir pero también terminados para volver a edificar conforme a los nuevos gustos de la demanda, empezaban a volver algunas grúas al horizonte.

Hoy aquellas conversaciones las repiten en voz alta los representantes de las agrupaciones del sector pero ya en ese momento nos dimos cuenta de que el paisaje que hemos visto quienes viajamos por el Mediterráneo durante los años de crisis estaba a punto de cambiar. Antes de que eso ocurriese, había que captar a tiempo la imagen. Pero la imagen sola no es más que un álbum, había que investigar también lo que hay detrás.

La segunda razón es que entre 2017 y 2018 se cumplen veinte años de diversos hitos. El primero es la sentencia del 20 de marzo de 1997 del Tribunal Constitucional que limitó enormemente la capacidad de la administración central de ordenar el urbanismo frente a la competencia atribuida por la Constitución a las autonomías. El segundo es la Ley de Liberalización del Suelo del 14 de abril también de 1997 que el Gobierno de Aznar ya llamó de primeras medidas para liberalizar el suelo y que redujo plazos y amplió el poder de los alcaldes para tener aún más iniciativa en el plano urbanístico. Justo un año menos un día después se aprobaba la Ley del Suelo de 1998, la que convirtió en urbanizable todo el suelo no urbano salvo que existiese una calificación expresa en contra.

El objetivo, se dijo, era sacar tanto suelo al mercado que bajase el precio de la vivienda, pero con el texto legal ya aprobado por el Congreso, el Partido Popular estatal tropezó con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que estaba en manos de los populares. Sus alcaldes y gobiernos autonómicos no estaban dispuestos a perder su poder sobre el ritmo y modo de convertir el suelo de sus municipios en urbanizable. Y el PP central lo modificó. Las enmiendas en el paso de la ley por el Senado fijaron que los ayuntamientos decidirían en última instancia sobre el suelo y además se introdujo en la norma nacional la figura del agente urbanizador, un invento de la época del socialista Joan Lerma en la Generalitat Valenciana, muy criticado por atentar contra los principios de la propiedad privada, que permitía a cualquier persona promover la transformación de un suelo en urbanizable aunque no fuese propietario ni de un metro cuadrado. Con los populares en el gobierno autonómico de Valencia, aquella ley socialista que quería sacar al mercado el suelo de los grandes terratenientes para que no especulasen con él, se transformó en un modo de presión a pequeños propietarios que se veían abocados a vender al precio que les dijeran o afrontar las cargas de urbanización acordes con la tierra de la que fueran propietarios. Esa ley hizo algunos multimillonarios como Enrique Bañuelos, el fundador de Astroc, considerado un bróker, un mediador más que un promotor de vivienda porque lo suyo fue especializarse en negociar con los ayuntamientos la transformación a urbanizables de terrenos en los que no poseía tierra ni para una maceta, adquirirlos a sus dueños y luego venderlos con jugosos beneficios.

¿VUELVE EL LADRILLO?

El repunte del ladrillo, pese a seguir en niveles mínimos, es un hecho. El número de visados de edificación ha vuelto a superar al de las viviendas terminadas, algo que no ocurría desde que estalló la crisis, suben los precios y vuelve el crédito incluso para financiar una parte cada vez mayor de suelo (hace dos años la banca se negaba a apostar ni un euro a esa parte de la promoción). Hay iniciativas autonómicas para revertir suelo de urbanizable a rústico pero el país no ha encontrado (ni buscado) otro modelo económico lo que ya está provocando una importante oposición a esas iniciativas. Con los conflictos del norte de África derivando hacia España millones de turistas, lo que ha hecho que se marquen cifras récord de viajeros extranjeros en el país en 2016, y con el paro aún en niveles tan altos, la tentación es demasiado grande.

¿EN QUÉ PUNTO DE LA INVESTIGACIÓN ESTÁIS AHORA?

Una vez localizados los cadáveres de edificios sin terminar y sin demoler, los edificios vandalizados, los campos de golf huérfanos de la urbanización para la que nacieron, los desastres medioambientales o las grandes aberraciones estamos viajando a puntos de la costa que necesitan días de permanencia para pedir documentación, para hablar con sus habitantes y conocer la historia de sus poblaciones. Además estamos analizando las cuentas y cambios de propiedad en el registro de las empresas y particulares protagonistas de la historia de la costa.

Sin haber pasado unos días en Carboneras hablando con muchos de sus habitantes, representantes políticos y sociales no habríamos descubierto quién tiró la bengala a las terrazas del Algarrobico donde dormían los activistas de Greenpeace ni lo que piensa ahora esa persona de por qué actuó así y del propio hotel, ni quién estuvo detrás de aquella huelga tan mediática en defensa de la reanudación de las obras. Si no hubiéramos estado en Benicarló o Vinaroz no habríamos conocido las historias de trabajadores de la otrora pujante y centenaria industria del mueble de Castellón cuando el estallido de la burbuja arrasó a la mayoría de las empresas y dejó meses sin sueldo a quienes conservaron su trabajo, provocando que algunos tuviesen que acudir a alimentarse al comedor social a pesar de tener empleo. Y si no hubiésemos estado en Villaricos no habríamos conocido al dueño del restaurante del Puerto, que se pasea entre los clientes con una langosta viva en la mano y la deja sobre tu mesa para tomar las comandas, obliga a reservar mesas como si la crisis no tuviese todavía el cartel de Se Vende en un edificio tras otro y te ofrece a voz en grito una ración de ‘follaores’. Hay que conocer el entorno porque eso también es la historia de la costa. Nuestro viaje quiere que cuando alguien visite a partir de ahora la costa la vea como nunca la había visto.